Solchaga culpa a los agricultores de la fuerte subida de los precios
El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, atribuyó ayer en el Congreso la subida de los precios (1,1% en septiembre) a la fuerte recuperación de las rentas agrarias. Tres de los siete portavoces parlamentarios que piden la devolución al Gobierno de los Presupuestos del Estado para 1987 -los de Minoría Catalana, PNV y PDP- solicitaron la rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
En el segundo día de debate presupuestario, que terminará hoy con el rechazo de, todas las enmiendas a la. totalidad, también se reprodujeron las críticas al aumento de los impue...
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El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, atribuyó ayer en el Congreso la subida de los precios (1,1% en septiembre) a la fuerte recuperación de las rentas agrarias. Tres de los siete portavoces parlamentarios que piden la devolución al Gobierno de los Presupuestos del Estado para 1987 -los de Minoría Catalana, PNV y PDP- solicitaron la rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
En el segundo día de debate presupuestario, que terminará hoy con el rechazo de, todas las enmiendas a la. totalidad, también se reprodujeron las críticas al aumento de los impuestos y de los precios, y no se logró un compromiso inmediato del ejecutivo en cuanto a la rebaja de las cotizaciones.Los discursos de Macià Alavedra (Minoría Catalana), Ignacio Echeberría (PNV) y Óscar Alzaga (PDP) coincidieron en censurar el mayor margen de discrecionalidad previsto para trasladar los gastos de unas partidas a otras, así como la escasa repercusión de los aumentos de ingresos fiscales en mejorar la competitividad perdida por la economía española. A estos argumentos, traducidos en la unánime petición de que bajen ya desde 1987 las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, las minorías catalana y vasca añadieron algunas críticas a la política de financiación autonómica, más rotundas por parte del PNV.
Solchaga dijo que habrá reducciones en las cuotas a la Seguridad Social siempre y cuando no se ponga. en riesgo el déficit público. Todavía con mayor cuidado en el lenguaje y con menor compromiso en el calendario, sorteó las peticiones de reducir los costes energéticos, aumentar los incentivos fiscales a la actividad económica, rebajar las tarifas del impuesto sobre la renta y reflejar el esfuerzo fiscal en un aumento real de inversiones y servicios, no, en más burocracia.
De las críticas sobre el dinero de las autonomías el ministro se defendió con el argumento de que, al elaborar los presupuestos, no se había producido el acuerdo que ahora podrá ser incorporado por la vía de enmiendas. La Minoría Catalana, cuya comunidad destaca entre las beneficiadas por la última oferta gubernamental, lamentó las diferencias entre las comunidades según tengan o no régimen foral, así como las limitaciones a la gestión inversora autonómica. El PNV, más duro, calificó de ¡legal que el Gobierno, sin previo acuerdo con el País Vasco, haya elevado casi un 40% (de 98.507 a 135.378 millones de pesetas) el cupo que ha de pagar esa comunidad autónoma.
El ambiente se caldeó algo cuando Alzaga afirmó que el Gobierno, "si los números de la inflación no caben en su cuadro" echa las culpas a los agricultores. Solchaga no había sido tan claro hasta que, para denunciar "la fácil demagogia de las rentas de los agricultores", dijo que éstos reciben una subvención anual de 650.000 míllones por la vía de la Seguridad Social, pagan menos impuestos, están protegidos por la política comunitaría y por el acceso a rnercados con precios más altos, y han elevado éstos durante los 12 últimos meses más del 20%, mientras los costes sólo les han subido un 4%. Esta respuesta provocó alguna callada muestra de desaprobación en la mayoría socialista.