El primer bienio socialista

LA INVESTIDURA COMO presidente de Felipe González -votada por el Congreso el 2 de diciembre de 1982- inauguró hace dos años el período de mandato socialista. Los otros dos jefes del Ejecutivo con militancia en el PSOE -Francisco Largo Caballero y Juan Negrín- ocuparon su cargo durante la guerra civil, bajo la legitimidad republicana y al frente de coaliciones. De esta forma, la originalidad y la importancia de la llegada al poder de los socialistas en 1982 -tras unas elecciones libres, en el marco de una monarquía parlamentaria y con mayoría absoluta en las Cortes- difícilmente podrían ser exa...

LA INVESTIDURA COMO presidente de Felipe González -votada por el Congreso el 2 de diciembre de 1982- inauguró hace dos años el período de mandato socialista. Los otros dos jefes del Ejecutivo con militancia en el PSOE -Francisco Largo Caballero y Juan Negrín- ocuparon su cargo durante la guerra civil, bajo la legitimidad republicana y al frente de coaliciones. De esta forma, la originalidad y la importancia de la llegada al poder de los socialistas en 1982 -tras unas elecciones libres, en el marco de una monarquía parlamentaria y con mayoría absoluta en las Cortes- difícilmente podrían ser exageradas. En una perspectiva histórica, ese acontecimiento inicial y el normal desenvolvimiento del Gobierno González a lo largo de su primer bienio serán los datos principales que retendrán futuras generaciones. La auténtica alternancia en el poder (a diferencia de los usos caciquiles de la Restauración) y el hecho de que no fuera traumática (en contraste con los tormentosos tiempos de la II República) confirmaron que el sistema democrático español funcionaba por vez primera.Pero resulta que la labor llevada a cabo por los socialistas durante los dos primeros años de su mandato ha de ser valorada también de acuerdo con patrones políticos y no sólo según criterios históricos. Diversos sondeos de opinión realizados a lo largo de este otoño de 1984 ofrecen el curioso resultado de que Felipe González continúa conservando sus apoyos sociales mientras que los ciudadanos manifiestan cierto desaliento respecto a la situación general del país y no parecen creer que las cosas hayan mejorado significativamente. La ausencia de una alternativa razonable y la conciencia de la inexistencia de recetas mágicas para las dolencias de nuestra economía pueden explicar la paradoja de que el aprobado concedido al Gobierno coexista con una visión más bien negativa de los resultados concretos de sus esfuerzos.

La política económica de los socialistas, pese a sus promesas de crear 800.000 nuevos puestos de trabajo a lo largo de la legislatura, se ha traducido en un incremento de las cifras de paro. La estrategia de reconversión industrial, imprescindible para el saneamiento económico pero instrumentada con escasa habilidad, ha aumentado a corto plazo los niveles de desempleo y ha deteriorado gravemente la popularidad del Gobierno en las zonas afectadas. La política exterior del Gobierno, por su parte, ha virado hacia la permanencia en la Alianza Atlántica. Tampoco la promesa de conseguir que las cosas funcionen se ha materializado en grandes hechos. El aparato estatal, la administración de la justicia, la Seguridad Social, el sistema de transportes y las empresas públicas siguen castigando implacablemente a los ciudadanos con sus ineficacias, despilfarros y carencias. La construcción del Estado de la autonomías se mueve entre la incomprensión política e histórica de los problemas catalán y vasco y las anécdotas que rodean la edificación del poder regional en otras comunidades. Pese a las reformas legislativas emprendidas por algunos departamentos (entre ellos Educación, Trabajo, Cultura y Justicia), el cambio no es todavía algo tangible para los españoles. La patológica degeneración de Televisión Española, sedicente espejo del cambio, y la misteriosa impotencia del Gobierno para cesar a su incompetente director general no han hecho sino contribuir a la frustración.

Entre los nuevos equipos de cargos políticos es fácil encontrar honradez, dedicación y talento, pero el tránsito desde la sociedad hasta el aparato del Estado ha producido en algunos sectores del partido socialista -no tan minoritarios- una infautación ridícula, resistente a la crítica, y una preocupante tendencia a descalificar a los discrepantes. Aunque la corrupción personal parece inexistente o mínima entre los cargos políticos, y aunque las denuncias de corrupción institucional (en beneficio del PSOE) no hayan sido probadas, el desparpajo de algunos administradores del dinero público para organizar el derroche sigue siendo notable.

En el terreno de las libertades los esfuerzos orientados a modificar el marco legal de la protección de los derechos fundamentales (desde las reformas del Código Penal y de la ley de Enjuciamiento Criminal hasta las nuevas normas de asistencia letrada al detenido y de hábeas corpus) han sido meritorios, pero han recibido innecesarios recortes, han estado seguidos por lamentables rectificaciones y se hallan globalmente empañados por la impresentable ley Antiterrorista. El Ministerio del Interior ha transformado el carácter prioritario de la lucha antiterrorista en un objetivo casi único; y es significativa la insensibilidad del Gobierno entero ante las denuncias de violaciones de los derechos humanos y la brutalidad de determinadas actuaciones represivas. Se ha aplazado la unificación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, se ha concedido un protagonismo exclusivista a la Guardia Civil y se ha protegido las actividades ilegales de los servicios de información. El Gobierno, no obstante, ha logrado que finalmente Francia prestase su colaboración a la democracia española y pusiera fin al santuario del que se beneficiaban dentro de su territorio las bandas armadas. La continuación de la política de reinserción social de los ex terroristas ha sido el complemento de una estrategia orientada a erradicar la violencia asesina de ETA mediante una eficaz acción combinada de medidas policiales y políticas.

En el arranque de la segunda mitad de su mandato, Felipe González tendrá que afrontar los coletazos a la desesperada de un terrorismo en repliegue, la prueba del 30º Congreso del PSOE, la protesta obrera en las zonas reconvertidas, las interrogantes en torno a nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea, las tentativas conservadoras de vincular a su causa las movilizaciones sectoriales y corporativistas, las negociaciones para alcanzar el consenso parlamentario sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica y la consulta pública sobre la decisión final. El acierto del presidente en una probable remodelación del Gobierno, las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la LODE y el aborto, el curso de la inflación y el desempleo, las elecciones gallegas y los reagrupamientos de la derecha democrática alimentarán la historia del próximo bienio.