Los 'efectos secundarios' de la reforma agraria en Andalucía

En septiembre se aprobarán los primeros decretos de actuación en la comarca de Antequera, primera de las afectadas por la llamada ley de Reforma Agraria. Aunque la norma no se ajuste con precisión a la reivindicación histórica que se esconde tras el título, los gestores del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) se han encontrado en el último año con propietarios temerosos, economías subterráneas, datos contradictorios, fraudes a la ley y un cúmulo de datos inservibles en los catastros, elencos y censos oficiales. Sólo el 10% de las explotaciones funciona empresarialmente bien.

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En septiembre se aprobarán los primeros decretos de actuación en la comarca de Antequera, primera de las afectadas por la llamada ley de Reforma Agraria. Aunque la norma no se ajuste con precisión a la reivindicación histórica que se esconde tras el título, los gestores del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) se han encontrado en el último año con propietarios temerosos, economías subterráneas, datos contradictorios, fraudes a la ley y un cúmulo de datos inservibles en los catastros, elencos y censos oficiales. Sólo el 10% de las explotaciones funciona empresarialmente bien.

Desde que se declaró a Antequera como primera comarca de actuación de la ley de Reforma Agraria hasta la inminente publicación de los primeros decretos de actuación, que muy probablemente contemplarán expropiaciones de uso, habrá transcurrido un año.Para cumplir el objetivo de la ley, que José María Sumpsi, director del IARA organismo encargado de ejecutarla, resume en "propiciar una agricultura más moderna, más eficiente y sobre todo más transparente", lo primero era conocer con exactitud qué y de quién era la tierra.

Esa tarea de mesa comenzó a confeccionarse tomando como base los archivos oficiales, y ahí se descubrió que los censos y catastros no están actualizados y son un desbarajuste de cifras y datos,

Se manejaron documentos como el catastro y los parcelarios del Instituto Geográfico y Catastral, el elenco de propietarios de ese instituto, el censo de explotaciones agrarias, el listado de cotos, los primeros estudios sobre la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, documentación de las cámaras agrarias y, sobre todo, el censo de gasóleo.

Subvenciones al gasóleo

Aquí aparecieron las primeras contradicciones, debido a que ese censo se utiliza para las subvenciones de gasóleo, que en principio eran en litros y ahora son en pesetas. Muchos propietarios andaluces declaraban más tierra de la que tenían con objeto de obtener mayores subvenciones. Ahora pretenden desmentir ese censo para eludir la ley, que contempla actuaciones en aquellas fincas deficientemente explotadas cuya extensión sea superior a 300 hectáreas de secano y -50 de regadío. El primer diseño realizado basándose en esa documentación arrojaba un total de 150 propiedades en la comarca de Antequera, 130 en la de Estepa-Osuna, 300 en la vega de Córdoba y 450 en la vega de Sevilla. Pero una vez que se aprueban los decretos por los que se declaran esas comarcas como afectadas por la ley, se observa que esos datos no tienen nada que ver con la realidad.

Los catastros eran obsoletos y antiquísimos. Se inicia una labor de cotejo, propietario por propietario, de la que se deducen nume osos errores, dificultades cartográficas y, en el caso de una cámara agraria de Sevilla, falseamiento de datos. El número de fincas queda en 100 en Antequera, 97 en Estepa, 181 en la vega de Córdoba y 260 en la de Sevilla.

El cuerpo de inspectores crea dos por el IARA ha observado en este período numerosos conatos de eludir la ley, empresarios díscolos, reticencias a la hora de rellenar las declaraciones y en general unas técnicas arcaicas de explotación agraria. En el último año grandes explotaciones se subarriendan y dividen verbalmente para escapar de la reforma agraria, incluso burlando la vigente ley de Arrendamientos Rústicos, que prevé un mínimo de seis años. La base territorial de las explotaciones cambia vertiginosamente, siendo los empresarios de las vegas de Córdoba y Sevilla los más avispados en ese truco.

No obstante, la ley contempla una disposición adicional que señala que "la división de una finca no será obstáculo cuando persiga un resultado contrario o fraudulento". La práctica del arriendo desata una auténtica hambre de los labradores, que llegan a pagar hasta 70.000 pesetas por hectárea, formándose un colectivo de arrandatarios desprotegidos.

Miedo al impreso

Los propietarios o detentadores en de tierras -la ley se refiere a explotaciones- afectadas se han mostrado remisos a rellenar las declaraciones sobre tipo de fincas y producciones. En Antequera hubo que realizar 17 declaraciones de oficio, en Estepa 2, en la vega de Córdoba 16, y en la de Sevilla, la más reticente, 55.Hasta ahora la agricultura estaba escasamente controlada, tanto por la inspección de Hacienda como por la del Inem, para el control de jornales. Los inspectores del IARA han apreciado auténtico temor en los propietarios, empresaríos o poseedores de tierras ante el impreso de declaración de tierras, porque actúa como. tenaza entre posibles beneficios en el gasóleo, si se declara más, y la ley de Reforma Agraria, o entre el íntento de eludir al fisco, si se declara por debajo de la producción, y la misma ley agraria.