La mujer que ha denunciado a autoridades sanitarias catalanas considera una injusticia viajar a otro país para abortar

María Rosa Martín García, la mujer que ha interpuesto una querella contra responsables del Instituto Catalán de la Salud y contra la comisión de evaluación de la residencia del Valle de Hebrón de Barcelona, por la negativa a autorizar la interrupción de su embarazo, manifestó ayer que el tener que viajar a Holanda para abortar fue uno de los peores momentos por los que ha atravesado. "No entendía por qué tenía que desplazarme a otro país cuando tenía derecho a abortar en un centro de la Seguridad Social. Para mí fue muy difícil; era la primera vez que viajaba fuera de España, iba sola, no cono...

María Rosa Martín García, la mujer que ha interpuesto una querella contra responsables del Instituto Catalán de la Salud y contra la comisión de evaluación de la residencia del Valle de Hebrón de Barcelona, por la negativa a autorizar la interrupción de su embarazo, manifestó ayer que el tener que viajar a Holanda para abortar fue uno de los peores momentos por los que ha atravesado. "No entendía por qué tenía que desplazarme a otro país cuando tenía derecho a abortar en un centro de la Seguridad Social. Para mí fue muy difícil; era la primera vez que viajaba fuera de España, iba sola, no conocía el idioma y, además, toda la situación me parecía humillante y tenía la sensación de que se estaba cometiendo una grave injusticia", explicó.El 19 de diciembre de 1985, después de un mes de trámites infructuosos para abortar en algún centro de Barcelona, María Rosa Martín viajó a Amsterdam, donde fue sometida a la interrupción del embarazo. Cuando llegó a Holanda le estaba esperando un equipo de televisión, porque "decidí", afirma, "que era necesario exponer cuál era la situación de las mujeres que querían abortar en España".

Este viaje supuso para ella un grave trastorno económico, puesto que su familia siempre había tenido problemas de este tipo. Su marido trabaja eventualmente y tuvieron que trasladarse a un pueblo de Tarragona, cercano a la provincia de Teruel, para emplearse en explotaciones agrícolas. María Rosa Martín tiene cuatro hijos, el mayor de ellos de 14 años. Esta mujer, que tuvo dos abortos espontáneos, no entiende los argumentos de defensa de la futura vida "porque en mi caso existía el riesgo de que muriese y entonces eran cuatro los niños que se quedaban sin madre", dice.

Los problemas circulatorios que padece desaconsejaban un embarazo por el peligro de consecuencias graves para su salud. Esta dolencia ya se había manifestado en el último embarazo. "El señor Bergadá subdirector de los Servicios Sanitarios del Instituto Catalán de la Salud (ICS), el Insalud catalán- me dijo que con el cuadro clínico que presentaba corría un riesgo relativo si el embarazo continuaba, pero que no era seguro que fuera a morir", explicó ayer esta mujer.

Petición de intervención

María Rosa Martín afirmó que durante toda la tramitación de su caso, en Barcelona, no fue tratada correctamente por las personas que le atendieron en algunos centros. "Cuando me enviaron a la Clínica Maternal de Santa Coloma de Gramenet y expliqué mi caso a un doctor, solicitando la interrupción del embarazo, él se limitó a decirme que fuera al Centro de Planificación para que me facilitaran una dirección del extranjero", explicó ayer. Otra situación parecida se produjo en la residencia de Badalona, cuando otro facultativo no quiso hacer el examen médico general exigido por el ICS.La mujer fue advertida para que no expusiera su caso a los medios de comunicación, "porque las clínicas no querían publicidad".

María Rosa Martín ya había intentado evitar la posibilidad de un embarazo al conocer su dolencia. Por este motivo, consultó qué tipo de contracepción podía ser válida en su caso, ya que las pastillas anticonceptivas estaban contraindicadas por los problemas circulatorios. "Yo solicité que me sometieran a una ligadura de trompas, que no me fue practicada entonces porque, según me explicaron, la Seguridad Social no hacía ese tipo de intervenciones". Al cabo de un tiempo de abortar en Holanda sí se le realizó esta operación.

El caso de María Rosa Martín fue objeto de una interpelación en el Parlamento catalán. La diputada socialista Pilar Ferrán preguntó al conseller de Sanidad, Josep Laporte, por los motivos de las dificultades que existían en Cataluña para aplicar la ley. Mientras. tanto, el plazo legal para abortar iba pasando y María Rosa Martín decidió solucionar su problema en Holanda.