El Tribunal Vasco de Cuentas detalla la existencia de 2.503 tragaperras ilegales

El informe elaborado por el Tribunal Vasco de Cuentas sobre las máquinas tragaperras instaladas en la comunidad autónoma ha puesto de manifiesto la existencia de 2.503 máquinas de ese tipo ilegales y de un caos administrativo absoluto. Ningún expediente de las empresas explotadoras que han sido analizadas -un 10% del total, escogidas de forma aleatoria- tenía el permiso de explotación provisional concedido por la Dirección de Juego del Gobierno vasco.

El informe, realizado a instancias del Parlamento vasco, confirma la existencia de un importante número de máquinas tragaperras tipo B -c...

El informe elaborado por el Tribunal Vasco de Cuentas sobre las máquinas tragaperras instaladas en la comunidad autónoma ha puesto de manifiesto la existencia de 2.503 máquinas de ese tipo ilegales y de un caos administrativo absoluto. Ningún expediente de las empresas explotadoras que han sido analizadas -un 10% del total, escogidas de forma aleatoria- tenía el permiso de explotación provisional concedido por la Dirección de Juego del Gobierno vasco.

El informe, realizado a instancias del Parlamento vasco, confirma la existencia de un importante número de máquinas tragaperras tipo B -con premio- en situación ilegal en la comunidad autónoma vasca, tal y como denunció en su día Eusko Alkartasuna. Los votos del PNV y del PSOE frustraron en abril del año pasado que se crease una comisión de investigación que había pedido la oposición.Las conclusiones del Tribunal Vasco de Cuentas se hicieron públicas ayer, un año después de que 157 personas constituídas en acción popular, un sindicato de la Ertzaintza (policía autonómica) y Eusko Alkartasuna presentasen ante los tribunales una querella por presunta prevaricación contra el entonces director de Juego, Joaquín Portundo, destituido la pasada semana.

Las conclusiones del informe ponen de manifiesto la existencia de 2.503 máquinas que han escapado al control de la administración vasca, una descoordinación total entre la dirección de Juego y las haciendas forales, encargadas de recaudar las tasas, y el incumplimiento casi sistemático de los depósitos de las fianzas previas a la concesión de la licencia.

Los permisos concedidos por el Gobierno vasco hasta el 31 de diciembre de 1.989 eran 16.255, mientras que el número de máquinas que liquidaron su tasa fiscal a las haciendas forales hasta el 19 de noviembre de 1.985, fecha tope que establece el decreto regulador de julio de 1:985, eran 13.752. Ninguna licencia nueva pudo concederse desde que entró en vigor dicho decreto. El Tribunal Vasco de Cuentas asegura que de haberse producido la más mínima coordinación entre las haciendas vasca y foral se hubiese evitado esa situación.

Todos los grupos políticos han coincidido en la calidad de un informe que sus propios autores reconocen haber realizado con ciertas limitaciones y con problemas, al no existir ningún archivo organizado en la Dirección de Juego. El portavoz de Eusko Alkartasuna, Juan Porres, ha subrayado que el estudio ratifica que la denuncia realizada por su grupo estaba fundada, y pone de manifiesto que no ha existido política de juego en materia de tragaperras.

Para el Partido Socialista de Euskadi el fraude fiscal ha sido un hecho. Su portavoz, José Antonio Maturana, ha exigido que el Gobierno vasco revise todos los permisos de explotación de máquinas tragaperras que están operando en la comunidad autónoma. Euskadiko Ezkerra mostró su confianza en que el Gobierno pondrá los medios oportunos para controlar el juego a partir de ahora.

El portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Juan María Ollora declaró que se puede concluir que ha desaparecido el fantasma del gran fraude y del enriquecimiento partidista. "El potencial fraude", dijo, "sólo es de 194 millones de pesetas".