Que suba el pan y baje el orujo
El futuro del aguardiente, en el centro de la polémica electoral en Galicia
El peligro de desaparición del orujo que los gallegos consumen desde hace 800 años ha desencadenado toda una batalla política en esta comunidad, avivada por la proximidad de las elecciones autonómicas. La Xunta de Galicia se ha visto incapaz de frenar las multitudinarias movilizaciones de los destiladores del licor, los aguardenteiros, que han recibido numerosas adhesiones, entre ellas las del propio Manuel Fraga, líder del Partido Popular (PP) y conocido experto en queimadas.
El futuro del aguardiente o caña que se destila en Galicia a partir de la uva fue -junto con los incendios fore...
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El peligro de desaparición del orujo que los gallegos consumen desde hace 800 años ha desencadenado toda una batalla política en esta comunidad, avivada por la proximidad de las elecciones autonómicas. La Xunta de Galicia se ha visto incapaz de frenar las multitudinarias movilizaciones de los destiladores del licor, los aguardenteiros, que han recibido numerosas adhesiones, entre ellas las del propio Manuel Fraga, líder del Partido Popular (PP) y conocido experto en queimadas.
El futuro del aguardiente o caña que se destila en Galicia a partir de la uva fue -junto con los incendios forestales- uno de los temas estrella de la pasada campaña electoral y todo indica que seguirá en el centro del debate político ante los comicios autonómicos del próximo 17 de diciembre. La posibilidad de que la ley de impuestos especiales haga desaparecer esta producción artesanal ha originado una fuerte polémica que desembocó el día 25 de octubre en una manifestación en Santiago de 5.000 personas, que llenaron las calles de consignas como "aguardiente casero, si me lo quitan muerdo" o "si el río Ulla llevara coñá, más de cuatro conselleiros irían allá", al tiempo que degustaban públicamente el preciado licor.La presión de los aguardenteiros -en Galicia hay unos 3.200 alambiques censados- con el apoyo de partidos y sindicatos, obligó a la Consellería de Agricultura de la Xunta a autorizar un mínimo de producción artesanal para autoconsumo a través de un decreto profusamente explicado con cuñas radiofónicas durante la campaña electoral. También el candidato del PP a la presidencia de la Xunta, Manuel Fraga, tuvo que intervenir públicamente, para solidarizarse con los aguardenteiros después de que algunos miembros de su partido pusiesen en duda el futuro del licor con el que el león de Villalba endulzaba sus tertulias periodísticas en Madrid.
Hasta el pasado mes de agosto el orujo gallego poseía un régimen especial transitorio dentro de la ley de impuestos sobre el alcohol que le permitía disfrutar de un trato fiscal favorable frente a licores de similar graduación, en torno al 50%. Expirado este plazo legal, la producción de aguardiente estará gravada con los mismos impuestos que el resto de las bebidas y desaparecerá la figura del destilador ambulante por las comarcas gallegas.
Economía de subsistencia
Después de que Hacienda precintase algunos alambiques, los representantes del sector, que aseguran tener unas ventas anuales de 4.000 millones de pesetas, crearon la Coordinadora para la Defensa del Aguardiente Artesanal, con el apoyo del sindicato nacionalista Comisions Labregas, el conservador Jóvenes Agricultores y el socialista Unions Agrarias, que posteriormente se desvinculó. Para Mariano Lema, portavoz de la Coordinadora y dirigente de Comisions, "los tecnócratas piensan que ésta es una cuestión folclórica, cuando en realidad se trata de un problema económico porque en las zonas vinícolas la venta del orujo forma parte de la economía de subsistencia".Lema sostiene que si Hacienda renuncia a aplicar al aguardiente el impuesto que rige para otro tipo de licores, dejará de recaudar 1.000 millones de pesetas "pero eso no significa mucho para los ingresos del Estado, mientras que es muy importante para cientos de familias que equilibran su economía con la venta de algunos litros de licor o el dinero que obtienen los destíladores".
La Consellería de Agricultura se escuda en que la nueva normativa todavía no ha sido impugnada oficialmente y tan sólo pretende salvaguardar una vieja tradición. La Xunta, en opinión de su jefe de calidad agroalimentaria, Enrique Pantín, ha intentado que no desaparezca la producción artesanal para consumo propio.
El orujo volverá a ocupar un lugar privilegiado en los debates políticos de la campaña electoral porque los productores preparan movilizaciones si la Xunta y Hacienda no se avienen a un acuerdo. Ya durante la Segunda República el Gobierno intentó prohibir la destilación y los aguardenteiros acabaron ganando la batalla gracias a los oficios de José Calvo Sotelo. No se sabe si procede de aquella época, pero lo cierto es que en Galicia, hay un dicho muy repetido en momentos de exaltación alcohólica: "Que suba o pan e baixe a caña".