Paloma Botín y el oscuro laberinto de los expolios arqueológicos

La decisión de un juzgado de Barcelona de considerar estafados en lugar de investigados a Paloma Botín, una de las hijas del banquero Emilio Botín, y su esposo, Ricardo Gómez-Acebo, en un caso de tráfico ilegal de arte al entender que adquirieron “de buena fe” a unos anticuarios una escultura de una leona íbera del siglo VI a. C. que, posteriormente, se supo que procedía de un robo en un yacimiento arqueológico entre las provincias de Jaén y Córdoba, ha puesto al desc...

La decisión de un juzgado de Barcelona de considerar estafados en lugar de investigados a Paloma Botín, una de las hijas del banquero Emilio Botín, y su esposo, Ricardo Gómez-Acebo, en un caso de tráfico ilegal de arte al entender que adquirieron “de buena fe” a unos anticuarios una escultura de una leona íbera del siglo VI a. C. que, posteriormente, se supo que procedía de un robo en un yacimiento arqueológico entre las provincias de Jaén y Córdoba, ha puesto al descubierto el difícil y oscuro laberinto legal que acompaña la resolución de los expolios arqueológicos.

La investigación de la Operación Leona se inició en 2017 y, dos años después, miembros de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Judicial detuvieron a dos vecinos de Adamuz (Córdoba) por supuesta implicación en el expolio. Pero fue en 2018 cuando se conoció la dimensión real del caso, entonces la policía culminó la Operación Harmakhis, dirigida por un juzgado de Barcelona y centrada en una presunta red de tráfico de obras de arte expoliadas en Libia y que servía, según los investigadores, para financiar a terroristas del Estado Islámico.

En esta operación, que desembocó en la detención de un anticuario y un marchante de arte de Barcelona, la policía encontró datos y fotografías de las piezas íberas que apuntaban a que la leona había sido comprada por Paloma Botín y por su esposo, que la tenían en un depósito donde, supuestamente, la guardaban para restaurarla, lo que motivó la imputación inicial de la pareja. La causa judicial sigue abierta contra los anticuarios por un delito de blanqueo de capitales en la venta de esta escultura íbera y la incautación de otras tres. De confirmarse que la venta de la leona era fraudulenta, la hija del banquero y su esposo podrían reclamar indemnizaciones a los traficantes de arte.

Los anticuarios detenidos esgrimieron un documento de compra de 1975, es decir, de 10 años antes de que se aprobara la Ley de Patrimonio Histórico Español, que prohíbe vender los objetos artísticos o arqueológicos considerados de dominio público. Sin embargo, los investigadores tienen dudas de la autenticidad de ese documento, puesto que en las imágenes intervenidas en los móviles de los implicados esa y otras esculturas aparecían cubiertas de tierra y polvo, lo que apunta a que habían sido halladas recientemente y fotografiadas antes del proceso de restauración.

Uno de los mayores obstáculos en este tipo de operaciones es confirmar si las adquisiciones se realizaron con anterioridad a la Ley de Patrimonio, que es lo que suelen alegar los propietarios para defender la titularidad de su bien. Las comunidades autónomas también tienen sus propias normas. En Andalucía, el territorio donde se expolió la leona, la Ley de Patrimonio Histórico de 2007 da un año para comunicar la tenencia de este tipo de bienes. Automáticamente, todos los objetos que no se hubieran declarado en esos 12 meses son considerados de dominio público.

“Todavía existe una sensación de cierta impunidad entre los traficantes de obras de arte expoliadas, porque vemos con demasiada frecuencia cómo los jueces acaban devolviendo las piezas a los supuestos infractores ante la dificultad para poder probar que se trata de obras de dominio público”, asegura Arturo Ruiz, catedrático de Prehistoria y que fue director desde su creación del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica (Jaén). A su juicio, esta situación produce un “sentimiento de frustración” entre expertos y científicos, al comprobar cómo los traficantes de arte acaban beneficiándose de las lagunas legales para seguir en posesión de los bienes expoliados.

Cada año son numerosas las piezas que acaban en los museos de titularidad pública por la vía de los depósitos judiciales. “En algunos casos se falla con la devolución de las obras y en otros es cierto que las piezas acaban en un limbo”, señala la arqueóloga Francisca Hornos, directora del Museo Provincial de Jaén, que admite “el déficit de personal” que tienen las Administraciones para perseguir este tipo de expolios.

