Intervenidas las camaras agrarias de Valencia, Córdoba y Carcagente por mala administración

El Ministerio de Agricultura ha decidido intervenir la gestión económica de las cámaras agrarias provinciales de Valencia y Córdoba y de la local de Carcagente (Valencia) como consecuencia de unagestión irregular, de la existencia de operaciones extrapresupuestarias y del desvío de los intereses de depósitos bancarios corresponidientes a fondos públicos. Estas irregularidades han sido descubiertas por las auditorías realizadas hace meses por la Intervención General del Estado correspondientes al ejercicio de 1983.

La intervención, decidida por el Instituto de Relaciones Agrarias (IRA), ...

El Ministerio de Agricultura ha decidido intervenir la gestión económica de las cámaras agrarias provinciales de Valencia y Córdoba y de la local de Carcagente (Valencia) como consecuencia de unagestión irregular, de la existencia de operaciones extrapresupuestarias y del desvío de los intereses de depósitos bancarios corresponidientes a fondos públicos. Estas irregularidades han sido descubiertas por las auditorías realizadas hace meses por la Intervención General del Estado correspondientes al ejercicio de 1983.

La intervención, decidida por el Instituto de Relaciones Agrarias (IRA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, implica queÍa partir de ahora todos los actos económicos de estas organizaciones deberán contar con la autorización previa del director provincial de Agricultura, sin cuyo requisito carecerán de validez legal.Las irregularidades más importantes corresponden a la Cámara Provincial de Valencia, aunque su presidente, José Luis Rodrigo Llopis, manifestó ayer desconocer cualquier medida gubernativa y afirmó que recurriría "contra quien sea porque todo está en regla". El informe de auditoría de la Intervención General del Estado refleja, no obstante, la existencia de operaciones extrapresupuestarias que vulneran las disposiciones legales, la no declaración de intereses producto del manejo de fondos propios o de las subvenciones del gasóleo, el pago al personal propio por tres presupuestos distintos -en lugar de uno como es preceptivo- y la falta de cotizaciones a la Seguridad Social en algunos casos.

Estas irregularidades contables que contravienen la ley suponen una merma contable de los ingresos ordinarios y tienen como consecuencia conseguir una mayor subvención. Los auditores concluyen que "es difícil deducir los estados financieros y demás registros contables" de esta cámara, pero, según los datos de que han podido disponer, la cantidad manejada como gestión de sus comisiones y las reservas acumuladas no declaradas oficialmente se elevaban en 1983 a 50.901.335 pesetas.

En la cámara de Córdoba se practica una doble contabilidad, extremo que ayer reconoció su presidente, Fernando Castro González de Canales, aunque declaró que "aquí no se ha ocultado ni un duro". Pero, según el informe, hay órdenes de pago y propuestas de gasto sin firma del presidente, también otras sin el recibí del proveedor y faltan facturas que justifiquen algunos gastos.. Los intereses de las cuentas corrientes no se aplican como ingresos de los presupuestos legalmente aprobados, y, junto con otros fondos, se desvían a operaciones extrapresupuestarias. De todos estos hechos "se deducen motivos fundados de mala administración".

Numerosas irregularidades

En Carcagente (Valencia), las irregularidades más importantes son haber contraído obligaciones superiores al presupeusto aprobado y la utilización de fondos a través de cuentas extra presupuestarias.El pasado año se realizaron seis auditorías sobre cámaras agrarias provinciales y alguna otra local. En todas ellas, según fuentes oficiales, se han comprobado irregularidades de mayor o menor cuantía. Aunque las conclusiones de estas otras auditorías aún no han sido elevadas, los indicios apuntan a que se producirá también la intervención de una cámara provincial gallega y de otra castellana.

En España existen actualmente 8.521 cámaras agrarias, más que municipio. Las inspecciones son muy reducidas y se producen generalmente como consecuencia de alguna denuncia de irregularidades. Las intervenciones decididas por Agricultura se suman a los casos de Asturias, Guadalajara, Rábade (Lugo), Rociana del Condado (Huelva), Rafal (Alicante), Puente Genil, Talavera de la Reina y varias catalanas, entre las que destaca la malversación denunciada en la de Reus.

Las cámaras agrarias no disponen de grandes fondos. El ministerio les concede una subvención anual de 1.700 millones, a los que hay que sumar los 7.000 millones de pesetas de sueldo de los 4.500 funcionarios que las atienden. El resto de sus fondos proviene de las cuotas y derramas que pagan los agricultores para atender los servicios que procuran, como mejoras de caminos y distintas actividades agrarias. En total mueven al año de fondos propios poco más de 10.000 millones de pesetas.