Un insecticida prohibido en las marismas andaluzas causo el desastre de Doñana
El envenenamiento de aves en las proximidades del parque nacional de Doñana, que ha causado la muerte a más de 25.000 patos y otros animales, tuvo su origen en la ingestión de un insecticida, según los primeros, informes oficiales. El producto, cuya comercialización está autorizada, aunque la Junta no ha permitido su uso en las marismas andaluzas, "pudo utilizarse para eliminar cangrejos que estropean las cosechas de arroz", dijo ayer Tomás Azcárate, director de la Agencia del Medio Ambiente Autonómica (AMA).
El Gobierno regional ha recomendado a la población que se abstenga de comprar ...
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El envenenamiento de aves en las proximidades del parque nacional de Doñana, que ha causado la muerte a más de 25.000 patos y otros animales, tuvo su origen en la ingestión de un insecticida, según los primeros, informes oficiales. El producto, cuya comercialización está autorizada, aunque la Junta no ha permitido su uso en las marismas andaluzas, "pudo utilizarse para eliminar cangrejos que estropean las cosechas de arroz", dijo ayer Tomás Azcárate, director de la Agencia del Medio Ambiente Autonómica (AMA).
El Gobierno regional ha recomendado a la población que se abstenga de comprar o consumir anátidas, por tener sospechas de que cazadores furtivos y traficantes clandestinos están comercializando los patos envenenados.La Junta de Andalucía informó ayer, con carácter oficial, sobre el desastre ecológico ocurrido en las zonas colindantes al parque nacional de Doñana, donde, desde el pasado día 5 de agosto, están muriendo millares de aves. Una nota difundida por las consejerías de Agricultura y de Salud de la Junta de Andalucía y por la AMA señala que estos organismos han realizado investigaciones coordinadas "desde mediados de este mes" para descubrir las causas, qué han producido la mortandad. La nota explica que el envenenamiento masivo se debió a la ingestión de una sustancia, el Metil-Paratión, organofosforado prohibido en toda la comunidad autónoma. Según el comunicado institucional, así se desprende del primer informe remitido por el Laboratorio Nacional Agrario y el Centro, Nacional de Toxicología de Majadahonda (Madrid).
Mientras ayer por la mañana se sucedían los comunicados oficiales, miembros de la Agencia del Medio Ambiente, de la Estación Biológica de Doñana y de la Fundación José María Blanc -propietaria de una de las zonas más afectadas por el siniestro ecológico, el Lucio del Cangrejo- se afanaban en recoger los cadáveres de animales que siguen muriendo como consecuencia del envenenamiento. Se trata, en su mayor parte, de patos, pero también han muerto garzas, chorlitejos y espátulas, además de otras especies protegidas, como flamencos. Los cadáveres son amontonados e incinerados para evitar la propagación del envenenamiento.
El Servicio de Protección de Vegetales, responsable del tratamiento de plagas en las marismas del Guadalquivir, asegura no tener constancia de que los arroceros hayan empleado el insecticida Metil-Paratión. El jefe de este servicio, Juan Ignacio Caballero, manifestó que durante el verano ha existido "un control estricto" de las fumigaciones en las dos campañas oficiales llevadas a cabo en la zona arrocera. Sin embargo, Caballero significó que los arroceros pueden hacer fumigaciones particulares, "sobre las que no tenemos un control". Añadió, por otra parte, que "hasta el día 19 de septiembre" no se le comunicó oficialmente la muerte masiva de aves. Biólogos del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona) han asegurado que informaron verbalmente del siniestro a primeros del mes de agosto, y por escrito el día 23 de septiembre. Según indicó el conservador accidental de Doñana Juan Manuel de Benito, el sábado último seguían sin tener respuesta.
Oficialmente, las sospechas sobre la autoría del envenenamiento se centran en personas que, bien de manera individual o colectiva, han fumigado o vertido en las marismas el producto contaminante. Los arroceros niegan cualquier responsabilidad en el asunto.
El PCE pidió la dimisión de los responsables de Doñana, entre ellos Alfonso Guerra, presidente del patronato, a quien acusa de haber "ordenado ocultar las pruebas del desastre".