Jornaleros de Pinos Puente mantendrán el encierro hasta analizar el PER para 1991
Los concejales de Izquierda Unida (IU) y jornaleros de Pinos Puente (Granada) continúan encerrados en las dependencias del Ayuntamiento, a pesar de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado viernes los presupuestos del Plan de Empleo Rural (PER) para 1991. El portavoz de los encerrados, Juan Agudo, declaró ayer que no depondrán su actitud hasta que no analicen "con detenimiento" la propuesta del Gobierno.
Agudo señaló que los medios de comunicación han publicado cifras contradictorias de los fondos del PER para este año, por lo que aguardarán a su publicación en el Boletín Ofic...
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Los concejales de Izquierda Unida (IU) y jornaleros de Pinos Puente (Granada) continúan encerrados en las dependencias del Ayuntamiento, a pesar de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado viernes los presupuestos del Plan de Empleo Rural (PER) para 1991. El portavoz de los encerrados, Juan Agudo, declaró ayer que no depondrán su actitud hasta que no analicen "con detenimiento" la propuesta del Gobierno.
Agudo señaló que los medios de comunicación han publicado cifras contradictorias de los fondos del PER para este año, por lo que aguardarán a su publicación en el Boletín Oficial del Estado para "tener un conocimiento exacto del presupuesto". Los ediles tenían prevista ayer una reunión con el diputado de IU Baltasar Garzón para recibir una información "fidedigna" de lo acordado por el Gobierno.El encierro de Pinos Puente se prolonga desde el pasado 14 de diciembre. En aquella fecha, unos 200 jornaleros y los concejales de IU adoptaron esta medida como protesta por la paralización de las firmas de peonadas del PER, como consecuencia de las investigaciones abiertas por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por un presunto fraude en el subsidio agrario. Desde entonces, el número de encerrados ha sufrido notables oscilaciones.
Los ediles de IU han elaborado una plataforma reivindicativa cuyos dos principales puntos son la asignación de unos 600 millones de pesetas con cargo a los fondos del PER para 1991 o que, en su defecto, los braceros puedan cobrar el subsidio con las peonadas que hayan trabajado hasta ahora, en lugar de las 60 que exige la ley.
Los braceros solicitaron en el mes de diciembre una entrevista con el gobernador civil de Granada, Gerardo Entrena, para pedir su mediación en el conflicto y que diese traslado al Gobierno de sus demandas. La negativa de Entrena a esta reunión, alegando "falta de representatividad" de los encerrados, desencadenó la petición de dimisión del gobernador por parte de IU.
Los jornaleros amenazaron con iniciar "acciones violentas" si no eran recibidos por Entrena, y el propio Baltasar Garzón acusó a éste de mantener "una actitud antidemocrática". El 7 de enero se sumaron al encierro los altos cargos de IU de Granada, entre los que figuraban el secretario provincial del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Antonio Bruz; el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Granada, Rafael Pedrajas; la coordinadora de la coalición en Granada, Elia Sevilla; y el mismo Baltasar Garzón.
Finalmente, el gobernador recibió a los representantes políticos de Pinos Puente el pasado 8 de enero. Aunque no se alcanzaron acuerdos en la reunión, Entrena se comprometió a elevar al Gobierno las peticiones de los braceros, y este encuentro supuso el inicio de una vía de diálogo.
El pasado día 14, el gobernador volvía a celebrar un encuentro con los representantes municipales, en el que se analizó con detalle la situación de cada uno de los jornaleros y sus posibilidades de cobrar el subsidio. En esta entrevista se decidió dar preferencia en la contratación con cargo a los fondos del PER a los trabajadores con cargas familares y a los que les resten escasas peonadas para alcanzar las 60, para que puedan acceder al subsidio de desempleo.
Estos acuerdos han sido considerados "insuficientes" por los encerrados, que insisten en su demanda de más fondos para el PER y de inversiones que permitan dar empleo a todos los trabajadores. El diputado de IU-CA, Antonio Romero, calificó las medidas de "insatisfactorias e insuficientes" y añadió que "no van a paralizar" el ánimo reivindicativo de los jornaleros.
La solución puede llegar en los próximos días, una vez estudiadas las nuevas asignaciones.
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