El Gobierno aplaza un real decreto sobre exhibición pública de material audiovisual

El Consejo de Ministros aplazó ayer la aprobación de un proyecto de real decreto por el que se regulaba la exhibición pública de material audiovisual y cuyo objetivo era evitar la exhibición pirata, especialmente de películas cinematográficas transferidas al soporte vídeo. Sin embargo, ni el vocablo vídeo ni otros derivados del mismo son mencionados expresamente en el breve texto del proyecto, que, a su vez, deroga el vigente Decreto 233/1971, de 21 de enero. La comisión de subsecretarios había dado su visto bueno antes de la deliberación del Consejo de Ministros al que fue elevado el proyecto...

El Consejo de Ministros aplazó ayer la aprobación de un proyecto de real decreto por el que se regulaba la exhibición pública de material audiovisual y cuyo objetivo era evitar la exhibición pirata, especialmente de películas cinematográficas transferidas al soporte vídeo. Sin embargo, ni el vocablo vídeo ni otros derivados del mismo son mencionados expresamente en el breve texto del proyecto, que, a su vez, deroga el vigente Decreto 233/1971, de 21 de enero. La comisión de subsecretarios había dado su visto bueno antes de la deliberación del Consejo de Ministros al que fue elevado el proyecto por los ministros de Cultura e Interior.

Portavoces del Ministerio de Cultura manifestaron ayer que la no aprobación por el Consejo de Ministros se debió a falta de tiempo para su deliberación y que será discutido la próxima semana. El proyecto regulaba, según el texto al que ha tenido acceso este periódico, la "exhibición pública de material audiovisual", sin considerar la piratería de grabaciones en videocasetes para la venta y consumo particular. La protección de los derechos de autor sería completada en la futura ley de Propiedad Intelectual.

Certificados de exhibición

La exhibición pública de material audiovisual y de videocasetes requerirá en el futuro, en el caso de que se apruebe este proyecto, la obtención previa de certificados que la autoricen tanto por parte de los establecimientos como de las empresas titulares de la explotación de las obras.Uno de los artículos del proyecto de real decreto dispone que "la exhibición pública de material audiovisual requerirá la previa obtención de un certificado que será expedido por el Ministerio de Cultura de acuerdo con lo que se determina en el presente real decreto. Sin perjuicio de lo anterior, cuando el material audiovisual sea mera reproducción de obras cinematográficas, los establecimientos en que pretenda exhibirse deberán obtener el correspondiente permiso del gobierno civil respectivo y ajustarse, sin excepción alguna, a las normas reguladoras de las salas de exhibición cinematográfica".

El real decreto establece asimismo una cláusula similar para "las empresas titulares del derecho de explotación de material audiovisual destinado a la exhibición pública", que deberán obtener previamente "el correspondiente certificado, que será expedido por la Dirección General de Cinematografía del Ministerio de Cultura".

Estos certificados deberán acompañar a cada una de las copias autorizadas para la exhibición pública. Cuando el certificado "se expida para más de 50 copias, será suficiente que en el soporte o carátula de cada copia se transcriba impreso el contenido literal del certificado. Cuando el contenido del material audiovisual sea mera reproducción de una obra cinematográfica calificada por el Ministerio de Cultura se otorgará a aquél la misma calificación que en su día fue otorgada a esta última. En estos casos se especificará además en el certificado que dicho material audiovisual no puede ser difundido fuera de las salas de exhibición cinematográfica".

Los últimos artículos facultan a los ministerios de Cultura e Interior, sin perjuicio de las competencias de otros organismos de la Administración, a exigir las correspondientes responsabilidades por infracción de lo dispuesto en el proyecto. "Cuando existan indicios de responsabilidad criminal", finaliza el proyecto, "se pasará el tanto de culpa a los tribunales competentes".

Se dice en la exposición de motivos del proyecto que la anterior legislación (el mencionado Decreto 233/1971, de 21 de enero, y la posterior Orden de 27 de febrero de 1973), "independientemente de su inadecuación a los principios constitucionales sobre libertad de expresión, resulta en la actualidad evidentemente insuficiente dado el progreso en la técnica audiovisual y las situaciones de hecho acaecidas desde entonces, y hacen precisa, con carácter de urgencia, la aclaración y puesta al día de la normativa referente a su utilización pública".

La exposición de motivos hace hincapié en la necesidad de "evitar notorios supuestos de competencia desleal" y considera "imprescindible" que se regule "'la utilización de material audiovisual cuyo contenido es mera reproducción de obras cinematográficas adecuando su exhibición pública a las normas establecidas para dichas obras".

La industria cinematográfica española, al igual que sucede en otros países, se ha visto particularmente afectada por la piratería en las grabaciones y comercialización ilegal de películas pasadas al soporte vídeo. La industria pirata del vídeo en España podría mover en estos momentos más de 2.000 millones de pesetas, cifra que, sin embargo, algunos sectores del cine consideran inferior a la que se registra en este sector subterráneo de la economía. El problema de la piratería en la exhibición se agrava con la difusión semipública de copias ilegales en las instalaciones y circuitos de vídeo de comunidades de vecinos. La obtención de estas copias ilegales se realiza, en algunos casos, directamente en las salas de cine e incluso, como denunció un inspector de policía, en automóviles equipados con telecines primarios. De ahí que gran parte de las copias ilegales adolezcan de falta de calidad en la imagen.

Los productores, distribuidores y exhibidores de cine, la Sociedad General de Autores de España (SGAE) y las empresas legales de vídeo, como la Asociación Videográfica Española (AVE), denunciaron en repetidas ocasiones la falta de una normativa jurídica que evite y sancione la piratería en las videograbaciones de películas de cine. Casi todas las películas que se estrenan en salas comerciales suelen tener al poco tiempo, como ha ocurrido ya en Barcelona con el largometraje El Sur, dirigido por Víctor Erice, su réplica clandestina en cintas de vídeo para su venta a través de algunos canales comerciales de videocasetes.

El proyecto de real decreto que no fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros se proponía evitar la piratería del vídeo en lo que se refiere a la exhibición pública y dejaba para un posterior desarrollo, especialmente a través de la futura ley de Propiedad Intelectual, otros aspectos, entre ellos, la grabación, venta y alquiler ilegales para consumo individual.