Los enemigos de la salud del pueblo español /1

Contrariamente a la mentalidad triunfalista de los pronunciamientos oficiales, la realidad sanitaria y médica española es sumamente preocupante. Los problemas de la salud española y de los servicios médicos son resultado de cuarenta años de dominio de las instituciones políticas, sociales y civiles por parte de la derecha española en sus distintas versiones, tanto franquista, como posfranquista, cuarenta años de dominación cuyas consecuencias para la salud y la medicina son múltiples.Una ha sido el abandono de la infraestructura de equipamientos sanitarios ambientales, que determinó que, en 19...

Contrariamente a la mentalidad triunfalista de los pronunciamientos oficiales, la realidad sanitaria y médica española es sumamente preocupante. Los problemas de la salud española y de los servicios médicos son resultado de cuarenta años de dominio de las instituciones políticas, sociales y civiles por parte de la derecha española en sus distintas versiones, tanto franquista, como posfranquista, cuarenta años de dominación cuyas consecuencias para la salud y la medicina son múltiples.Una ha sido el abandono de la infraestructura de equipamientos sanitarios ambientales, que determinó que, en 1978, el 80% de las poblaciones españolas no tuvieran tratamiento adecuado de aguas negras, creando amplias zonas endémicas y epidémicas tifoideas todavía existentes en grandes sectores del pueblo español. Y no olvidemos la epidemia de cólera que ocurrió en la década de los setenta. A ello hay que añadir el desarrollo capitalista desenfrenado de los años sesenta y setenta, que se produjo sin ninguna protección del trabajador ni del consumidor.

Es bien conocido en medios internacionales de salud pública que cuando a industrias norteamericanas y de otros países industrializados se les prohibía la utilización de ciertas sustancias tóxicas, aquéllas se desplazaban a la España de Franco (y de después), donde no había ningún tipo de protección. Muchas de aquellas sustancias tóxicas producen cáncer. Escribí a las autoridades españolas alertándolas del peligro. Ni siquiera recibí acuse de recibo de mi carta. Hoy la situación continúa igual. Sustancias enormemente tóxicas, como son el amianto, se utilizan abundantemente en España sin prácticamente ningún tipo de control. Muchos obreros que trabajan con amianto y muchos ciudadanos, incluyendo niños, que están expuestos a aquel producto en sus escuelas y viviendas morirán en los próximos años debido a esta falta de protección del trabajador, del consumidor y del medio ambiente en España. Ejemplos bien documentados son numerosos. Grandes áreas de salud y medicina laboral, ambiental y protección del consumidor son ignoradas o insuficientemente tratadas por la reglamentación, gestión y ejecución de la legislación vigente. La clase de empresarios e industriales de España y el Estado que domina son los principales responsables por la toxicidad, contaminación, daño y muerte que se impone a los trabajadores y consumidores españoles.

¿Quién controla los recursos?

Ante esta realidad cabe preguntarse qué hace la medicina española y la Seguridad Social. Un argumento que se da con frecuencia para justificar una respuesta deficitaria es que no hay suficientes recursos sanitarios o médicos. Hay que cuestionar esta postura. El problema no es la escasez de recursos, sino el control de los mismos. Es bien conocido a nivel internacional que la Seguridad Social española, hasta mediados de los años setenta, era uno de los pocos sistemas en Europa que tenía superávit cada año.

En resumidas cuentas, habían más ingresos que gastos, actuando como un ahorro forzoso, impuesto a la clase trabajadora, para beneficio del capital, sobre todo de la banca y de las cajas de ahorro, en donde aquellos fondos se depositaron. Mientras en la Seguridad Social un médico veía hasta setenta pacientes por hora, el capital financiero se beneficiaba de aquel ahorro forzoso que impedía un mejoramiento de aquellos recursos.

El maridaje entre la burocracia franquista que controlaba y continúa controlando la Seguridad Social con sectores del capital industrial y financiero ha sido y es responsable en gran medida de la situación tan preocupante en que se encuentra la Seguridad Social. Pero esa responsabilidad es también compartida por otros sectores que se benefician de aquella situación, contribuyendo a su deterioro.

Hoy, en los ambulatorios de la Seguridad Social, los médicos ven -no visitan-, como promedio, treinta pacientes por hora. Dos minutos por paciente. Este mismo médico trabaja dos horas diarias en el seguro, lo suficiente para poder dedicarse a la medicina privada, en la que ve cuatro o cinco pacientes por hora. Este médico, consciente o inconscientemente, está actuando en la Seguridad Social como mero agente de distribución de la industria farmacéutica.

Cerca del 80% de los ingresos de esta industria provienen del gasto público. Esta industria es bien conocida a nivel internacional, por no ser española. Es una industria sucursalista, con la mayor parte de patente procedente de compañías multinacionales, compañías que son bien conocidas por sus muchos casos de corrupción y falsificación de publicidad en sus prácticas en los países donde no hay control del fármaco o donde el control es deficiente, como en España. Ejemplos hay múltiples. En un estudio de las multinacionales farmacéuticas norteamericanas llevado a cabo por el Congreso estadounidense se dio a conocer que varias industrias farmacéuticas norteamericanas, incluyendo la Merck, habían pagado 750 millones de pesetas a autoridades de varios países, incluyendo a España. ¡La seducción de las multinacionales no comenzó con el caso F-16!.

En cuento a su comportamiento en España, hay que subrayar que en un estudio reciente se observó que la información dada en la publicidad de los fármacos en España era inadecuada, errónea o incompleta en el 80% de los casos. La industria farmacéutica es una de las fuerzas que se beneficia más de la situación incontrolada y caótica en que se encuentra la Seguridad Social. Este caso y muchos otros muestran cómo el sector público es utilizado y controlado por el sector privado, y no a la inversa.