El número de empresas catalanas implicadas en el fraude a la Seguridad Social se eleva a 120

El número de empresas implicadas en el fraude a la Seguridad Social descubierto en Barcelona en otoño de 1982 se eleva ya a 120, tras las nuevas diligencias practicadas desde el pasado mes de febrero por los dos fiscales adscritos al caso, que significaron la solicitud de 51 nuevos procesamientos. En los últimos días, el juez instructor Germán Gambón ha acordado la mayoría de los procesamientos solicitados. Sin embargo, su número, que supera ampliamente el centenar, resulta difícil de determinar, ya que en varios casos el juez ha admitido los recursos de reforma presentados por los procesados....

El número de empresas implicadas en el fraude a la Seguridad Social descubierto en Barcelona en otoño de 1982 se eleva ya a 120, tras las nuevas diligencias practicadas desde el pasado mes de febrero por los dos fiscales adscritos al caso, que significaron la solicitud de 51 nuevos procesamientos. En los últimos días, el juez instructor Germán Gambón ha acordado la mayoría de los procesamientos solicitados. Sin embargo, su número, que supera ampliamente el centenar, resulta difícil de determinar, ya que en varios casos el juez ha admitido los recursos de reforma presentados por los procesados.

El número de documentos que se han ido adjuntando al sumario desde el inicio de su instrucción hace tres años y medio han formado una voluminosa biblioteca de 120 tomos, el primero de los cuales contiene 15 legajos. El manejo de esta copiosa documentación en un solo sumario resulta muy dificultosa para la instrucción y hace preveer dificultades mayores todavía para su enjuiciamiento.Joan Coscubiela, abogado de Comisiones Obreras, sindicato que ejercita la acción popular en este caso, manifestó ayer su preocupación "por la falta de medios técnicos de la administración de justicia para abordar un sumario de esta envergadura". Coscubiela precisó que a pesar de la total dedicación y esfuerzo de los funcionarios encargados del caso, la extraordinaria complejidad del mismo hará muy difícil su enjuiciamiento.

La mayoría de los nuevos procesados corresponden esencialmente a las mismas empresas que en su día fueron denunciadas por la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo. Por tanto, las nuevas diligencias no suponen un aumento de la defraudación inicial descubierta, unos 3.500 millones de pesetas, sino que son producto de la profundización de la investigación judicial. En la mayoría de los casos, el aumento del número de procesados ha sido el resultado de ampliar el círculo de responsables implicados en las respectivas empresas o en la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo (ODIT), entidad donde se fraguó el fraude, y entre cuyos principales implicados figuraban el inspector Ramón Ballesteros y el ex subdelegado de Trabajo Graciniano Gómez Catón.

La anulación en diciembre pasado por parte de la Audiencia de Barcelona del fraccionamiento del sumario en 99 causas acordada tres meses antes por el juez instructor puede tener repercusiones decisivas para su resolución. Frente a los argumentos estrictamente jurídicos -amparados en que se trata del mismo tipo de delito y la conexión procesal de los mismos-, los criterios del instructor, fiscales y acusación particular que planteaban esencialmente la inviabilidad fáctica de un sumario tan voluminso cobran cada día mayor relevancia ante el continuado aumento de diligencias y documentos.