El Tribunal de Extremadura confirma la expropiación de fincas de la duquesa de Alba

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha considerado conforme a derecho, y, por tanto, da la razón a la Junta de Extremadura, en las expropiaciones de las fincas Cabra Alta y Cabra Baja, pertenecientes ambas a Cayetana Fitz James Stuart de Silva, duquesa de Alba.

Desde que en 1986 el Gobierno autónomo inició la reforma agraria esta es la primera ocasión en que el Tribunal justifica el interés legal de una expropiación.Las fincas, situadas en Villanueva del Fresno (Badajoz), fueron expropiadas por la Junta de Extremadura el 6 de febrero...

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha considerado conforme a derecho, y, por tanto, da la razón a la Junta de Extremadura, en las expropiaciones de las fincas Cabra Alta y Cabra Baja, pertenecientes ambas a Cayetana Fitz James Stuart de Silva, duquesa de Alba.

Desde que en 1986 el Gobierno autónomo inició la reforma agraria esta es la primera ocasión en que el Tribunal justifica el interés legal de una expropiación.Las fincas, situadas en Villanueva del Fresno (Badajoz), fueron expropiadas por la Junta de Extremadura el 6 de febrero de 1990 en aplicación de la Ley de la Reforma y el Desarrollo Agrario. Ambas dehesas, de unas 3.200 hectáreas, eran explotadas desde 1933 por 374 colonos de Zahínos. El Gobierno autónomo estimó que existía "un grave problema social de carácter no circunstancial" ya que los arrendatarios, casi la mitad de la población, estaban en evidente "inseguridad". Como propietarios de ambas fincas aparecían Cayetana Fitz Jarnes Stuart de Silva, a título particular, y la propia Fundación Casa de Alba, que recurríeron ante los tribunales llegando a plantear una "cuestión de inconstitucionalidad".

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, que preside José María Crespo, muy criticado por el Gobierno autónomo, desestima el recurso presentado por la Casa de Alba. Según la sentencia, las expropiaciones "tienen un marcado sentido social" ya que pretenden "resolver una situación de incertidumbre colectiva en el uso y explotación de una finca", y llega a afirmar que de ese sentido social "es también partícipe la propietaria", aunque "no comparta la modalidad expropiatoria elegida para solucionar el conflicto".