No será fácil la negociación

Delegado del Consejo General de Cámaras de Comercio Industria y avegación de España ante las Comunidades EuropeasAunque la adhesión de España a las Comunidades resulta necesaria, nuestra candidatura aparece, en cierto modo, problemática por el contexto de tensión comercial en que se inserta y por los aparentes problemas que su aceptación plantea. Esta situación debe, no obstante, conducirnos a una reflexión serena, no apasionada, y a decir en Europa las verdades calladas.

El marco comercial inmediato

Las relaciones hispano-comunitarias no son únicamente el reflejo de p...

Delegado del Consejo General de Cámaras de Comercio Industria y avegación de España ante las Comunidades EuropeasAunque la adhesión de España a las Comunidades resulta necesaria, nuestra candidatura aparece, en cierto modo, problemática por el contexto de tensión comercial en que se inserta y por los aparentes problemas que su aceptación plantea. Esta situación debe, no obstante, conducirnos a una reflexión serena, no apasionada, y a decir en Europa las verdades calladas.

El marco comercial inmediato

Las relaciones hispano-comunitarias no son únicamente el reflejo de posiciones filosóficas o culturales, sino también de la realidad tangible de intercambios comerciales, de competencia entre productos y de diversidad de intereses que se manifiestan tanto a nivel de las relaciones de hoy como a nivel de la presentación de la candidatura de adhesión.

Las dos cuestiones básicas con las que nos enfrentamos son: la resolución del protocolo de adaptación a nueve del acuerdo de 1970 y la aceptabilidad de la candidatura de adhesión.

Ambas cuestiones están íntimamente relacionadas, porque en la medida en que la candidatura sea verosímil la óptica de la conclusión del protocolo será igualmente distinta, de la misma forma que será más fácil llegar a un entendimiento positivo en materia de pesca.

Esta es, a mi juicio, una de las razones importantes que han movido al Gobierno español a presentar con tanta rapidez la candidatura de adhesión. El prisma de enjuiciamiento de las relaciones inmediatas debe, así, ser distinto.

Hagamos un poco de historia. En 1970, bajo el signo exclusivo de las relaciones comerciales y de relaciones mediterráneas, pero con el sobreentendido deseo de unas relaciones de otro orden, es decir, de relaciones de adhesión cuándo los condicionamientos políticos desaparecieran, España concluyó con los seis un acuerdo comercial preferencial, vigente desde el 1º de octubre de 1970.

En 1973 las Comunidades se ampliaron mediante el ingreso de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, lo que provocó la necesidad jurídica de adaptar nuestro acuerdo a los nuevos miembros y la exigencia económica de obtener compensaciones comerciales.

Si la estructura y peso específico de las exportaciones agrícolas de España a los tres hubiese sido idéntica a la estructura e importancia de los intercambios con los seis, no se habría planteado ningún problema serio, bastando con trasponer a los tres el acuerdo en vigor.

Ahora bien, la situación no era similar, por lo que se plantearon, ya desde 1972, negociaciones de compensación, rápidamente transformadas, desde mediados de 1973, en otras tendentes a profundizar las mutuas relaciones comerciales, mediante la introducción del libre cambio industrial, acompañado de un margen superior de preferencia agrícola cuyo límite era el de la no discriminación.

En el curso de estas negociaciones apareció el hecho fundamental de la transformación política de España y de su evolución hacia un sistema institucional homologable con el resto de las democracias europeas, lo que ocasionó el replanteamiento general de la política exterior de España y, por consiguiente, de las relaciones con la Comunidad.

Desaparecidos los condicionantes políticos, el nuevo horizonte europeo de España no es sino el de la adhesión a las Comunidades como miembro de pleno derecho, y bajo esta óptica comenzó a enfocarse, incluso, la resolución del contencioso inmediato: el protocolo de adaptación a nueve del acuerdo de 1970, concebido no ya como la regulación a largo plazo de las relaciones comerciales, sino como puente o relais que cubriera el interregno del presente con el futuro inmediato.

Circunstancias adversas

Sin embargo, la conclusión de este protocolo no ha sido, ni sigue siéndolo, tarea fácil, por diversas circunstancias:

Inicialmente, los comunitarios no creyeron ni en la rapidez con que se ha producido el cambio, ni en la serenidad del mismo (sobre todo porque tenían presente el caso de Portugal), y ante sus lógicas dudas prefirieron atar cabos en su beneficio, por si España no estuviera en condiciones o no quisiera solicitar la adhesión. España no aceptó las propuestas.

Italia, en segundo lugar, se estima lesionada por la red de acuerdos mediterráneos, se considera la única pagana y bloquea cualquier concesión adicional agrícola a terceros, sin la previa adopción de un programa de compensación en favor de Italia, programa que aún está pendiente de debate serio en el Consejo de Ministros de la CEE.

Cubierta en materia agrícola por la postura de Italia, Francia, por último, ha introducido un planteamiento industrial diciendo, primero, que el acuerdo de 1970 estaba desequilibrado en favor de España y pidiendo, además, un desarme adicional industrial, por parte de España, como medio idóneo para prepararse progresivamente a una de las exigencias básicas de la adhesión, a saber, la libre circulación de mercancías..

