La reexportación de tecnología y la adhesión al COCOM

No es poco frecuente que decisiones que dentro de un determinado contexto son esencialmente técnicas se traten de justificar presentándolas como cumplimiento de valores superiores. Se trata de lo que los sociólogos del conocimiento denominan lectura ideológica: presentar desde valores totales lo que está motivado y justificado por los intereses. Una explicación evidente realizada a posteriori: primero, el cálculo del debe y del haber; luego, el bello ropaje general.El tema de la disciplina, aceptada o negociada, de la reexportación de tecnologías susceptibles de doble uso, civil y milit...

No es poco frecuente que decisiones que dentro de un determinado contexto son esencialmente técnicas se traten de justificar presentándolas como cumplimiento de valores superiores. Se trata de lo que los sociólogos del conocimiento denominan lectura ideológica: presentar desde valores totales lo que está motivado y justificado por los intereses. Una explicación evidente realizada a posteriori: primero, el cálculo del debe y del haber; luego, el bello ropaje general.El tema de la disciplina, aceptada o negociada, de la reexportación de tecnologías susceptibles de doble uso, civil y militar, ha recibido en ciertas informaciones y análisis un tratamiento claramente ideológico. Aparece, asimismo, en este tipo de informaciones un mensaje -presentado subliminarmente o sin ambages-: ciertos departamentos y hombres públicos se oponían a la adhesión al COCOM, mientras que otros defendían tal opción a causa de una diferente apreciación de la necesidad de facilitar la modernización tecnológica. Los primeros se centrarían en la preservación de la soberanía nacional y serían refractarios ante las necesidades tecnológicas; los segundos estarían más a la altura de los tiempos y se embarazarían menos con el anacronismo de independencias nacionales sobrepasadas en la era de la interdependencia y de las limitaciones de la soberanía. Una especie de polémica entre los clásicos y los modernos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, durante mi gestión, habría sido sensible en este y otros temas a las cuestiones de soberanía; impermeable o miope en temas relacionados con la recepción imprescindible de los nuevos procedimientos técnicos y científicos. Otros departamentos habrían adoptado la posición inversa. De ahí una pugna que se habría resuelto con el reajuste del Gabinete.

Tal planteamiento, ni hace justicia a Exteriores ni tampoco a sus supuestos opositores. Exteriores aparecería como anacrónico y empecinado, otros departamentos, como demasiado sensibles a la presión exterior. Mal papel para todos. Pero, sobre todo, lo que padece es la verdad, distorsionada en gracia a la espectacularidad. Pues nunca, ni en el seno del Gobierno ni en sus proximidades, se entabló un debate en estos términos, sino que se realizaron estudios, análisis técnicos y se intercambiaron opiniones que podían diferir en conclusiones, pero que se asentaban en posiciones de fondo en las que no se manifestaban discrepancias de índole política. Parece, pues, necesario que con la discreción lógica en temas delicados se oriente a la opinión.

Expuesto simplemente, el tema se sitúa en base a tres elementos: a) la necesidad que la economía española tiene de recibir aportes tecnológicos que hagan posible la modernización de su sistema productivo industrial; b) el recelo de ciertos países exportadores de tecnología de que ciertos productos y procesos de uso civil, pero de eventual utilización militar, pudiesen ser reexportados a naciones pertenebientes a un bloque antagonista; e) el indudable carácter occidental de España y la voluntad de su Gobierno de contribuir, siempre en la medida de su soberanía y sin caer en dependencias incontrolables, a su solidez y defensa.

Podría añadirse otro factor, espero que no puesto en duda por nadie razonable: que la relación con los occidentales, y en este caso con Estados Unidos, se sirve mejor en un plano de respeto mutuo y de no injerencia y que es también esencial el saneamiento de la relación evitar toda sombra de presión, no ya de imposición o mandato. De dejar planear sombras en este punto se provocan reacciones y se crean malestares no siempre fáciles de disipar.

