Los paros de los técnicos de los teatros estatales arruinan la temporada del Ballet Nacional en Madrid

Un total de 56 funciones suspendidas desde el 23 de septiembre hasta este jueves y otra treintena en previsión hasta fin de año, incluido el tradicional concierto de Navidad del Teatro de la Zarzuela, previsto para el 30 de diciembre. Es el balance hasta la fecha de los ...

Un total de 56 funciones suspendidas desde el 23 de septiembre hasta este jueves y otra treintena en previsión hasta fin de año, incluido el tradicional concierto de Navidad del Teatro de la Zarzuela, previsto para el 30 de diciembre. Es el balance hasta la fecha de los paros convocados desde el arranque de temporada por los técnicos de los teatros de titularidad estatal, dependientes del Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), para protestar por las condiciones de las oposiciones convocadas por la Función Pública para consolidar los puestos que muchos de ellos ocupan de manera interina desde hace años encadenando contratos temporales. Pero las cancelaciones no están logrando los efectos que los trabajadores desean, pues el conflicto no solo está lejos de solucionarse, sino que se ha recrudecido en los últimos días y amenaza con enquistarse hasta el final de la temporada.

Si hasta ahora los paros se limitaban a los días de estreno, la convocatoria lanzada por la plataforma creada por los tramoyistas afectados para esta semana es diaria y está arruinando la temporada del Ballet Nacional de España en Madrid. De las 11 funciones del espectáculo Invocación proyectadas por la compañía en el Teatro de la Zarzuela entre el 10 y el 22 de diciembre, cuyas entradas estaban agotadas desde hace tiempo, solo se van a poder representar dos si los trabajadores secundan todos los paros previstos, que también afectan a todas las obras programadas hasta el domingo por el Centro Dramático Nacional y la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el Teatro de la Comedia, además de los días 21, 22 y 30 de diciembre.

El problema viene de lejos, pero ahora parece haber entrado en un callejón sin salida porque ninguna de las partes puede ceder en sus posiciones. Los trabajadores, porque si no consiguen que se atiendan sus demandas se van con toda seguridad a la calle el año que viene. La Función Pública, porque debe cumplir las normas de la UE. Y el Inaem, porque en el pasado no reaccionó a tiempo para prevenir el conflicto y ahora ya no puede hacer nada porque no está en sus manos.

Hasta ahora los centros dependientes del Inaem no exigían a los técnicos poseer una titulación oficial de Formación Profesional (FP), sino una formación especializada en su oficio como las que ofrece el Centro de Tecnología del Espectáculo de Madrid, creado por el propio Inaem, que no están homologadas dentro del sistema educativo porque eso es competencia de las comunidades. Pero la normativa europea exige ahora que las nuevas plazas se convoquen según las normas del plan Bolonia y muchos de los que las ocupan de manera interina desde hace años no van a poder presentarse a esos exámenes porque no tienen las titulaciones de FP exigidas. Actualmente, están en esa situación cerca de 200 trabajadores, que tendrían que dejar sus puestos todos a la vez cuando se incorporen los que ganen el concurso.

Pero esos trabajadores nuevos no tendrían posiblemente la experiencia que acumulan los afectados, lo que puede suponer un problema para el propio Inaem. Entre las soluciones que proponen los empleados está que se acepte un certificado de profesionalidad para acreditar sus años de trabajo en el puesto, pero el Ministerio de Función Pública no lo acepta. “No entendemos por qué, pues en otros países de la UE sí se está considerando esa opción. En las negociaciones de estos meses hemos intentado que se establezcan moratorias para que podamos obtener esas titulaciones, pero tampoco han aceptado”, explica Rocío Gil, miembro de la plataforma de afectados.

Los sindicatos mayoritarios, sin embargo, no apoyan los paros. Ni UGT ni CC OO ni el CSIF se han sumado a las convocatorias de estos cuatro últimos meses. Según un portavoz de UGT, porque todo eso ya se discutió cuando se aprobó el Convenio Único del Personal General de la Administración General del Estado y se advirtió a los trabajadores en 2016 de que la siguiente convocatoria iba a exigir titulaciones regladas. Es decir, que no pueden ir en contra del Convenio que ellos mismos firmaron.