Una madeja despreciable
La revelación, la pasada semana, de que unos 30 millones de dólares habían sido desviados ilegalmente de la discutida venta de armas a Irán para suministrar equipo militar a los contras nicaragüenses, ha producido choques sísmicos en la política norteamericana. Hasta entonces la investigación del caso del avión C-123 derribado por los sandinistas a principios de octubre estaba estancada. Quedaban varias preguntas sin contestar: ¿quién pagaba el salario del tripulante?, ¿de dónde procedían las armas que llevaba?, ¿cuál fue la implicación real de la trama ejecutiva norteamericana, incluid...
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La revelación, la pasada semana, de que unos 30 millones de dólares habían sido desviados ilegalmente de la discutida venta de armas a Irán para suministrar equipo militar a los contras nicaragüenses, ha producido choques sísmicos en la política norteamericana. Hasta entonces la investigación del caso del avión C-123 derribado por los sandinistas a principios de octubre estaba estancada. Quedaban varias preguntas sin contestar: ¿quién pagaba el salario del tripulante?, ¿de dónde procedían las armas que llevaba?, ¿cuál fue la implicación real de la trama ejecutiva norteamericana, incluida la CIA?. En la actual atmósfera de bochorno por parte de los congresistas -entre ellos, los propios miembros del partido del presidente- es probable que por fin podamos aclarar el papel jugado por el Gobierno en la dirección de una red de ayuda oficiosa a los rebeldes nicaragüenses.La Administración todavía niega tener relación alguna con el desaventurado vuelo del avión C-123. Oficialmente se afirma que ese viaje era parte de un esfuerzo de la iniciativa privada. Sin embargo, los papeles abandonados en el avión y las declaraciones efectuadas por Eugene Hasenfus, el superviviente norteamericano, han vinculado la operación no sólo a la CIA sino a la propia Casa Blanca. Fueron captadas en El Salvador llamadas telefónicas de la sede de la operación, en aquel país, con el teniente coronel Oliver North, que era el intermediario de la Casa Blanca y el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) y con el general retirado Richard B. Secort. Hay también indicios de que el vicepresidente George Bush ha estado en contacto con los coordinadores en El Salvador. Secort ha surgido de nuevo como el intermediario que arregló el depósito y retirada de fondos en cuentas suizas para la contra.
Desde el principio, la contrarrevolución ha sido manufacturada dentro de la Casa Blanca, que la manejaba a través de la CIA y, cuando políticamente era necesario, a través del CNS. Según Edgar Chamorro, ex líder de la contra, la fuerza "fue creada por la CIA, abastecida, equipada y armada por la CIA y sus actividades -políticas y militares- fueron controladas por la CIA".
Cuando acabó el plazo de la autorización del Congreso para la ayuda oficial a la contra en 1984, con la participación de la CIA, el CNS fue designado para sustituirla. La figura central en el plan fue North. Como los contras "no sabían ni comprar a un curita", North se dedicó a catalizar la red de derechistas locales que apoyaba a los rebeldes. Operando junto con el general retirado John K. Singlaub, jefe de la Liga Anticomunista Mundial, también expandió los contactos con oficiales o representantes semioficiales de otros Gobiernos para propiciar el suministro de armas.
El papel de North
Las recientes divulgaciones han reventado un dique de informa ción ya conocido sobre la implicación de North en las maniobras de la contra. El Congreso -si bien no tenía todos los detalles- conocía el papel de North en Centroamérica. Pero una in vestigación del Congreso sobre las actividades de North realiza da a mediados de 1985 acabó antes de nacer, seguramente por que el Congreso ya había votado una ayuda oficial humanitaria a favor de la contra de unos 27 mi llones de dólares.
Como se revela dramáticamente ahora, el principal papel de esta red nacional e internacional fue el de servir como una cortina de humo sobre la participación extraoficial del ejecutivo norteamericano. Agentes bajo contrato y mercenarios trabajaban al lado de la CIA en Centroamérica para proporcionarle argumentos verosímiles para ocultar su participación. Como dijo uno de éstos recientemente, "nosotros hacemos todo lo que los Estados Unidos no puede hacer oficialmente y que necesita ser negado". Los contras mismos servían de cobertura para ocultar actividades de la CIA como, por ejemplo, el minado de los puertos nicaragüenses en 1984.
Pero el mejor subterfugio del Gobierno ha sido la cooperación de terceros países. Desde el comienzo de la guerra, en 1981, EE UU ha utilizado países como Argentina, Israel, Honduras y El Salvador para lavar ayuda mili tar a los rebeldes. Israel jugó un papel clave en la transferencia de armas a Irán y hay indicios de que el general Secort negoció una contribución de los saudíes a cambio de la aprobación de Washington en junio para ven derles aviones AWACS. Al pare cer, un representante de este país proporcionó el crédito a Irán para que pagara el triple del valor de las armas norteamericanas.
Costa Rica, como Honduras, ha servido como base territorial para la contra. Junto con El Salvador, estos tres países han hecho la vista gorda a las actividades de mercenarios nominalmente independientes y aerolíneas nominalmente privadas que continuaron el entrenamiento y el abastecimiento de la contra después de 1984.
Ahora sabemos que estas operaciones ilegales de terceros no solamente fueron patrocinadas y coordinadas, sino financiadas por Washington. La divulgación del destino de la diferencia entre el precio de las armas y lo que pagaban por ellas los iraníes -descontadas las comisiones de los vendedores- contesta a la pregunta de quién, en última instancia, estaba comprando la armas y pagando los, sueldos de 3.000 dólares mensuales de transportistas como Hasenfus. No es insignificante que encontraran una tarjeta entre los papeles del avión que tenía el número de una cuenta de banco en Suiza.
La pregunta primordial ahora es cuándo conoció el presidente detalles de esta operación ilícita y dónde residía la autoridad para aprobarla.
Si la Administración de Reagan va a salvar su credibilidad, tiene que apoyar el desarrollo de una investigación independiente del Ejecutivo. Todo dependerá de cómo se comporte el presidente. Si parece que está engañando al público puede caer en la misma trampa del Watergate, que hundió a Nixon hace 12 años; la madeja despreciable de la política de Reagan puede deshacerse, al dejar expuestas las frágiles razones de una guerra tan brutal como inútil.
Robert Matthews es profesor de Estudios Latinoamericanos en la universidad de Nueva York y fue director de investigaciones del Congreso Norteamericano sobre Latinoamérica (NACLA), que desarrolla sus actividades en Estados Unidos.
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