A vueltas con el aborto

El autor critica tanto la actitud de los sectores conservadores como la posición pusilánime del Gobierno ante el problema social que plantea la interrupción del embarazo y propone la elaboración de una nueva ley progresista y socialmente justa.

De siempre en el tema del aborto la realidad social ha caminado por delante de la realidad jurídica. Ese retraso de las medidas le gales con respecto a la realidad es lo que permite que ocurran hechos como el reciente juicio por aborto celebrado en Málaga y que, sorprendentemente, se ha saldado, entre otras, con una pena de prisión, de siete años...

El autor critica tanto la actitud de los sectores conservadores como la posición pusilánime del Gobierno ante el problema social que plantea la interrupción del embarazo y propone la elaboración de una nueva ley progresista y socialmente justa.

De siempre en el tema del aborto la realidad social ha caminado por delante de la realidad jurídica. Ese retraso de las medidas le gales con respecto a la realidad es lo que permite que ocurran hechos como el reciente juicio por aborto celebrado en Málaga y que, sorprendentemente, se ha saldado, entre otras, con una pena de prisión, de siete años para el ginecólogo que sentó la indicación de interrupción del embarazo. Es, por tanto, un tema recurrente sobre el que se ha escrito mucho. Hace ya tiempo que, desde distintos sectores sociales, se viene instando al Gobierno para que otorgue carta de naturaleza a esta realidad que desborda los estrechos márgenes de una modificación del Código Penal, que nació con ánimo de no crispar a la derecha política y social de este país, y permitir una salida a muchas mujeres que hasta entonces tenían que abortar fuera o hacerlo de manera clandestina en condiciones deplorables.Todos sabemos que los supuestos sobre los que se basa la interrupción del embarazo resultan coercitivos, pero que se utilizan de manera amplia para dar salida a una demanda social importante, que estaría claramente discriminada si el conjunto de la sociedad no comprendiera, en este caso más que en muchos otros, que "hecha la ley, hecha la trampa". Así, con un mecanismo de andar por casa, la sociedad imparte la justicia social que el Estado es incapaz de impartir por su actitud pusilánime.

Pero se nos plantea entonces una situación viciada, ya que se favorece la actitud conservadora e intolerante de ciertos jueces y fiscales que utilizan la ambigüedad de la ley para estigmatizar y condenar a personas que se han atrevido a transgredir sus prejuicios mentales y morales y la de los sectores sociales más conservadores, que utilizan el aborto como arma política de ataque y limitación de las libertades democráticas.

Una nueva ley

Actualmente hay seis comunidades autónomas (Navarra, Murcia, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura) donde ejercer el derecho al aborto, aún dentro de la ley actual, es prácticamente imposible, y los profesionales sanitarios progresistas han abandonado cualquier actitud beligerante para transformar esta realidad.

Pienso que el Gobierno debería abordar la solución definitiva de este problema poniendo fecha límite para la nueva ley del aborto y buscar el consenso necesario, político y social, para conseguir eficazmente este objetivo. Esta ley debería recoger una serie de premisas esenciales para que fuera una ley progresista y socialmente justa:

- El aborto debe ser contemplado como un derecho democrático de nuestra sociedad y, por tanto, la decisión sobre él debe quedar plenamente en manos de las mujeres, que son las únicas interesadas y las que van a sufrir en su cuerpo un procedimiento cruento y nada gratificante. El periodo de tiempo para practicarlo debe ser amplio y generoso, equiparable al que existe en las legislaciones europeas más avanzadas.

- El coste del proceso debe correr a cargo de la Seguridad Social, ya que es lógico que sean las mujeres con menos recursos económicos las que más lo precisen, porque en este caso coinciden menores recursos con menor acceso a la información y educación sexual y sanitaria. La Administración debe poner los mecanismos para asegurar su realización en el servicio público, regulando de manera estricta la cláusula de conciencia, legítima en muchos profesionales, pero que sirve también de excusa para encubrir boicoteo ideológico en la sanidad pública.

La Administración sanitaria debe desarrollar una política intersectorial que permita una educación sexual adecuada que reduzca la incidencia del aborto y una mejor utilización de métodos anticonceptivos.

Nuestra posición, la de muchos profesionales de la salud y ciudadanos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, es mucho más consecuente con una visión de Justicia social, democrática y de defensa de la equidad en las acciones de salud, que la de aquellos que defendiendo el derecho a la vida del no nacido, abogan por soluciones reaccionarias para tratar la marginalidad o se quedan indiferentes ante desigualdades sociales que condicionan la salud y la vida.

es médico y presidente de la Asociación Ciudadana en Defensa de la Salud del País Valenciano.