Tribuna:LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Textil, una mesa con tres patas

La industria del textil y de la confección es una de las más antiguas y tradicionales de España. En la actualidad representa el 11,4% del empleo industrial y el 7,3% del producto industrial. Tiene particularidades propias que exigen un análisis diferenciado de su real situación en el contexto general de la economía española; es fundamentalmente un sector de pequeña y mediana empresa, donde cerca del 30% de la producción se basa en la economía sumergida.En pocos años se ha visto abocada a pasar de un mercado interno protegido a un mercado libre sin aranceles proteccionistas. A ello debe agregar...

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La industria del textil y de la confección es una de las más antiguas y tradicionales de España. En la actualidad representa el 11,4% del empleo industrial y el 7,3% del producto industrial. Tiene particularidades propias que exigen un análisis diferenciado de su real situación en el contexto general de la economía española; es fundamentalmente un sector de pequeña y mediana empresa, donde cerca del 30% de la producción se basa en la economía sumergida.En pocos años se ha visto abocada a pasar de un mercado interno protegido a un mercado libre sin aranceles proteccionistas. A ello debe agregarse que el 31 de julio de 1991 expira el acuerdo multifibras, con lo cual a la competencia europea habrá que añadir la de los terceros países.

En el año 1993 deberá incorporarse al mercado único europeo, lo que coloca a las empresas textiles españolas frente a urgentes retos de adaptación tanto en el aspecto industrial como en el tecnológico, el comercial y en el campo de las relaciones laborales.

Proceso de modernización

Es cierto que el proceso de modernización recibió un fuerte impulso con el Plan de Reconversión Textil, pero, sin embargo, ha quedado inconcluso, ya que todavía no se han alcanzado los niveles de competitividad que permitan afrontar con tranquilidad los desafíos antes indicados.

Ante esa situación, a la Unión General de Trabajadores (UGT) se le planteaban dos alternativas posibles: dejar librada la vida de las empresas a su suerte, con el consiguiente riesgo de perder miles de puestos de trabajo, o plantear una acción concertada de los interlocutores sociales con la Administración para adoptar las medidas que permitan mejorar la competitividad de las empresas y aseguren la viabilidad del sector.

Elegido el camino del consenso en busca de soluciones participativas, le cupo a UGT la responsabilidad de asumir la iniciativa, del mismo modo que lo hizo en 1979 con la unificación del convenio colectivo, en 1981 con la reconversión textil y recientemente, en 1988, incorporando al convenio la ordenanza laboral.

A partir de esa iniciativa se promovieron reuniones bilaterales y tripartitas, donde se abordó la situación del sector hasta lograr finalmente la convocatoria de una mesa tripartita, auspiciada por el Ministerio de Industria, con la participación de las centrales sindicales más representativas, Intertextil y la Administración.

Esa mesa debe elaborar un programa de medidas de adaptación competitiva de la industria textil sobre la base de unas premisas básicas propuestas por UGT y aceptadas por el empresariado:

1. Asumir que la competitividad del sector no puede basarse en la moderación salarial, sino que habrá que incidir sobre otros factores tales como el fomento de las exportaciones, el mejoramiento del producto (diseño, moda, calidad, servicio, etcétera), introducción de nuevas técnicas y tecnología moderna.

2. Reconocimiento de las fluctuaciones del mercado textil, al mismo tiempo que se renuncia a calificar al sector como industria de temporada.

El papel de los sindicatos

3. Admitir el papel esencial de los sindicatos, asegurando su participación activa tanto en la elaboración del programa como en la puesta en marcha y seguimiento de las medidas.

4. Garantizar el mayor porcentaje de empleo estable y el cumplimiento de los derechos laborales.

S. Asumir la realidad de la economía sumergida y el compromiso de tomar medidas tendentes a posibilitar la emersión del trabajo clandestino.

Sobre estas bases, el documento enuncia una serie de medidas que van desde la mejora de la estructura industrial, pasando por el fomento de las exportaciones, hasta las relaciones laborales y la formación profesional.

Se propone un plan nacional de formación, con una vigencia de cuatro años, que abarca todos los niveles: la formación ocupacional, la profesional y la de nivel superior o universitario, incluyendo cursos especiales de reciclaje para el personal en activo.

A fin de hacer frente a las fluctuaciones del mercado, se diseña un sistema por el cual las empresas podrán regular la jornada laboral en periodos máximos de 90 días al año para los casos de desajuste de oferta y demanda.

Durante dichos periodos, los trabajadores no deben sufrir merma de sus respectivos salarios y conservarán el derecho al tiempo máximo de desempleo en los casos de ceses definitivos. Para asegurar la financiación del sistema, se establece una aportación complementaria a cargo de los empresarios. En todo caso, en la aplicación de estas medidas se asegura la intervención de los representantes sindicales en la empresa y a nivel general.

Por otra parte, además de las medidas de fomento de la actividad exportadora, se reclama la negociación de un programa que contemple una adaptación progresiva a las reglas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), con una regulación mundial del comercio textil que evite el impacto que produciría la extinción, sin más, del acuerdo multifibras.

Todas estas cuestiones configuran el documento base, suscrito por la UGT e Intertextil, para la negociación en la mesa tripartita. Debe tenerse en cuenta que se trata de un programa global en el que cada asunto está relacionado con el conjunto y, en consecuencia, cualquier modificación de aspectos sustanciales podría significar cuestionamientos importantes que pondrían en peligro el mantenimiento del consenso logrado.

Competitividad

Esta cuestión es fundamental porque la competitividad de la industria textil y de la confección española depende del acierto y de la oportunidad de las medidas que se adopten. Esas medidas, en el plano internacional buscan mejorar la imagen del producto español y reducir los perjuicios de la competencia con países que nos llevan años de adelanto; en el plano institucional interno intentan asegurar el aprovechamiento conjunto de esfuerzos empresariales hasta ahora dispersos, y en el seno de la empresa buscan promover una intensa remodelación que permita poner en el mercado un producto de calidad con la incorporación de nuevos métodos y tecnologías.

Para alcanzar ese objetivo, la concertación del sector se ha demostrado insustituible. Ello exige de los interlocutores sociales y de la Administración imaginación, dedicación, capacidad de diálogo y responsabilidad. Si somos capaces de ejercitar esas cualidades, se podrá poner en marcha un programa consensuado y la industria textil asegurará su futuro, para beneficio no sólo de los empresarios y trabajadores del sector, sino también para la economía española en general. Si los objetivos propuestos no son logrados, cada uno podrá echar la culpa a los otros, pero el fracaso será de todos.

R. M. Castro es abogado de la Federación Estatal Textil-Piel de UGT.

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