Contaminadores sin nombre

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Tajo señalan que en los últimos dos años se han incoado 109 expedientes sancionadores, tanto por vertidos industriales como urbanos. Pero los nombres de las empresas permanecen en secreto, por orden de la autoridad competente. Las industrias contra las que se han abierto estos expedientes pertenecen al sector farmacéutico (en Aranjuez y las zonas del Henares y el Jarama), al sector químico (en Colmenar, San Agustín de Guadalix y en la zona del Guadarrama), al sector papelero (San Agustín de Guadalix y Guadarrama), al sector ganadero (granjas situada...

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Tajo señalan que en los últimos dos años se han incoado 109 expedientes sancionadores, tanto por vertidos industriales como urbanos. Pero los nombres de las empresas permanecen en secreto, por orden de la autoridad competente. Las industrias contra las que se han abierto estos expedientes pertenecen al sector farmacéutico (en Aranjuez y las zonas del Henares y el Jarama), al sector químico (en Colmenar, San Agustín de Guadalix y en la zona del Guadarrama), al sector papelero (San Agustín de Guadalix y Guadarrama), al sector ganadero (granjas situadas aguas abajo del río Alberche) y al sector alimentario (zona de Talavera). También se han abierto expedientes contra mataderos industriales de Cáceres, Toledo y Arganda; contra graveras de la zona del Jarama, y contra algunas de las más de 60 almazaras que hay en las provincias de Cáceres y Toledo.De los 109 expedientes sancionadores incoados, a 36 de ellos se les hizo una valoración de los daños al dominio público comprendida entre 400.000 y 500.000 pesetas en cada caso. Al resto se les impuso multas que no superaron las 100.001 pesetas.

Sin embargo, tanto José Rubió como Gamaliel Martínez, jefe del servicio de lucha contra la contaminación de esta confederación hidrográfica, reconocen que es muy difícil llegar a cobrar estas multas, porque sistemáticamente las empresas recurren ante el Tribunal Supremo o los tribunales económicos administrativos. Martínez señala que los más reacios a pagar son los Ayuntamientos, por lo que se les están pasando estas deudas con cargo a las subvenciones que reciben del Estado.