No es sano, en efecto, que la opinión nacional pueda entender que se le ha impuesto algo simplemente porque la relación de poder sea desequilibrada. Ni conviene, ciertamente, a Estados Unidos esta apariencia: de ir implantando sus criterios sin atender a las razones de sus socios. Conviene, por el contrario, que el trato tenga en cuenta los legítimos intereses de ambas partes. Poco servicio prestan, pues, a la relación hispanoamericana quienes, por tropismo u oportunismo, aparecen, inconscientemente sin duda, justificando una cesión en base a una diferente ca pacidad de presión.

Presentar a los defensores de una tesis técnica como David ante el poderoso es ejercicio vistoso, pero peligroso y poco ajustado a la realidad; hacer aparecer la opción contraria como prueba de acertado realismo tiñe a sus defensores de una actitud psicológica y política que no merecen.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, durante mi gestión, ha sido siempre favorable a la importación de tecnología de punta. Durante aquel período se han celebrado importantes acuerdos de cooperación económica que reglan este importante tema. En lo que se refiere a Estados Unidos, se llevó a las Cortes el Acuerdo de Amistad y Cooperación y los acuerdos complementarios de Cooperación Técnica y Científica y el referente a armamento. Los productos militares no han planteado cuestión alguna, perfectamente encuadrado el tema en los acuerdos y en el funcionamiento de los comités y del mismo Consejo Hispano-Norteamericano, que han sido vitalizados en los dos últimos años.

La cuestión que exigía trato y diálogo era el del futuro destino de productos civiles, pero susceptibles de utilización militar. El Gobierno partió de dos principios: el reconocimiento del interés legítimo de Estados Unidos en que tal operación no redundase en una disminución relativa de su seguridad; que la transferencia de tecnología en España fuese tal y no un simple préstamo o coloniaje que no permitiese a nuestro país una posesión y dis-

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posición efectivas, tanto de lo transferido como de lo desarrollado en base a la transferencia inicial.

Sobre estas bases, en las que coincidían los distintos departamentos, se aceptaba la necesidad de establecer el sistema más adecuado y equitativo. Cabía ofrecer garantías adoptadas conforme a nuestro proceso administrativo y jurídico que satisficiese al exportador -de ahí las consultas y negociación- o adherir a un organismo, el Comité Multilateral de Exportaciones (COCOM), creado en 1974, en el que participan los países partes del Tratado del Atlántico Norte -salvo Islandia- y el Japón.

Después de trabajos profundos y detallados de una comisión interministerial, se redactó una orden ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda, con fecha de 5 de junio de 1985, que establecía un control semejante al practicado por los propios países del COCOM -certificado de importación más certificado de verificación de entrada-, sistema adoptado por otros países, como Suiza. Con este sistema equilibrado, cualquier Gobierno exportador de tecnología sensible disponía de garantías suficientes. Al mismo tiempo se evitaba que España tuviese que publicar una lista de países embargados, así como embargar su propia tecnología de doble uso a dichos países. Sólo se prohibiría la reexportación a petición concreta e individualizada del país exportador a España.

Hay que añadir que la participación de España en el COCOM tampoco resuelve todos los problemas de transferencias de tecnología de doble uso, ya que la lista de los embargados por Estados Unidos es más extensa que la del COCOM, con lo que, paradójicamente, había que volver en algunos casos al sistema de la orden de 5 de junio de 1985.

Naturalmente, el Gobierno está legitimado para, en una reflexión posterior, llegar a la conblusión de que era más conveniente adherir al COCOM. Es una cuestión opinable. Lo que creo que no conviene a nadie -es necesario que alguien lo diga con libertad- es que los medios justifiquen esta nueva reflexión en base a una supuesta presión consistente en dificultar el establecimiento de ATT en España. Tal presión, de existir -y yo no he tenido conocimiento preciso de ella durante mi gestión-, no sería admisible, puesto que el país exportador tenía, y así lo reconocía, garantías suficientes. Quienes esto afirman deberían probarlo.

Aceptar el interés legítimo del exportador es lógico y correcto. Adelantar versiones, sin duda carentes de base, de cesión, no corresponde a la seriedad y responsabilidad de un Gobierno cuyos departamentos se han inspirado siempre en una misma actitud de defensa de la mejor posición española.