Colombia, amenazada

LAS ACCIONES criminales de los narcotraficantes encaminadas a destruir las instituciones legales colombianas e imponer su voluntad en el país han alcanzado tales niveles de violencia que estamos ante una verdadera agresión contra el Estado. El presidente Virgilio Barco no tenía otra opción que "declarar la guerra" a los narcotraficantes, movilizando todos los medios para impedir que sigan sembrando la muerte con la impunidad con que actúan desde hace años. En los últimos días, la situación empeoró de manera alarmante. No se trata sólo de un estado endémico de criminalidad que causa unas 10.000...

LAS ACCIONES criminales de los narcotraficantes encaminadas a destruir las instituciones legales colombianas e imponer su voluntad en el país han alcanzado tales niveles de violencia que estamos ante una verdadera agresión contra el Estado. El presidente Virgilio Barco no tenía otra opción que "declarar la guerra" a los narcotraficantes, movilizando todos los medios para impedir que sigan sembrando la muerte con la impunidad con que actúan desde hace años. En los últimos días, la situación empeoró de manera alarmante. No se trata sólo de un estado endémico de criminalidad que causa unas 10.000 muertes al año y hace de Colombia uno de los países con mayor índice de violencia del mundo. Los narcotraficantes se plantean, ya de manera descarada, eliminar por medio de asesinatos sistemáticos a los políticos, magistrados o policías que no les agradan, demostrando así que ellos son los verdaderos dueños del país.El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Ernesto Valencia firmó una sentencia vinculando a los jefes del cártel de Medellín con el asesinato del dirigente de Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. A las pocas horas fue asesinado. El comandante de policía de la provincia de Antioquia -a la que pertenece Medellín-, coronel Valdemar Franklin Quintero, adoptó medidas que amenazaban las operaciones de la cocaína: el 18 de agosto fue asesinado. Al día siguiente, ante 7.000 personas congregadas para escucharle, el brillante político liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, sin duda el candidato que tenía más posibilidades de ser elegido en las próximas elecciones a la presidencia de la República, fue también asesinado. Estos tres crímenes resumen hasta qué punto el narcotráfico está decidido a impedir que ejerzan influencia en la magistratura, en las fuerzas del orden público o en la política personas resueltas a acabar con las complicidades que hoy le protegen.

Estos últimos atentados han hecho desbordar el vaso. Los jueces y magistrados, después del asesinato de Ernesto Valencia, presentaron masivamente la renuncia de sus cargos, afirmando que no podían seguir cumpliendo sus funciones. Doscientos veinte funcionarios de la justicia fueron asesinados entre 1981 y 1989, y un elevado número de ellos han tenido que abandonar el país por las amenazas. Cuando estaba ya paralizado el aparato judicial, tuvo lugar el criminal atentado contra el candidato Galán, provocando una verdadera conmoción nacional. En medio de impresionantes manifestaciones de duelo, todos los sectores del país han sentido que está en juego la existencia misma de Colombia como Estado. El Gobierno no podía retroceder ante esta agresión del narcotráfico sin precipitar al país hacia una descomposición total.

Por primera vez desde que ocupa la presidencia del país, Virgilio Barco habló de manera enérgica. Anunció las medidas que el Gobierno va a poner en marcha, utilizando los poderes que le confiere el estado de sitio. Las noticias de que numerosas fincas de los principales capos han sido registradas por la policía, de que cerca de 10.000 personas han sido detenidas en el curso de esas operaciones y de que los bienes de los narcotraficantes serán expropiados, indican que se ha puesto en marcha una operación susceptible de dañar a los grandes de la cocaína. El restablecimiento de la vigencia del tratado de extradición a EE UU de esos criminales puede ser particularmente eficaz, sobre todo mientras el sistema judiciario y penitenciario colombiano siga minado por los sobornos de los narcotraficantes.

¿Se llevarán hasta el fin estas medidas? Las experiencias del pasado no han sido muy positivas. El presidente Barco nunca ha tenido la energía suficiente, pero cabe esperar que la extrema gravedad del momento no permita el que a grandes palabras sigan hechos tímidos. La dificultad estriba en que es ineludible aislar las zonas de podredumbre que hay dentro del mismo aparato del Estado y del Ejército. La corrupción organizada por los traficantes de cocaína alcanza a todos los estamentos, altos funcionarios, políticos de relieve, militares de alta graduación... Por eso es tan difícil ganar la guerra entre el Estado de derecho y la delincuencia. El resultado dependerá de una firme voluntad política en la cumbre del Estado, ausente hasta hace muy poco.