Altos cargos de la Seguridad Social comparecieron ante la Comisión de Presupuestos

La falta de información sobre el número de afiliados a la Seguridad Social, sobre la cuantía de las deudas de las empresas a la citada institución y la duplicidad presupuestaria -6.842 millones de pesetas- de un mismo organismo fueron los aspectos más destacados de la sesión de comparecencias de altos funcionarios que celebró ayer la Comisión de Presupuestos del Congreso.

A lo largo de la jornada, como ocurrió en las sesiones precedentes, fueron frecuentes las acusaciones mutuas entre centristas y socialistas por el retraso que se registra en el debate del articulado del proyecto de ley...

La falta de información sobre el número de afiliados a la Seguridad Social, sobre la cuantía de las deudas de las empresas a la citada institución y la duplicidad presupuestaria -6.842 millones de pesetas- de un mismo organismo fueron los aspectos más destacados de la sesión de comparecencias de altos funcionarios que celebró ayer la Comisión de Presupuestos del Congreso.

A lo largo de la jornada, como ocurrió en las sesiones precedentes, fueron frecuentes las acusaciones mutuas entre centristas y socialistas por el retraso que se registra en el debate del articulado del proyecto de ley de Presupuestos para 1981. El punto álgido de estos enfrentamientos tuvo lugar a últimas horas de la mañana, como consecuencia de la propuesta centrista para que continuaran los debates presupuestarlos a lo largo de hoy y mañana. Los socialistas se negaron en rotundo y manifestaron que el retraso que se estaba produciendo por las comparecencias era consecuencia de la previa negativa del Gobierno a facilitarles oficinas presupuestarias en cada Ministerio durante el período de enmiendas. «Sin una información suficiente no podemos debatir y aprobar algo tan importante como es el Presupuesto».Alfonso Osorio, representante de Coalición Democrática, también se opuso a continuar los debates el sábado y el domingo, y al apresuramiento de la discusión del articulado propuesta por UCD «No se trata de acabar con los presupuestos de un golletazo», afirmó Osorio. En igual sentido se pronunció un representante del Grupo Comunista. UCD, ante estas manifestaciones, matizó que su propuesta no era para sacar adelante los presupuestos de cualquier manera, sino precisamente para ganar tiempo para que pudiera haber unos debates en profundidad y a la vez que los Presupuestos pudieran entrar en vigor el 1 de enero.

Entre las múltiples comparecencias, las más destacadas correspondieron a altos cargos de la Seguridad Social. José Barca, secretario de Estado para la Seguridad Social y subsecretario del Ministerio de Sanidad a preguntas de los diputados socialistas De Vicente, Fuejo y Yuste, manifestó que la Seguridad Social no piensa suscribir deuda pública en 1981; anunció que para 1982 se presupuestarán en base cero las cuentas del Insalud y del Inserso, en tanto que el resto de las entidades gestoras se presupuestarán por programas, y negó cualquier compromiso de financiación de un porcentaje fijo de la Seguridad Social por parte del Estado hasta 1983 y 1984.

Sobre los cálculos de los ingresos de la Seguridad Social, que se realizan en función de las cuotas de empresarios y trabajadores en buena medida (éstas están relacionadas con los incrementos salariales), manifestó Barca que el incremento del 12% de salarios es un parámetro facilitado por el Gobierno en función de sus previsiones. Si el incremento salarial es mayor, concedió a los socialistas, puede haber desviación en el volumen de ingresos; pero nuestra obligación es trabajar con los parámetros que nos facilita el Gobierno.

Desconocimiento sobre el número de afiliados

El subsecretario no supo responder cuando se le preguntó, aunque prometió facilitar la información, por escrito, a los diputados sobre el número de afiliados que tiene la Seguridad Social sobre el importe de las deudas de las empresas a la citada institución, sobre la facturación a enfermos privados en la Seguridad Social y sobre el personal que actualmente trabaja para el Ministerio de Sanidad y para la Seguridad Social compartiendo ambas dependencias. En este punto manifestó que había ordenado cruzar las nóminas y que dentro de quince o veinte días podría saber cuántos trabajan a un tiempo en los dos organismos.