Virgen con Niño Jesús

La provincia de Jaén, con más de 2.000 yacimientos arqueológicos, es uno de los territorios que sufren en mayor medida este tipo de robos y también donde se producen más incautaciones. Una de las últimas llegadas al Museo Provincial fue la talla de una virgen con un Niño Jesús datada en el siglo XIII y relacionada con la batalla de las Navas de Tolosa (1212). Fue hallada en una operación donde se intervinieron más de 2.000 piezas procedentes de diferentes robos.

Los investigadores constataron que el poseedor de la talla presuntamente había incumplido lo marcado en la normativa vigente sobre obras de arte, que obliga a informar a las autoridades de Cultura con el fin de realizar los estudios de datación, calificación cultural y, muy especialmente, su protección y, en su caso, restauración y conservación. Con anterioridad, en septiembre de 2020, la Policía Nacional entregó al Museo Íbero de Jaén ―el único en España dedicado de forma temática a una cultura milenaria― una escultura de un león íbero-romano tallado en piedra procedente del expolio de una zona arqueológica. La pieza, intervenida en 2016, permanecía en depósito tras el juicio en el que fueron condenadas dos personas por un delito de receptación.

“Si hay expolios es porque hay quien compra y porque hay un negocio detrás de todo esto”, expone Alfonso Ruiz, inspector de la UDEV de la comisaría de Jaén. Hasta hace unos años, el 75% de las actividades ilícitas tenían que ver con el uso de detectores de metales en zonas arqueológicas y prospecciones ilegales. Sin embargo, el catedrático de Prehistoria Arturo Ruiz llama la atención sobre la mayor eficiencia de los infractores gracias a las tecnologías cada vez más avanzadas. De hecho, en los registros se han encontrado con aparatos muy sofisticados para las falsificaciones y productos para envejecer y acuñar monedas. De ahí que Ruiz abogue por una mayor formación en la carrera judicial para abordar este tipo de expolios.

En la última memoria de la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los delitos vinculados con los expolios arqueológicos no merecen ningún apartado en solitario y quedan camuflados dentro de las estadísticas sobre delitos contra el medio ambiente y el patrimonio. Las referencias más significativas, correspondientes a 2020, se localizan en la provincia de Huelva, donde los fiscales han comprobado que “muchos de los yacimientos arqueológicos no reciben la adecuada vigilancia, protección y puesta en valor, provocando episodios reiterados en el tiempo de daños irreparables al acervo patrimonial de la provincia”.

“Estos delitos son una lacra”

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también alerta sobre un incremento en el uso de detectores de metales en yacimientos. “Este tipo de delitos son una lacra, sobre todo en Andalucía, Extremadura y Castilla y León”, explica Juan José Águila, teniente responsable de la Unidad de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sobre los robos cometidos por los denominados detectoristas o piteros. “Empiezan como aficionados y luego van haciendo contactos con intermediarios que saben dónde, cómo y a quién colocar las piezas encontradas”, explica.

Una vez que este tipo de objetos se localizan en el mercado es cuando comienza otra tarea de enorme complejidad para los investigadores: determinar si su procedencia es ilícita o no. “A veces llevan mucho tiempo en el mercado o es complicado seguir su rastro, porque han pertenecido a distintas familias”, indica el teniente de la UCO. Cada caso tiene sus particularidades y estas se complican si se detecta que las piezas sospechosas se encuentran en un museo extranjero o en el catálogo de subastas. “Hay ocasiones en que los delitos han podido prescribir, pero se trata de patrimonio robado y entonces hay que intentar convencer al juez para que se reclame. Cuando están fuera de España, además, empieza el calvario judicial para emitir las órdenes pertinentes al extranjero”, indica Águila.

También hay modas en cuanto a los objetos de deseo de los ladrones de arte. En los años setenta eran los expolios de arte sacro, liderados por el célebre Erik el Belga, lo que más se perseguía. “Había mucha demanda en el norte de Europa de este tipo de bienes, pero ahora lo que se lleva son los bienes sustraídos de yacimientos”, señala el responsable de la unidad de patrimonio histórico de la UCO. El reto en estos casos pasa por determinar si el objeto es robado o se trata de una falsificación.

Con información de Eva Saiz.