Juan Guerra ha pagado 10 millones de pesetas de impuestos atrasados a la Hacienda pública

Juan Guerra González ha presentado declaraciones complementarias por impuestos no ingresados a tiempo en la Hacienda pública. Las cantidades abonadas, que se sitúan en torno a los 10 millones de pesetas, fueron entregadas después del estallido del escándalo que le afecta. El hermano y ex asistente del vicepresidente del Gobierno ha sido citado por la Delegación de Hacienda de Sevilla, al igual que varios de sus socios y colaboradores, según fuentes jurídicas. El fraude a Hacienda genera multas, y el responsable puede ser acusado de delito fiscal en caso de que la cuantía de la cuota defraudada...

Juan Guerra González ha presentado declaraciones complementarias por impuestos no ingresados a tiempo en la Hacienda pública. Las cantidades abonadas, que se sitúan en torno a los 10 millones de pesetas, fueron entregadas después del estallido del escándalo que le afecta. El hermano y ex asistente del vicepresidente del Gobierno ha sido citado por la Delegación de Hacienda de Sevilla, al igual que varios de sus socios y colaboradores, según fuentes jurídicas. El fraude a Hacienda genera multas, y el responsable puede ser acusado de delito fiscal en caso de que la cuantía de la cuota defraudada exceda de cinco millones de pesetas en un ejercicio.

Hasta hace un año, Juan Guerra no tenía más ingresos conocidos que los procedentes de su sueldo como empleado del partido socialista. En 1987 declaró una base imponible de 1.900.145 pesetas por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y legalmente era dueño de un solo piso; pero ciertos aspectos externos -residencia en un chalé construido en una gran finca, uso de coches de lujo, caballos y otros bienes- han sido interpretados como señal de que cuenta con una fortuna importante.En las declaraciones presentadas por el impuesto sobre la renta, Juan Guerra reconoce nuevos ingresos. También ha entregado declaraciones relacionadas con empresas.

Juan Guerra no ha acudido a la llamada de la inspección de Hacienda, pero sí lo ha hecho un abogado en nombre suyo. Su única comparecencia personal ante autoridades de la Administración se produjo el viernes en la fiscalía de Cádiz, dirigida por Jaime Ollero, que investiga el cambio de decisión del Ayuntamiento de Barbate respecto al proyecto urbanístico Puerto de la Plata, adoptada tras la intervención de Juan Guerra. Pero la mayoría de las sociedades con las que aquél trabaja y sus propiedades se encuentran en Sevilla, razón por la cual su situación tributaria interesa a la fiscalía de esta última provincia.

En cualquier caso, no parece que la Administración disponga aún de una información completa sobre la situación económica y patrimonial de Juan Guerra, a la vista de la insólita invitación pública efectuada por el presidente del Gobierno, Felipe González, quien pidió a Juan Guerra que "clarificara los límites de su actuación", durante la conferencia de prensa celebrada el viernes pasado en el palacio de la Moncloa. Todo un ejemplo de la importancia que el Gobierno atribuye a una persona que, oficialmente, es un mero ciudadano particular.

Patrimonio

Juan Guerra ha hecho también una declaración por el impuesto sobre el patrimonio, que hasta ahora no había realizado. La presentación de esa declaración era obligatoria para todo ciudadano cuyo patrimonio neto -valor de los bienes menos las deudas pendientes- superase los cuatro millones de pesetas, hasta 1988, y los nueve millones desde el año siguiente.

Según fuentes jurídicas, se han encontrado pocos bienes inmuebles a nombre de Juan Guerra, pero se ha podido realizar un retrato de su situación económica al ser localizados los activos financieros, es decir, cuentas bancarias, pagarés y, en general, acciones -al parecer bastante elevados- que posee, así como los movimientos efectuados en distintas cuentas.

Las empresas y bienes que figuran a su nombre dan idea de que el sueldo pagado por el PSOE era insuficiente incluso para explicar los pagos realizados a su nombre, dado que desde diciembre de 1987 estaba obliga do a pasar una pensión a su es posa. Por ejemplo, en marzo de 1988 desembolsó 2,5 millones por el 50% de la empresa inmobiliaria Corral de la Parra. También tiene a su nombre el 34% de Nagusa SA, por la que declaró haber desembolsado 340.000 pe setas en noviembre de 1986. Juan Guerra es socio reconocido de la entidad Elecpor, constituida en mayo de 1988.

Igualmente estaba a su nombre un piso en Jardín de la Atalaya, de la localidad de Camas (Sevilla), que fue comprado en 1985 "junto con otra finca" -se lee en la inscripción registral- por el precio conjunto de 3,5 millones de pesetas, cuando aún vivía con su esposa, Ángeles López Rubio, a quien dejó la casa.

Dos embargos

Esa finca sufrió un embargo en 1988, como consecuencia de un juicio ejecutivo seguido por el Banco de Europa contra Juan Guerra y otras personas, en reclamación de 1,6 millones de pesetas. También se le embargó un local comercial de la misma urbanización, que había sido comprado a nombre de su esposa en septiembre de 1986. Un portavoz de la sede del Banco de Europa en Sevilla se limitó a indicar que "todo estaba ya solucionado".

Juan Guerra es el propietario legal de otro piso y un garaje en la urbanización denominada Jardín de Capuchinos, que fueron comprados en 1989 por 4,5 millones de pesetas. También está a su nombre un piso en la calle de Pedro Pérez Fernández, de Sevilla, adquirido a Alfonso Guerra en 1988.

Los demás inmuebles y propiedades que se atribuyen a Juan Guerra están registrados a nombre de sociedades interpuestas y participadas. El hermano del vicepresidente ni siquiera figura como socio en Fracosur, entidad mercantil en la que Juan Guerra es sólo "apoderado". Fracosur es la sociedad que adquirió una finca a la empresa pública Ensidesa -por la que pagó 20 millones al contado- a finales de 1988.

Las dificultades para determinar el patrimonio e ingresos reales de Juan Guerra han hecho necesario extender las investigaciones fiscales a varios de sus socios y colaboradores. Uno de ellos era chófer del equipo encargado de los desplazamientos a Sevilla del vicepresidente del Gobierno.