Finalmente reconoció la existencia de una duplicidad de presupuestación de los servicios de seguridad e higiene (aparece la misma partida de 6.842 millones del Ministerio de Trabajo y en el de Sanidad), que se había producido, dijo, por una falta de coordinación e iba a subsanarse.

El secretario de Estado para la Salud, Manuel Varela, aplazó también varias de sus contestaciones a los diputados socialistas, a los que manifestó que recabaría los datos solicitados y les informaría de inmediato por escrito. En este sentido no respondió a las circunstancias por las que se había mantenido en el proyecto de Presupuestos la misma cantidad de gastos de farmacia que figuraba en el anteproyecto, pese a que en el intervalo entre ambos textos habían subido los medicamentos y el tanto por ciento a abonar por la medicinas por parte del asegurado se habían incrementado del 30 al 40%.

Tampoco sapo cuantificar, en la comparecencia, la deuda de los laboratorios a la Seguridad Social y se mostró partidario de reducir por convencimiento el excesivo e innecesario consumo de medicamentos en España.

Deudas de la lotería

Asimismo, en el ámbito de la Sanidad y la Seguridad Social, comparecieren también el director general de Acción Social, que manifestó que el actual organigrama de su servicio es adecuado (después los socialistas, mostrarían un informe oficial del citado departamento en que se dice lo contrario); el subdirector del Servicio de Recuperación de Minusválidos, el subdirector general de Centros Asistenciales, que manifestó que hacían gestiones para cobrar más de cien millones que se les adeuda por el sorteo de la lotería de la Cruz Roja de este año (no supo confirmar o desmentir si la deuda por este concepto en los tres últimos años ascendía a seiscientos millones de pesetas), y, finalmente, el director del servicio de asistencia a pensionistas.

Durante la mañana compareció el director financiero del Instituto Nacional de Industria (INI), señor Rubio, que, entre otras cosas, informó qué de los 225.000 millones que el organismo prevé invertir en 1981, unos 23.000 irán para Andalucía, básicamente en instalaciones eléctricas y astilleros. Al preguntarle por qué la inversión del INI va a crecer sólo un 17%, cuando el Gobierno habla de un 30% para el conjunto de la Administración, dijo que desconocía oficialmente esta última cifra, pero aseguró que no hay cortapisas a los proyectos de inversión que hacen las empresas del grupo.

Centro nuclear de Soria

El vicepresidente de la Junta de Energía Nuclear (JEN), Francisco Pascual, respondió a preguntas sobre el centro nuclear de Soria realizadas por el diputado socialista Javier Solana, quien le pidió que explicara, «una vez más, qué hay detrás del centro». Pascual dijo que se ha querido ver fantasmas donde no los hay, y aseguró que en el centro de Soria se van a mostrar instalaciones relacionadas exclusivamente con la producción de electricidad y el uso pacífico de la energía nuclear. Añadió que la JEN, para mayor garantía, ha ofrecido constituir un patronato para que las autoridades de Soria puedan seguir de cerca el proceso de instalación. Y respecto a las previsiones de inversión para 1981, dijo que se dedicarán unos 280 millones de pesetas a infraestructura básica y otros cien a la preparación de proyectos de las instalaciones atómicas, entre ellas «celdas calientes» y una planta de residuos.

También comparecieron los presidentes del Fondo de Regulación de Precios y Productos Agrarios (FORPPA), Claudio Gandarias; del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), Luis Mardones, y del Instituto de Relaciones Agrarias (IRA), Luis Moro. Este último contestó a la pregunta socialista de por qué los sueldos de los antiguos funcionarios del Instituto de Colonización figuraban en dos secciones de los Presupuestos: el IRA y la AISS. Moro explicó que en su sección están previstos los sueldos porque esperan el traspaso este año de estos funcionarios, pero no explicó por qué figuran en la otra, aunque aventuró que en alguna habría que darles de baja inmediatamente.

También informaron a la comisión el presidente de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, José Guilló; el director general del Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales (Iresco), Carlos Merino; el presidente del Instituto Nacional de Consumo, Pablo González, y el presidente de la Compañía Trasmediterránea, Federico Esteve.