La ley de Sanidad será financiada básicamente en una primera etapa por las cotizaciones

La ley de Sanidad será financiada fundamentalmente y en una primera etapa por las cotizaciones a la Seguridad Social, que afectan al 93% de la población. Este es el contenido básico del acuerdo al que llegaron ayer, en presencia del presidente del Gobierno, Felipe González, los ministros de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch; de Hacienda, Miguel Boyer, y de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia. Según fuentes de la Administración, el anteproyecto de ley ya ha quedado listo para ser aprobado en el Consejo de Ministros con carácter decisorio que se celebrará el próximo día 3 de abril.

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La ley de Sanidad será financiada fundamentalmente y en una primera etapa por las cotizaciones a la Seguridad Social, que afectan al 93% de la población. Este es el contenido básico del acuerdo al que llegaron ayer, en presencia del presidente del Gobierno, Felipe González, los ministros de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch; de Hacienda, Miguel Boyer, y de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia. Según fuentes de la Administración, el anteproyecto de ley ya ha quedado listo para ser aprobado en el Consejo de Ministros con carácter decisorio que se celebrará el próximo día 3 de abril.

MadridEl problema de la financiación de la ley de Sanidad ha sido la causa principal del bloqueo que ha sufrido el anteproyecto de ley, que entró en el Consejo de Ministros hace cuatro meses. Tras la reunión de ayer se desprende que los departamentos más directamente económicos del Gobierno han aceptado básicamente la tesis del Ministerio de Sanidad.Consistía esta propuesta en mantener, mientras la asistencia sanitaria no sea asumida por los Presupuestos del Estado, un sistema mixto por medio de las cotizaciones a la Seguridad Social (un 93% de la población en la actualidad). Otro 4% correspondería a los sectores marginales de la sociedad que no pueden costearse la cotización a la Seguridad Social. Para ellos, la asistencia sería gratuita mediante una cartilla especial. Queda, finalmente, un 3% restante que dispone de medios para pagar una sanidad privada y que tendría acceso a la sanidad pública mediante el pago de las tasas previstas en la ley.

Respecto a la financiación de los nuevos servicios que prestará a los españoles la sanidad pública de acuerdo con el texto del anteproyecto (psiquiatría, medicina comunitaria, estomatología ... ), se ha acordado el principio de que no serán en todos los casos completamente gratuitos, y, por tanto, los beneficiarios de la Seguridad Social que necesiten de estos servicios deberán realizar algún tipo de aportación. Una comisión compuesta por técnicos de los tres ministerios citados estudiará en estos días la aplicación concreta de este principio.

Los impuestos, las cotizaciones y las tasas son, por tanto, los instrumentos financieros que van a hacer posible la aplicación de la ley. Los impuestos procederán en su mayor parte de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas. Las cotizaciones serán remitidas por la Seguridad Social y las tasas tendrán que ser pagadas por quienes teniendo recursos suficientes no coticen a la Seguridad Social.

Esta fórmula de financiación ha sido recibida críticamente por algunos sectores. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha explicado que el hecho de que se perpetúe el sistema de cotizaciones y que se abra la posibilidad de que los usuarios paguen unas tasas impiden tanto la universalización de las prestaciones como la gratuidad de la asistencia sanitaria, "que deberían ser los dos objetivos de la ley". "Esta cuestión", dicen los defensores de la sanidad pública, "desfigura totalmente el objetivo del servicio o sistema nacional de la salud que se pretende establecer".

Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias, que participó en la redacción inicial de la ley y que se ha mostrado de acuerdo con el texto en general, se opone radicalmente, según ha manifestado el secretario general de esta federación, José Domingo Gómez, al sistema de financiación en lo que se refiere a las aportaciones que, deben hacer los municipios. "Con el sistema financiero que se ha tenido en cuenta en el anteproyecto se castiga económicamente a las corporaciones locales al exigirles que aporten dinero para algo que ellos luego ni siquiera van a gestionar".

A estas críticas de sectores que globalmente están de acuerdo con el anteproyecto, se han sumado en los últimos días las de sectores corporativistas representados por el presidente del Consejo General de Colegios Médicos, Ramiro Rivera. Este, ha expresado su temor de que el texto que puede ser aprobado la próxima semana no recoge lo pactado con el ministro de Sanidad, sobre todo en la cuestión de la libre elección de médico, que ha sido uno de los caballos de batalla en las conversaciones de Lluch con Rivera.

Para el ministerio, el anteproyecto, tal cual ha quedado redactado para su presentación al consejo de ministros, recoge una novedad importante: la creación del Sistema Nacional de Salud, que universalizará de hecho la asistencia sanitaria.