La Junta de Andalucía proyecta una ley de archivos, bibliotecas y museos
El Parlamento andaluz estudiará este otoño los proyectos de ley de archivos, bibliotecas y museos, elaborados por la Consejería de Cultura, y que constituyen un intento serio de conservar el inmenso patrimonio andaluz en este sentido, así como de poner ese caudal de cultura al alcance de los ciudadanos. El respeto a la propiedad privada de los bienes culturales y el derecho del ciudadano a su disfrute son los dos elementos que estos proyectos de ley tratan de conciliar para lograr sus propósitos.En estos tres proyectos, que en realidad podrían considerarse como uno solo por la similitud de...
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El Parlamento andaluz estudiará este otoño los proyectos de ley de archivos, bibliotecas y museos, elaborados por la Consejería de Cultura, y que constituyen un intento serio de conservar el inmenso patrimonio andaluz en este sentido, así como de poner ese caudal de cultura al alcance de los ciudadanos. El respeto a la propiedad privada de los bienes culturales y el derecho del ciudadano a su disfrute son los dos elementos que estos proyectos de ley tratan de conciliar para lograr sus propósitos.En estos tres proyectos, que en realidad podrían considerarse como uno solo por la similitud de intenciones y de vías para llegar a la solución de los problemas, se parte de la aceptación del derecho de los ciudadanos al acceso a la cultura, tanto en lo que se refiere al patrimonio histórico-documental (archivos) e histórico-artístico mueble (museos) como los registros culturales de todo tipo (bibliotecas).
Las tres leyes pretenden amparar y regular el derecho de los ciudadanos a este servicio público, pero al tiempo consideran necesario mantener el respeto a la propiedad privada de ciertos bienes culturales, así como proteger y fomentar la iniciativa privada en la creación de archivos, bibliotecas y museos. Para aunar los dos propósitos se define el concepto de archivo, biblioteca o museo de uso público, que es el financiado directa o indirectamente con fondos públicos. A ellos afectan las leyes en toda su extensión, mientras que los centros que no cumplen tales condiciones se ven sujetos únicamente a la normativa que vela en las leyes por la conservación y defensa del patrimonio cultural.
Respecto a los centros de uso público se dispone que no podrán ser meros depósitos de bienes culturales, sino que han de tener determinados servicios y secciones y cumplir ciertos requisitos técnicos de organización y orientación, de manera que cumplan la tarea de poner a disposición del ciudadano los bienes culturales que almacenan.
Por otra parte, en la ley existe una intención descentralizadora, con creación de centros provinciales o comarcales cuando las circunstancias lo requieran. En la línea de consolidación de las instituciones autónomas se prevé la creación de la biblioteca de Andalucía y el archivo general de Andalucía.