Perplejidades democráticas

A medida que, después del 24 de febrero, transcurre el tiempo, las cosas, en vez de esclarecerse, se oscurecen. Es evidente que todos hemos internalizado, en mayor o menor grado, el golpe y que, por tanto, este no ha ocurrido, de ninguna manera, en vano. Diríase que, en el multigolpe, la operación perpetrada por Tejero -la «brillante» y aun «heroica», a juicio de la extrema derecha- ha sido el detonante y desencadenante, útil aunque «excesivo», de la acción militar ulterior; y casi otro tanto puede decirse de la operación Milans del Bosch. Pero que, en cambio, la exaltación del general Armada ...

A medida que, después del 24 de febrero, transcurre el tiempo, las cosas, en vez de esclarecerse, se oscurecen. Es evidente que todos hemos internalizado, en mayor o menor grado, el golpe y que, por tanto, este no ha ocurrido, de ninguna manera, en vano. Diríase que, en el multigolpe, la operación perpetrada por Tejero -la «brillante» y aun «heroica», a juicio de la extrema derecha- ha sido el detonante y desencadenante, útil aunque «excesivo», de la acción militar ulterior; y casi otro tanto puede decirse de la operación Milans del Bosch. Pero que, en cambio, la exaltación del general Armada es el objetivo «razonable» en el que culminará esta primera etapa. «Por supuesto», ningún militar será seriamente sancionado. Pero Armada, tras el juicio, nada sumarísimo, saldrá engrandecido, y a eso es a lo que se va. El artículo del colaborador de periódicos tan poco conocido como Ramón Hermosilla, La servidumbre de la toga, que apareció en la tercera página -tan venida a menos desde los tiempos de don Torcuato- del Abc del domingo 29, así como la decisión, por parte de la dirección del diario, de publicarlo, son una obra no diré que maestra porque no se debe exagerar, pero sí mediocremente hábil, de retorcimiento. El título haría pensar, ingenuamente, en que «la servidumbre de la toga» impone a su autor la defensa de Armada, pese a su disconformidad con el comportamiento del acusado. Pero no hay tal cosa el defensor nos dice que está absolutamente seguro de su inocencia. Continuando en la línea de la lectura ingenua, podría pensarse que el artículo se escribe para protestar de que a un procesado, por el mero hecho de serlo, se le dé por culpable. Cualquier lector de buena fe estará de acuerdo con el principio general, aunque es menester reconocer que, en el caso concreto ante el que estamos, las circunstancias de su destitución por su superior y el informe del ministro de Defensa no son grano de anís, y si bien es verdad que no hay todavía sentencia, parece á todas luces impertinente exhumar un texto legal «contra las maledicencias de la pensión» y «contra las arterías e insidias de las luchas políticas». La pasión y las insidias no han intervenido aquí para nada, a no ser que el «defensor considere como tales a las motivaciones de un teniente general y del ministro del ramo.Pero no para ahí la cosa: el artículo, al final, vuelve el título del revés y lo que lamenta es que «la servidumbre de la toga» lo impida salir al paso de los infundios con los que, según él, se confunde a la opinión pública. Y termina la pieza con esta gravísima insinuación: « i Ah! si no fuera por la servidumbre y el peso de la toga ... » Continuando en la misma actitud de ingenuidad me pregunto: ¿Está autorizado un abogado defensor a dirigirse así a la opinión pública sin esperar al día en el que podrá aportar todas sus pruebas, si las hubiere, en el lugar donde procede? ¿Y no tendría más fuerza moral ese día si antes no hubiera publicado semejante artículo en el cual, para colmo de retorcimiento, parece tratar de un tema puramente general y sólo en nota al pie de página, hacia el final, que dice «el autor se refiere a la defensa del general Armada», se explica por qué lo escribe?

