La izquierda y el Estatuto de Centros Docentes

EL ESTATUTO de Centros Docentes, que todavía no ha entrado en la etapa de discusión y dictamen en la correspondiente comisión del Congreso, está siendo objeto de una contestación, por la izquierda parlamentaria y por los sectores politizados del estudiantado de enseñanza media, análoga a la que la ley de Autonomía Universitaria está cosechando en los medios universitarios y en los grupos políticos de la oposición parlamentaria y extraparlamentaria.Casi la mitad de la población escolar en los niveles básico y medio asiste a centros no estatales, en su mayoría dependientes de instituciones reli...

EL ESTATUTO de Centros Docentes, que todavía no ha entrado en la etapa de discusión y dictamen en la correspondiente comisión del Congreso, está siendo objeto de una contestación, por la izquierda parlamentaria y por los sectores politizados del estudiantado de enseñanza media, análoga a la que la ley de Autonomía Universitaria está cosechando en los medios universitarios y en los grupos políticos de la oposición parlamentaria y extraparlamentaria.Casi la mitad de la población escolar en los niveles básico y medio asiste a centros no estatales, en su mayoría dependientes de instituciones religiosas. De esta forma, quiérase o no, la contraposición «educación pública educación privada» tiende a deslizarse peligrosamente hacia una nueva variante del antagonismo «laicismo confesionalidad», que la Constitución parecía haber dejado venturosamente atrás. Aun sin negar que, en los umbrales de 1980, esa parcial superposición de lo privado y lo religioso se produce efectivamente en la enseñanza española, no parece, sin embargo, que deba considerársela como un dato geológico e inmodificable de nuestro paisaje social. En la última etapa del régimen anterior no fueron escasos los intentos de incorporar a la oferta de enseñanza privada, pese a los obstáculos y discriminaciones de los sucesivos ministerios de Educación, centros docentes con profesorados y orientaciones independientes de la Iglesia. No parece justo, por tanto, que los adversarios y críticos de la ensenanza privada olviden ahora la existencia de esos grupos de enseñantes que han luchado con enormes sacrificios, arrostrando un ambiente institucional hostil, para permitir a las familias que desconfíaban, tanto de los colegios religiosos como de la enseñanza estatal, la posibilidad de enviar a sus hijos a esos centros laicos, progresistas y pedagógicamente innovadores.

Pero no se trata tan sólo de rendir homenaje a esos adelantados de una educación a la vez no estatal y no confesional, herederos del espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, que tan adversas condiciones tuvieron que superar en el pasado. Siempre resulta sorprendente que la izquierda española apueste todas sus bazas en favor de un Estado que hoy día no domina, y que posiblemente tampoco controle durante un largo período, mientras que vuelve las espaldas a la renovacíón, autonomía y fortalecimiento de la sociedad civil. La gran desventaja que han tenido hasta el presente, los centros educativos privados no vinculados a las instituciones religiosas ha sido el régimen discriminatorio en la regulación de las subvenciones. ¿Cuáles son las razones, que no sean un invencible temor a asumir responsabilidades y una ilusoria esperanza en ganar a corto plazo el Gobierno y la mayoría parlamentaria, que impiden a los intelectuales, profesores, padres de familia y ciudadanos, que votan a los partidos de la izquierda, apostar decididamente por un desarrollo de centros de enseñanza privados orientados por su propio ideario y financiados por esas mismas subvenciones que han permitido a la Iglesia consolidar sus sólidas posiciones en el campo de la enseñanza privada?

También en este terreno de la convivencia ciudadana la izquierda parece preferir tácticas defensivas y obstaculizadoras antes que asumir estrategias ofensivas y constructivas, que serían las únicas que le permitirían ese «cambio de vida» y esa transformación de la sociedad que predican en sus programas. Así, la aspiración de los colegios religiosos a que el profesorado respete el marco ideológico de esos centros, reciban o no subvenciones estatales, es tan coherente como la argumentación que pudiera esgrimir un colegio Francisco Ferrer Guardiá, Francisco Giner de los Ríos o Julián Belteiro para considerar indeseable la prsencia en sus cuadros docen tes de un testigo de Jehová o un militante de Fuerza Nueva. A corto plazo, la cuestión central es que los centros escolares, laicos o acogidos incluso a una tradición ideológica específica, puedan recibir las mismas subvenciones estatales que los colegios religiosos y en pie de completa igualdad. Al fin y al cabo, en este país, el electorado de los partidos de izquierda se halla por encima del 40% del censo de votantes. Y así como hay familias que, en el uso de su derecho, prefieren para sus hijos una educa ción impartida por centros religiosos, también existe una considerable demanda potencial de familias laicas para los colegios de distinta orientación que eventualmente pudieran establecerse. En el bien entendido, repetimos, que las normas reguladoras de las subvenciones y los organismos administrativos encargados de distribuirlas y controlarlas aseguraran una real igualdad de oportunidades a unos y a otros, y que los procedimientos para vigilar el buen uso de los fondos presupuestarios se aplicaran con estricto rigor. En este sentido, el cheque escolar, salvadas las dificultades, para montar un sistema eficiente, podría ser una garantía de neutralidad e imparcialidad en la asignación de recursos públicos a la oferta por centros privados de ese servicio público por excelencia, que es la educación.

Sin duda, si la educación estatal gratuita recibiera un impulso suficiente para cubrir ese casi 50% de población escolar hoy día atendido por los centros privados, esa fragmentación y diversificación de colegios privados y subvencionados sería inútil. Pero en estos momentos es una pura utopía pensar que la extensión de la educación estatal pudiera conseguir a corto o medio plazo desplazar a la educación privada del escenario, o reducirla a la oferta de servicios a costos reales y no subvencionados.

Obviamente se ha perdido mucho tiempo -y lo ha perdido la nueva clase política- en atender a que el nuevo régimen comience a plantearse de manera seria y frontal los problemas de la educación, de forma que, en un plazo realista, el Estado pueda garantizar, como es su deber, la enseñanza básica obligatoria y gratuita. Los partidos de izquierda han perdido no pocas oportunidades de obtener, en este sentido, derechos ciudadanos que la derecha sociológica viene negando a los españoles desde hace décadas. Pero, obsesionados con otras cuestiones, descuidaron los problemas esenciales que agobiaban al hombre de la calle. Ahora se encuentra con un Estatuto de Centros Docentes de inspiración regresiva y largamente discriminatorio a favor de los centros eclesiásticos. Pero ¿qué esperaban que hiciera un ministro de Educación de UCD? Entre los sueños y las desiderata estar las realidades políticas. Nuestros consensuados diputados de la oposición deberían haberlo aprendido ya.