Por la conjunción de estos tres factores, en el curso de los últimos meses, la Comisión ha sido incapaz de redactar un mandato de negociación aceptable por sus Estados miembros y por España.

En efecto, lo que convenía a Inglaterra no convenía a Italia ni Francia, y lo que convenía a Francia e Italia no podía convenir, de ninguna manera, a España.

Para salvar la situación y la necesidad jurídica de extender a nueve el acuerdo de 1970 se ha llegado a una solución pragmática que no es sino un parche transitorio que permite, mediante decisiones autónomas, que España aplique a Inglaterra, Dinamarca e Irlanda el contenido del acuerdo de 1970, y viceversa. Pero esta solución no resuelve el problema básico de compensaciones a España, ni suprime el trato discriminatorio en productos agrícolas, ni establece un marco duradero para las relaciones comerciales hasta el momento de la adhesión.

Por ello, después del verano volverán a comenzar las negociaciones que permitan concluir un protocolo o un acuerdo relais, dentro de la óptica de la adhesión. De ahí la importancia de la introducción de la candidatura cuanto antes, para empezar a reflexionar como partenaires y no como terceros.

Sin embargo, habrá que ver, en los próximos meses, si las Comunidades y sus Estados miembros manifiestan en sus actos un comportamiento que corresponda a nuestras necesidades y propósitos y que contribuya a disipar el clima de tensión comercial existente, que plantea, en la base, un problema mucho más delicado, al que la Comunidad debe prestar extraordinaria atención porque, en la medida en que se es creíble, se es deseable, y, hoy, la Comunidad, o al menos algunos de sus Estados, no tienen un comportamiento muy fiable.

Este problema es crucial y puede tener un alcance insospechado, pudiendo contribuir al alejamiento político y económico de Europa.

Crisis de fiabilidad

El «tira y afloja» de las negociaciones, la aplicación sistemática de injustificadas cláusulas de salvaguardia, el egoísmo que revela la parquedad de ciertas concesiones agrícolas ocasionan una crisis de fiabilidad.

En su vertiente interna, es decir, nuestra, puede hablarse de decepción política. En efecto, después de haberse dicho en múltiples ocasiones «que Europa sin España estaba incompleta y que una España democrática podría y debería integrarse en las CE», se tiene la impresión de que ciertas fuerzas políticas europeas tienen un doble lenguaje: el que utilizan en nuestro país cuando vienen a sostener la acción de sus homólogos y el que emplean frente a su electorado nacional o ante las instituciones comunitarias.

De aquí nace la primera decepción exterior: cuando nos encontramos en el umbral de la democracia, salvo excepciones, no oímos más que declaraciones de prudencia procedentes de hombres políticos de grandes países europeos. Estas declaraciones son preocupantes porque obedecen a concepciones meramente mercantiles o egoístamente electorales. Las declaraciones de los llamados pequeños países, aunque prudentes, las considero positivas porque su análisis quiere impedir la disolución de Europa en una vasta zona de libre cambio y exigen el refuerzo de la integración y la existencia de una voluntad política.

En Francia, por ejemplo, los dirigentes del Gobierno y de la Oposición han expresado en numerosas ocasiones su deseo de que España se adhiera a la CEE, pero hoy el Gobierno se calla o lo dice entre dientes; el señor Chirac se manifiesta claramente en contra, por las implicaciones agrícolas, y el señor Mitterrand declara en España que sí, en Europa que menos y presiona en contra en Bruselas.

La razón de este comportamiento es obvia: la próxima cita electoral en Francia, en la primavera de 1978. Debido al estrecho margen mayoritario con que se mueven los bloques, todos los líderes políticos van a la captación del elector.

La segunda decepción exterior procede de la propia situación de la integración europea porque no se ve la voluntad política de progresar en el camino de la unión europea. En efecto, desde la aparición de la crisis energética, los países de la Comunidad han acentuado sus divergencias y eminentes oradores han venido a decirnos que Europa está en crisis, han dicho incluso que está moribunda, lo que hace que lógicamente nos interroguemos sobre la duración y conveniencia de un matrimonio que estamos dispuestos a pactar y consumir.

El conjunto de estos factores internos y externos y de presión económica cuando, desaparecidos los condicionantes políticos, hemos manifestado nuestra intención de adherir a las Comunidades de acuerdo con nuestra propia voluntad, que coincide, además, con lo que políticamente nos vienen manifestando desde hace años los Gobiernos, instituciones, partidos políticos y organizaciones sindicales de la Europa comunitaria, hacen que no veamos muy claro que las fuerzas políticas europeas apoyen de forma decisiva la candidatura española, necesaria, sin embargo, para la estabilización política y para el planteamiento de un programa económico en función de nuestra primera realidad tangible, que es el entorno europeo de nuestro comercio y de nuestra economía.

España, ante su delicada situación económica, necesita ser ayudada por la Europa comunitaria, y la mejor ayuda que ahora puede dársenos es de tipo comercial.

De no hacerlo así, la Comunidad dejará pasar una ocasión histórica y justificará la desconfianza de nuestros ministros económicos y de nuestros operadores industriales a la hora de profundizar las relaciones económicas en el próximo otoño.