No hace falta agregar, para quien me conozca, que con las anteriores observaciones nada está más lejos de mi ánimo que sugerir la suspensión del Abc. He tomado este texto como ejemplo de lo difícil que es trazar, en materia de libertad de expresión, la línea penal divisoria. Resoluciones de este tipo sólo deben ser tomadas, a mi juicio, por la vía judicial ordinaria y estoy en contra de las medidas que, según parece, se van a tomar contra el diario Egin, hasta el punto de que, con alguna reserva en cuanto al breve texto, suscribiría el documento publicitariamente publicado en EL PAIS. El argumento de Pedro J. Ramírez sobre la aparente lenidad de la judicatura con respecto a la extrema derecha, válido o no, es inutilizable cuando se trata de la izquierda, para la cual aquélla parece tener muy pocas complacencias. Y es alarmante en cambio configurar, como hace el citado articulista, un supuesto «partido intelectual». Justamente porque, siendo intelectual, supongo que nadie me incluye en tal entelequia, me importa mucho declarar que escribo en defensa de la libertad de expresión en general, y de la de los intelectuales en particular. Y por eso mismo celebro muy de veras la resolución judicial a favor de la proyección de la película El crimen de Cuenca, me vaya a gustar o no, como no me gusta, porque tiene poca calidad, el diario Egin.

Vivimos tiempos confusos. Me duele, y mucho, el terrorismo, pero me alarmaría que después de tantas víctimas suyas en impunidad, ahora, de repente, empezaran a caer terroristas muertos por doquier. Y mucho más que la ocupación por el Ejército de puestos fronterizos o de protección, mientras no pase de ahí, me preocupa que ello pueda servir de pantalla a un posible desmadre de la policía, vuelta repentinamente entusiasta de la Constitución, aunque no tanto, al parecer, de la supresión de la tortura. La eliminación del terrorismo no podrá lograrse sin la colaboración del pueblo vasco, y dar la sensación de que se procede contra él constituiría el peor de los errores.

Antes de terminar quiero hacer referencia a otros dos. La ley llamada de Armonización de las Autonomías me parece, cuando menos, inoportuna. Y en cuanto al manifiesto de los intelectuales y profesionales que viven y trabajan en Cataluña, debo decir que mi larga y estrecha relación con aquel país -y sigo siendo profesor ordinario de la Escuela de Diseño Textil de Barcelona- es contraría a sus afirmaciones. Comprendo que no es lo mismo visitar Cataluña, por frecuentemente que se haga, que residir allí, pero aun así insisto en que no me parece justa la descripción que de la situación real se hace en dicho texto. Algunos de sus firmantes, y para no citar sino aquellos que ahora trato más, Amando de Miguel y Benjamín Oltra, son excelentes amigos míos y estoy seguro, porque los conozco bien, de que su experiencia personal, subjetiva, ha validado su firma. Pero ¿se trata de una experiencia generalizable? Sé de algunos casos en que catalanes mediocres -en todas partes los hay- que, por otra parte, en la época del franquismo ocultaron cuidadosamente su catalanismo, se aprovechan ahora de su lengua y condición para compensar su mediocridad, hacer la vida imposible e intentar desplazar de sus puestos a no catalanes de valía superior. Pero ¿puede decirse que esto ocurra generalmente? No lo creo y tampoco parecen pensar así los muchos y muy conocidos profesores y escritores no catalanes o catalanes de habla castellana que no aparecen en el manifiesto. La discriminación, toda discriminación, me parece censurable. Pero el anticatalanismo, y más cuando es ejercido dentro de Cataluña, también.

Y termino ya, por hoy, con mis perplejidades. Estamos cogidos, para desgracia nuestra, entre el golpismo y, el terrorismo. ¿Podremos librarnos de su tenaza? No lo sé. Sé que debemos luchar por conseguirlo. Si no lo logramos, el título de mi último artículo habría de interpretarse así: la democracia -aquel sueño del verano de 1977- se quedaría, para nosotros, en una pura invención, un montaje, juego de niños mientras los mayores en poder les dejaron, el rato de unos meses, jugar, mera irrealidad.