Seis países europeos presionan a la CE para que apruebe una 'ecotasa' sobre emisiones de CO2

Seis países europeos (Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda y Dinamarca) manifestaron ayer su negativa a ratificar la Convención de Río sobre cambio climático mientras, la Comunidad no apruebe una tasa ecológica que grave las emisiones de CO2. Los seis socios europeos realizaron esta declaración después de que el Consejo de Ministros de Medio Ambiente hubiera aprobado un sistema de vigilancia de las emisiones de CO2, algo imprescindible para la futura implantación del impuesto, aunque sin conseguir avanzar un ápice en la creación de este impuesto verde europeo.

El argumento de ...

Seis países europeos (Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda y Dinamarca) manifestaron ayer su negativa a ratificar la Convención de Río sobre cambio climático mientras, la Comunidad no apruebe una tasa ecológica que grave las emisiones de CO2. Los seis socios europeos realizaron esta declaración después de que el Consejo de Ministros de Medio Ambiente hubiera aprobado un sistema de vigilancia de las emisiones de CO2, algo imprescindible para la futura implantación del impuesto, aunque sin conseguir avanzar un ápice en la creación de este impuesto verde europeo.

El argumento de los seis países ecológistas es que el objetivo de Río de Janeiro de estabilizar las emisiones de C02 no se conseguirá sin una fiscalidad ecológica que castigue la contaminación atmosférica y sirva para financiar planes de recuperación del medio ambiente. La convención tiene como objetivo frenar el efecto de cambio climático producido por las emisiones de C02 Y otros gases y fue firmada inicialmente por la CE y los Estados miembros en junio de 1992.Anteriormente, ya en octubre de 1990, los Doce acordaron estabilizar las emisiones de C02 para que en el año 2000 se conservaran los mismos niveles que en aquella fecha. La Convención de Río entrará en vigor tres meses después de que su signatario número 50 lo haga, por lo que un retraso por parte de los Doce puede convertirse en decisivo para el propio acuerdo.

El ministro español de Transportes y Medio Ambiente, José Borrell, aseguró que España no se opone rotundamente ni por principio a la ecotasa. "Nosotros deseábamos que se entrara en este debate sobre cómo utilizar los elementos fiscales para conseguir objetivos medioambientales", aseguró.

Reservas españolas

Borrell siguió insistiendo, sin embargo, en las reservas ya expresadas por España respecto a este tipo de fiscalidad, como que estos impuestos deben imponerse de forma coordinada en todos los países industrializados. Manifestó también que la fiscalidad propuesta por la Administración de Bill Clinton es todavía muy baja en comparación con los niveles fiscales europeos y aseguró que Japón debe también sumarse a la iniciativa.

El ministro español dejó translucir su escepticismo sobre la eficacia del impuesto verde, sin cerrar el camino a una adhesión española a su creación en caso de que se consolide en los próximos meses. Borrell reiteró que son los "grandes contaminadores" quienes deben reducir los niveles de emisión y no los países que se hallan todavía lejos y necesitan seguir creciendo industrialmente. Los dos países más contaminadores de la CE (Alemania y Dinamarca, que ostenta actualmente la presidencia de la CE) forman parte precisamente del grupo de los ecológistas que desean implantar el impuesto verde.

Las evaluaciones realizadas hasta ahora por la Comisión Europea, previas a la instalación del sistema de vigilancia aprobado el lunes por la tarde, consideran que hay tres países que deben reducir drásticamente sus emisiones (Bélgica en un 5%, Dinamarca en un 20% y Alemania en un 25%). Tres países más deben estabilizarse en sus niveles actuales (Francia, Italia y Luxemburgo), y los restantes pueden aumentar sus emisiones para situarse en un mayor nivel de desarrollo industrial (Portugal entre el 30% y el 40% más, Grecia y España en un 25% e Irlanda en un 20%). Con esta evolución, la CE no llegaría a cumplir los objetivos de estabilización en los niveles de 1990, sino que quedarían superados en un 3%.

Sistema de vigilancia

La Comisión considera que muy fácilmente se puede desbordar este objetivo y alcanzar hasta un aumento del 15% de las emisiones, y de ahí su posición en favor del impuesto. La aprobación del sistema de vigilancia proporciona al máximo organismo comunitario la posibilidad de controlar la evolución de cada Estado miembro, con evaluaciones anuales del cumplimiento global del objetivo, e incluso de proponer correcciones, equivalentes a un rapapolvo, en el momento en que se produzcan desviaciones.

Los Estados seguirán conservando, sin embargo, plena facultad de decisión sobre la materia, de forma que las votaciones exigirán la unanimidad de los Doce. El ministro español se manifestó satisfecho del sistema de vigilancia aprobado, "pues se trata de estabilizar las emisiones globalmente y no país por país, que es lo que no conviene a países como España, que contaminan muy poco en comparación con los grandes contamindores".