Allanamiento en la madrugada

Llovía sobre Santiago cuando los camiones militares llegaron a las 3.30 del pasado viernes a Villa O'Higgins, a las afueras de la capital chilena, para realizar un allanamiento, la más cruel forma de amedrentamiento, la prueba más evidente de que Chile está ocupado por su propio Ejército. Los soldados llegan con las caras pintadas de negro; los oficiales, sin galones; los vehículos, sin placa de matrícula.

Vestidos con uniformes de combate, armados con fusiles, rodean la población (barrio pobre de Santiago), de 30.000 habitantes, situada a una distancia de un cuarto de hora en au...

Llovía sobre Santiago cuando los camiones militares llegaron a las 3.30 del pasado viernes a Villa O'Higgins, a las afueras de la capital chilena, para realizar un allanamiento, la más cruel forma de amedrentamiento, la prueba más evidente de que Chile está ocupado por su propio Ejército. Los soldados llegan con las caras pintadas de negro; los oficiales, sin galones; los vehículos, sin placa de matrícula.

Vestidos con uniformes de combate, armados con fusiles, rodean la población (barrio pobre de Santiago), de 30.000 habitantes, situada a una distancia de un cuarto de hora en automóvil del centro de la capital chilena, cruzan tanquetas en las calles e impiden la salida o entrada de cualquier persona, incluidos, por supuesto, periodistas y representantes de la Iglesia o de organizaciones humanitarias.A las seis de la mañana los militares y carabineros entran indiscriminadamente en las casas. Levantan los colchones, mueven los muebles, interrogan y detienen a los hombres. Todos los varones entre 16 y 60 años, unos 5.000 en total, son conducidos a un descampado cercano que los pobladores han convertido en un campo de fútbol. Allí, colocados en filas, esperan turno para pasar ante la policía política, donde son fichados y se revisan sus antecedentes. Algunos quedan en libertad; otros, son conducidos a los cuarteles de la policía de investigaciones. Uno de los detenidos comenta que los policías se limitaron a mirarle las manos. Los que no tienen callos son los más sospechosos, porque se su pone que no trabajan, que tienen tiempo libre para participar en actividades políticas y hasta es posible que estudien.

Horas después del inicio del allanamiento se veían todavía desde las entradas a la población filas de hombres en dirección al campo de fútbol escoltados por los fusiles de los soldados. El cura de la parroquia, un sacerdote francés, Lorenzo Marie, que había sido operado hace menos de una semana, deja el hospital al conocer la agresión que sufre su comunidad. Al llegar al campo de fútbol se arrodilla y reza. Un grupo de mujeres le acompaña hasta que, los soldados les obligan a abandonar el lugar.

Prohibido informar

Los soldados disparan esporádicamente al aire para impedir que nadie salga de sus casas ni se asome por las ventanas. Uno de ellos lo hace sobre los pies de una mujer que se resiste a que se lleven a sus hijos; un militar con la cara tiznada advierte a este enviado especial que es ilegal cubrir la información sobre el allanamiento y lo conduce ante el vehículo de la policía política, donde le recomiendan abandonar el lugar y solicitar información en el Ministerio de Defensa. Los carabineros tampoco quieren dar información porque dicen que esta operación no es cosa suya.La ocupación dura casi 12 horas. Inmediatamente después se pone en marcha, en la parroquia, el mecanismo de organización del barrio. La directiva de la población y miembros de la comisión de derechos humanos reciben las reclamaciones de los familiares de quienes no han vuelto a casa, elaboran la lista de detenidos y se preparan para intentar las acciones legales posibles.

El sacerdote Marie ha convocado, mientras tanto, a los cristianos en la iglesia. En su homilía pide: "Amar a nuestros, enemigos, hacer el bien a quienes nos humillan, rezar por quienes nos maltratan".

La villa O'Higgins hace el número 35 de las poblaciones allanadas de forma similar desde que hace dos meses el Gobierno del general Augusto Pinochet incorporó este sistema a sus métodos de represión. En ese período han sido detenidas temporalmente, fichadas y controladas, unas 100.000 personas. Los jueces sólo han encontrado pruebas para procesar a una decena de ellos.

En algunos casos, los soldados han repartido bocadillos y bebidas entre los pobladores después del allanamiento. Habitualmente, días después de la ocupación los militares regresan con médicos, peluqueros, electricistas y orquestas.

El enviado de la comisión de derechos humanos de la ONU, el costarricense Fernando Volio, considera los allanamientos una de las peores formas de represión.