El Gobierno niega presiones exteriores en el asunto de los traficantes de droga colombianos

El Ministerio de Justicia negó ayer en un comunicado oficial que hayan existido presiones exteriores en relación con la decisión adoptada por el Gobierno de solicitar a la Audiencia Nacional que se inhibiera en el caso de extradición de dos colombianos acusados de tráfico de droga a gran escala y reclamados por los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos. La nota oficial afirmó que "es incierto que se hayan producido presiones por parte de los Estados reclamantes". Los tres miembros de la Audiencia Nacional que acordaron la entrega de los detenidos a Colombia han calificado el comunicado como "...

El Ministerio de Justicia negó ayer en un comunicado oficial que hayan existido presiones exteriores en relación con la decisión adoptada por el Gobierno de solicitar a la Audiencia Nacional que se inhibiera en el caso de extradición de dos colombianos acusados de tráfico de droga a gran escala y reclamados por los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos. La nota oficial afirmó que "es incierto que se hayan producido presiones por parte de los Estados reclamantes". Los tres miembros de la Audiencia Nacional que acordaron la entrega de los detenidos a Colombia han calificado el comunicado como "extemporáneo" porque el caso está pendiente de la decisión de la sala de conflictos de jurisdicción del Tribunal Supremo, que debe resolver, en los próximos días, si es el Gobierno o la Audiencia Nacional quien decide el destino final de los colombianos.

Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela, encarcelados desde hace más de año y medio, intentan evitar su extradición a Estados Unidos, que mantiene que ambos son responsables del tráfico de cocaína entre Colombia y aquel país. Washington acusa, además, a Ochoa de complicidad con las autoridades nicaragüenses en el tráfico de droga. La Audiencia Nacional, tras un largo y complejo proceso, acordó recientemente el envío de los dos detenidos a Colombia.El comunicado del Ministerio de Justicia, además de negar las presiones exteriores, rechazó. también que el Gobierno haya tomado "decisión alguna hasta el momento sobre la entrega de los reclamados" y mantuvo que su voluntad de decir la última palabra en el caso es una "cuestión jurídica", sin que el planteamiento del conflicto de jurisdicción signifique resistencia alguna al cumplimiento de acuérdos judiciales.

En medios jurídicos se recuerda, sin embargo, que el fiscal, que depende orgánicamente del Gobierno, se ha mostrado reiteradamente partidario de la entrega de los colombianos a Estados Unidos.

El tribunal de la Audiencia Nacional, en su informe a la sala de conflictos del Supremo, dijo que en el caso de Orejuela el Gobierno se resistía a cumplir la decisión judicial y en el caso de Ochoa pretendía "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

Los miembros del tribunal, a preguntas de este periódico, consideraron "inoportuno" el comunicado de ayer y precisaron que, independientemente de la presunta implicación de los dos colombianos en el tráfico de droga, no se puede reclamar la ejecución de la resolución judicial para, por medio de ese trámite, hacer lo contrario de lo que en la resolución se ordena. Los magistrados afirmaron que la entrega a Colombia no supone impunidad para los colombianos y que está abierta la vía para una nueva extradición entre Colombia y EE UU.

El comunicado del Ministerio de Justicia, de cinco folios de extensión, cuenta la historia del procedimiento y recuerda, el artículo 16 de la ley de extradición de 1985, en el que se concede al Gobierno la facultad de decidir sobre la preferencia en peticiones de extradición paralelas.

Fuentes jurídicas han comentado que es curioso que el comunicado, recuerde el artículo 16 de la ley, cuando no ha sido invocado por el Gobierno en el conflicto de jurisdicción. El artículo que sirve de base para la reclamación del Gobierno es el 6, sobre competencias en la ejecución de la resolución del tribunal. Estas fuentes indicaron que el letrado del servicio jurídico del Estado, al hacer el informe sobre el que se basó la petición del delegado del Gobierno, invocó el artículo 6 y no recurrió al artículo 16 porque el proceso ante los tribunales había concluido y no cabía recurso contra la decisión del tribunal.

El Ministerio de Justicia precisó que el comunicado se ha, emitido "ante las noticias, comentarios y editoriales aparecidos en los medios de comunicación". Fuentes de la defensa, mostraron su extrañeza porque el Gobierno haya explicado ahora su posición cuando siempre se había negado a hacerlo, y precisamente en un momento en el que las elecciones están próximas y quedan pocas fechas para que la sala de conflictos resuelva el caso.