El Consejo de Ministros no aprobó la nueva reglamentación sobre el cine

El ministro de Cultura ha elaborado un proyecto de real decreto por el que se regularían determinadas actividades cinematográficas cuya aprobación por el Consejo de Ministros ha sido aplazada por causas que desconocemos. A los pocos días del nombramiento de José García Moreno como director general de Cinematografía -hombre de conocido talante liberal, que proviene del ala izquierda de UCD y que conoce los problemas de la cinematografía española por haber participado en numerosas coproducciones- el Gobierno está a punto de iniciar una política cinematográfica de liberalización y protección de l...

El ministro de Cultura ha elaborado un proyecto de real decreto por el que se regularían determinadas actividades cinematográficas cuya aprobación por el Consejo de Ministros ha sido aplazada por causas que desconocemos. A los pocos días del nombramiento de José García Moreno como director general de Cinematografía -hombre de conocido talante liberal, que proviene del ala izquierda de UCD y que conoce los problemas de la cinematografía española por haber participado en numerosas coproducciones- el Gobierno está a punto de iniciar una política cinematográfica de liberalización y protección de la cinematografía nacional.

Según las fuentes consultadas por EL PAIS, las medidas que contempla el proyecto del ministro se refieren a la desaparición de la censura, la licencia de rodaje y de exhibición, la creación de una «Comisión de Visado», nueva regulación y clasificación de las salas cinematográficas y el conflictivo problema de la «cuota de pantalla».Las películas españolas no necesitarán la licencia de rodaje ni la presentación del guión como trámite previo al rodaje. La licencia se sustituiría por una notificación a la Dirección General de Cinematografía quince días antes del rodaje, permaneciendo en vigor para las películas extranjeras que se realicen en España y para las coproducciones.

El proyecto prevé la extinción de los distintos órganos colegiados que integraban la Dirección General y especialmente la desaparición de la «Junta de Censura y Apreciación de Películas». Se crearía una Comisión de Visado, órgano colegiado asesor encargado de dictaminar sobre las películas que vayan a exhibirse públicamente en territorio español. La comisión constará de dos subcomisiones, una de Clasificación y otra de Valoración Técnica, presididas, respectivamente, por los dos subdirectores generales. La primera tendrá por objeto determinar las edades de los públicos y clases de salas a las que va destinado un filme. La segunda dictaminará la concesión de los beneficios de protección del Estado a la cinematografía nacional.

Si al cabo de dos meses no se comunicase el otorgamiento de la licencia de exhibición, ésta se supone concedida por silencio administrativo. En la licencia constarán el tipo de sala en que puede ser exhibido el filme y la edad de los públicos. Cuando la Comisión de Visado advierta alguna circunstancia por la que el filme pudiera ser penalmente punible, lo comunicará, al solicitante de la licencia y lo pondrá en conocimiento del ministerio fiscal. Con esta importante medida la legislación cinematográfica española se ajusta a los criterios seguidos por otros países europeos. En este sentido se amplía la validez de la licencia de exhibición de cinco a seis años -prorrogables otros dos- para los filmes extranjeros, mientras que las películas españolas no tendrían caducidad para su exhibición.

Por lo que se refiere al sector de la exhibición, parece ser que desaparecería la denominación de salas de Arte y Ensayo. Se establecerían dos categorías únicas: salas comerciales y salas especiales, Estas últimas estarían destinadas a la exhibición exclusiva de películas «pornográficas», que, a su vez, estarían sometidas normas fiscales especiales. Las salas especiales podrán abrirse en la proporción de una por cada diez comerciales y con un aforo no superior a las doscientas butacas. Parece ser que se adoptará una medida similar a la británica y se calificarán con una «X» aquellas películas que por distintos motivos puedan afectar a la sensibilidad del espectador.

La medida más importante para la producción cinematográfica española se refiere a la discutida «cuota de pantalla». Desaparece la obligatoriedad, para los exhibidores, de proyectar un filme español por cada tres extranjeros. Las salas comerciales en las que se proyecten películas extranjeras de largometraje en versión doblada destinarán al menos ciento veinte días al año para la exhibición de películas españolas. Igualmente se destinarán diez minutos como mínimo para la proyección de un cortometraje, siendo obligatoria la programación de tres «cortos» españoles por cada cortometraje extranjero exhibido. Próximamente se dictarán disposiciones que establezcan un sistema oficial y mecanizado del control de taquilla. Estos últimos extremos cuentan con la oposición de los exhibidores y parecen ser el único obstáculo al proyecto del Ministerio. Recientemente ha visitado Madrid un alto cargo de la Motion Picture Association encargado de mantener la situación privilegiada del cine norteamericano en nuestro país. Sus gestiones parece que estaban encaminadas a dificultar e impedir la aprobación de las nuevas medidas.

Todas estas disposiciones forman parte de la nueva política de la Dirección General de Cinematografía, cuyo titular ha tomado posesión ayer y tiene como objetivos luchar contra la corrupción administrativa y potenciar la cinematografía española a través del diálogo entre todas las partes interesadas.

Sólo cabe esperar, en beneficio del cine español, que estos proyectos sean confirmados por la aprobación de un real decreto, a la espera de que se promulgue una nueva ley del Cine anuncia da desde el anterior Ministerio, hace ya más de tres años.