La OCU denuncia el uso de hormonas en la carne ante la Audiencia Nacional
Antonio García de Pablos, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), presentó ayer por la mañana, en el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, una denuncia contra «quien resulte responsable de los delitos contra la salud pública y de estafa por el suministro de productos nocivos para la salud a animales cuyas carnes son destinadas al consumo humano, especialmente los estrógenos u hormonas». Tras exponer que la salud de los consumidores puede estar en peligro por la vía alimentaria, García de Pablos considera que se da el caso de «utilización, radical y reiteradam...
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Antonio García de Pablos, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), presentó ayer por la mañana, en el juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, una denuncia contra «quien resulte responsable de los delitos contra la salud pública y de estafa por el suministro de productos nocivos para la salud a animales cuyas carnes son destinadas al consumo humano, especialmente los estrógenos u hormonas». Tras exponer que la salud de los consumidores puede estar en peligro por la vía alimentaria, García de Pablos considera que se da el caso de «utilización, radical y reiteradamente prohibida, de productos hormonales».
La OCU recoge la afirmación pública del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, en el sentido de que el peligro para la salud humana existe y que no se da el control estricto que requiere el tema. También se citan las declaraciones contrarias a la afirmación de los farmacéuticos, formuladas por los ministerios d Sanidad y Agricultura, Asociación de Ganaderos del Reino y veterinarios. «La OCU», dice García de Pablos, «es ajena a estas posturas y sólo está interesada en que quede a salvo, de una manera rigurosa y eficaz el principio constitucional de prevención de los riesgos contra la salud humana».Según la OCU, parece evidente que «nos hallamos ante un comportamiento masivo, generalizado, que está animado por un propósito ilícito de lucro a costa del riesgo de la salud pública». García de Pablos, que anuncia su decisión ce transformar la denuncia en querella para poder colaborar con el ministerio fiscal y con el juzgado en la averiguación de los hechos, pide que se ponga en marcha el campo de los procedimientos criminales, «el de más eficaz garantía», para que se erradiquen prácticas y conductas «no sólo reprobables, sino delictivas, y que ello sirva también de aviso a quienes, en otros campos o sectores, pretenden hacer prevalecer sus ilegítimos intereses y afanes de lucro, por medio de comportamientos desleales para quienes obedecen las normas rechazando tentaciones y estímulos provocativos».
La OCU pide que se abra el oportuno procedimiento penal y que se practiquen las diligencias que de la citada denuncia se derivan.
La OCU ha presentado también escrito ante la Presidencia del Congreso de los Diputados en relación con este tema, solicitando una investigación parlamentaria respecto al funcionamiento de los servicios públicos. El presidente de la OCU señala en su escrito presentado en la Audiencia que no puede precisar el volumen, la amplitud y el porcentaje de las personas físicas o jurídicas que hayan podido incurrir en infracción y la complejidad de la normativa que afecta a los hechos denunciados. La OCU cita como puntos clave de los hechos denunciados a los laboratorios de especialidades veterinarias y su red de comercialización, explotaciones ganaderas, mataderos y expendedores de carne.