El Gobierno, impone drásticos recortes en los gastos solicitados por los ministerios para 1988
El Gobierno ha impuesto drásticos recortes en los gastos solicitados por los ministerios de cara a los Presupuestos Generales del Estado para 1988, con el fin de que el próximo año no aumente la presión fiscal y el déficit de caja pueda ser reducido hasta el 3,5% del producto interior bruto, PIB (un máximo de 1,3 billones de pesetas). Los 10,04 billones de pesetas de gastos no financieros reclamados inicialmente por los distintos centros gestores fueron disminuidos a mediados de julio hasta 9,10 billones. Pero tras el último Consejo de Ministros existe el propósito de recortarlos a poco más de...
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El Gobierno ha impuesto drásticos recortes en los gastos solicitados por los ministerios de cara a los Presupuestos Generales del Estado para 1988, con el fin de que el próximo año no aumente la presión fiscal y el déficit de caja pueda ser reducido hasta el 3,5% del producto interior bruto, PIB (un máximo de 1,3 billones de pesetas). Los 10,04 billones de pesetas de gastos no financieros reclamados inicialmente por los distintos centros gestores fueron disminuidos a mediados de julio hasta 9,10 billones. Pero tras el último Consejo de Ministros existe el propósito de recortarlos a poco más de 8,6 billones de pesetas, de forma que el aumento sobre los presupuestos iniciales de 1987 no llegue al 10%.
Las primeras solicitudes que los ministerios negociaron con el Ministerio de Economía y Hacienda representaban una elevación total del 27% en los gastos no financieros con respecto a los presupuestos iniciales de 1987. Esto fue considerado de todo punto incompatible con los grandes objetivos diseñados para el próximo ejercicio. Primero, porque el propósito de bajar las tarifas del impuesto sobre la renta y los importantes aumentos de recaudación obtenidos en 1986 y 1987 impiden y desaconsejan un nuevo incremento de la presión fiscal total. En segundo lugar, porque los objetivos de reducir la inflación hasta el 3%, así como de bajar los altos tipos de interés, necesitan ser acompañados por un control de la cantidad de dinero que no se vea dificultado por el déficit público.Pese a que, ya desde mediados de julio, el Consejo de Ministros impulso una disminución de 900.000 millones en las autorizaciones de gastos solicitadas para 1988, el déficit de caja todavía quedaba entre el 3,8% y el 4% del PIB estimado para el próximo año (cerca de 37 billones de pesetas). De ahí que el Gobierno decidiera tras las vacaciones estivales, según fuentes de la Administración, rebajar las peticiones de gastos en casi otros 500.000 millones de pesetas.
La tarea ha sido acometida estos días por el Ministerio de Economía y Hacienda, con el fin de dejar los gastos no financieros previstos en 8,6 billones de pesetas. Esta cifra, que será sobre la que el próximo Consejo de Ministros dé el visto bueno al borrador de presupuestos de cara a las negociaciones sobre concertación social con patronal y sindicatos, supone un incremento inferior al 10% sobre los 7,86 billones de pesetas presupuestados para 1987. Pero si se compara los presupuestos reales del presente año -después de incluir las variaciones incluidas- el aumento no llega al 6%.
Seguridad Social
Aunque el Gobierno todavía no se ha decidido sobre la aportación del Estado a la Seguridad Social y está abierto a negociar diversas partidas de los presupuestos con patronal y sindicatos, este 6% inicial de aumento de gasto sí se considera ya acorde con los grandes objetivos para el próximo año, en especial ahora que han vuelto a surgir dudas sobre la posibilidad de que la actividad económica pueda crecer el próximo año un 3,5% o incluso superarlo, como se pensaba a principios de agosto. Sin embargo, todavía tendrán que ser encajadas las variaciones que pudieran incluirse como consecuencia de la negociación con patronal y sindicatos, en especial el objetivo del 3% de inflación que había sido tomado como referencia para las subidas de salarios y pensiones antes de que los sindicatos empezaran a preconizar la necesidad de fijar como mínimo el 4%.
Con la primera disminución de los gastos solicitados en 900.000 millones, las principales partidas de los presupuestos arrojaban todavía los siguientes aumentos de gastos sobre los presupuestos iniciales de 1987: personal, el 8,8% (hasta 1,72 billones de pesetas); compra de bienes y servicios, el 19,3%. (hasta 281.092 millones); intereses de la deuda, 26,5%. (hasta 1,12 billones); transferencias corrientes (Seguridad Social, desempleo, empresas públicas, etcétera), 13,8% de aumento (hasta 4,42 billones de pesetas); inversiones públicas reales, 15% (hasta 675.581 millones de pesetas); y transferencias de capital, 29,2% (hasta 895.349 millones de pesetas).
Los principales capítulos de gastos afectados por esta disminución fueron intereses de la deuda (desde el 53% de aumento previsto inicialmente hasta la mitad), transferencias de capital a empresas públicas y subvenciones privadas (también se redujo su incremento en la mitad, desde el 59,6% previsto al principio hasta el 29%.), e inversiones públicas (desde el 21 % al 15%). Los incrementos en gastos de personal bajaron menos de un punto, desde el 9,6% inicial hasta el 8,8%. Al contrario, las compras de bienes y servicios aumentaron desde el 16,2% hasta el 19,3%.
Por ministerios, las prioridades declaradas oficialmente por el Gobierno (Educación, Justicia y Sanidad se han reflejado más en no disminuir o hacerlo en el mínimo posible las solicitudes iniciales de los respectivos ministerios en vez de elevar las partidas totales. Justicia pidió un aumento del 14% sobre el presupuesto base de 1987 y se le ' han respetado los 127.639 millones. Menos suerte ha tenido Educación y Ciencia, a la que Hacienda le reconoció inicialmente unas necesidades de 734.937 millones de pesetas (un 19% más de su presupuesto final de 1987), tras lo cual la rebaja de mediados de julio le dejó sólo un aumento del 5%, que en los últimos días está siendo revisado otra vez al alza. En cambio, el recorte adicional de 500.000 millones se está centrado en las inversiones públicas, tanto las reales (que han quedado en algo menos del 7% de aumento) como las expresadas en transferencias de capital (que pueden quedar en tomo al 20% de incremento).
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