Un censo muy sobado

"Estoy moralmente seguro de que estos datos no han salido de nuestros cuestionarios de población", dijo ayer Juan Berrio, subdirector de Censos Generales, del Instituto Nacional de Estadística, en relación con la supuesta venta de censos de cinco capitales. Berrio sugirió que podría tratarse de datos del padrón, de' competencia municipal, "ya que en los censos no se graban nombres y apellidos".Julián Marcelo, miembro de la Comisión de Libertades e Informática y ex concejal del ayuntamiento de Valencia, opina, sin embargo, que el hecho de que censo y del padrón se elaboren simultáneamente permi...

"Estoy moralmente seguro de que estos datos no han salido de nuestros cuestionarios de población", dijo ayer Juan Berrio, subdirector de Censos Generales, del Instituto Nacional de Estadística, en relación con la supuesta venta de censos de cinco capitales. Berrio sugirió que podría tratarse de datos del padrón, de' competencia municipal, "ya que en los censos no se graban nombres y apellidos".Julián Marcelo, miembro de la Comisión de Libertades e Informática y ex concejal del ayuntamiento de Valencia, opina, sin embargo, que el hecho de que censo y del padrón se elaboren simultáneamente permitiría "que datos recogidos para unas cosas se transfieran a otras".

En relación con el comercio posterior de esta información entiende que no hay que recurrir a grandes redes de funcionarios. "Como el Instituto Nacional del Estadística y los ayuntamientos no tienen capacidad para informatizar estos datos, subcontratan a otras empresas para que lo hagan. Se supone que están sujetas al secreto informático, pero esto, no lo controla nadie", afirma Marcelo. Berrio niega esta posibilidad, asegurando que existe un control sobre los contratos de confidencialidad.

Muchas empresas de márketing directo reciben de sus "suministradores" datos semejantes a los incluídos en el censo de población, cruzados con otro tipo de información pública, aunque nadie se atreve a definir su procedencia.

Abiertamente lo hizo en 1982 la empresa Publigés, propiedad de Joaquín González López -en prisión por traficar supuestamente con datos informáticos-, para dos campañas de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). "Eran dos campañas de 100.000 y 150.000 suscriptores y nos dijeron que se harían a partir de datos públicos del censo", admite José María Múgica, de la OCU.

En España existen cada vez más empresas dedicadas exclusivamente a la elaboración de campañas de promoción o venta directa por encargo de otras compañías. La Asociación Española de Marketing directo tiene asociadas 26 empresas de este tipo que, según su gerente, Elena Gómez, obtienen información "mediante el cruce de ficheros de dominio público como las listas de abonados de Telefónica, los colegios profesionales, clubes deportivos o universidades".