La nueva ley audiovisual no contenta a (casi) nadie

Todavía no se conoce ni el texto del proyecto de la nueva ley audiovisual. Y, sin embargo, ya se encuentra en el ojo del huracán. Algunos protestan insistentemente para cambiar la reforma, como los nacionalistas catalanes, algunas plataformas españolas o los productores independientes. Otros callan, como los colosos Netflix o Disney +. La Comisión Europea ha empezado incluso las acciones legales. Casi no se escuchan, en cambio, voces a favor. Sin haber llegado siquiera al Consejo de Ministros, la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual se ha vuelto un avispero de polémicas para el Gobier...

Todavía no se conoce ni el texto del proyecto de la nueva ley audiovisual. Y, sin embargo, ya se encuentra en el ojo del huracán. Algunos protestan insistentemente para cambiar la reforma, como los nacionalistas catalanes, algunas plataformas españolas o los productores independientes. Otros callan, como los colosos Netflix o Disney +. La Comisión Europea ha empezado incluso las acciones legales. Casi no se escuchan, en cambio, voces a favor. Sin haber llegado siquiera al Consejo de Ministros, la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual se ha vuelto un avispero de polémicas para el Gobierno. Y un problema político, en un momento especialmente delicado, la búsqueda de apoyos para sacar adelante los Presupuestos del Estado. Además, Bruselas también amenaza a España con posibles sanciones.

De los múltiples frentes abiertos, el más evidente es el retraso: hace ya tres años que la UE aprobó una directiva para proteger cine y series locales ante la invasión de grandes plataformas como Netflix, HBO o Disney +. Entre otras medidas, prevé que sus catálogos incluyan “al menos un 30% de obras europeas” y le den “prominencia”. A partir de ahí, los Estados miembros pueden aumentar ese porcentaje y matizarlo: el primer anteproyecto de la ley en España, por ejemplo, establecía que la mitad de ese 30% —es decir, un 15% del catálogo total— fuera destinado a obras en castellano u otras lenguas cooficiales.

El plan de Bruselas también deja abierta la puerta para que cada país obligue a las grandes plataformas a financiar la producción nacional: el anteproyecto español imponía a empresas como Netflix o Movistar que invertieran un 5% de sus ingresos generados en España en la producción de filmes y series del país, algo que ya cumplen desde hace años las televisiones tradicionales. Aunque Francia, por comparar, ha fijado ese mínimo en el 20%.

Plazo vencido

El plazo para transponer la normativa, en todo caso, venció el 19 de septiembre de 2020. En noviembre de ese año, la Comisión Europea presionó a los 23 Estados miembros que lo habían incumplido. Ahora solo quedan nueve díscolos, incluida España, y a Bruselas se le ha acabado la paciencia. Así que, la semana pasada, envió sendos dictámenes motivados, además de avisar en un comunicado de que “disponen de dos meses para remediar la situación y adoptar disposiciones nacionales de transposición […]. Además, la Comisión puede optar por remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Ante ello, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, responsable del proyecto, se limitan a señalar que “no hay una fecha establecida” para que la ley llegue al Congreso. También evitan comentar cualquier aspecto concreto sobre el texto “mientras no esté ultimado”. Y aquí empiezan los otros problemas.

Los grupos nacionalistas, decisivos para la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo, han aumentado la presión para conseguir que el texto reserve una cuota específica de financiación y presencia a las obras en lenguas cooficiales. Y tienen apoyos dentro de las dos formaciones políticas del Gobierno, ya que tanto los socialistas catalanes como En Comú Podem se han mostrado a favor de una medida de ese tipo. El líder del PSC, Salvador Illa, incluso ha dado a entender que el Ejecutivo estudia incorporar esa demanda al texto aún en estudio. El aliado que más necesita el Gobierno, ERC, sin vincular directamente su posición sobre los Presupuestos con la ley del audiovisual, sí ha subrayado que esta es ahora mismo una de sus principales reivindicaciones al Ejecutivo. El independentismo duro de Junts, en cambio, lo ha expuesto sin ambages: si no se cambia el anteproyecto, ni siquiera se sentará a negociar las cuentas del Estado. El Gobierno ya no contaba con los apoyos de este grupo, pero sí de otra formación catalana, el PDeCAT, que, al igual que los vascos del PNV y EH Bildu, piden que se reforme el texto.

Al debate sobre los idiomas se suma otro, más general. Porque Santiago de Bernardo, responsable de La Pantalla Digital —una guía en línea de las plataformas españolas reconocida por el Gobierno— denuncia que la mayoría de obligaciones solo corresponderá a las empresas nacionales, como Filmin o Movistar +. La clave, para él, se halla en el artículo 3 del último anteproyecto que se dio a conocer: “El servicio de comunicación audiovisual está sujeto a lo dispuesto en esta ley siempre que el prestador [...] se encuentre establecido en España”. A falta de cambios en el nuevo texto, según su interpretación, incluso si el Gobierno aceptara las reivindicaciones de Junts, no afectarían a Netflix (cuya sede fiscal europea se halla en Países Bajos) o Disney + (Luxemburgo). Fuentes del ministerio tampoco quisieron aclarar este asunto.

Las plataformas, principales afectadas aunque en distinta medida según su origen y a expensas de lo que determine el texto, también guardan silencio en su mayoría. Contactadas por este periódico, Netflix, con estudios en Tres Cantos (Madrid); HBO, Amazon y Movistar + (que ya ha rodado, por ejemplo, Merlí. Sapere Aude, en catalán) prefieren no comentar nada hasta que la ley no se convierta en realidad.

Filmin es una de esas plataformas que cumplen los requisitos que marca la Ley Audiovisual. Está a punto de lanzar su primera producción propia, la adaptación en forma de serie del libro Doctor Portuondo, de Carlo Padial. José Antonio de Luna, uno de los socios fundadores y director de negocio de Filmin, comenta que la plataforma se declara dispuesta a producir en catalán, euskera y gallego, pero considera que ese tipo de inversión “debe ser una oportunidad y no una limitación”. Subir el porcentaje obligatorio de ingresos invertidos en contenidos nacionales a un 10%, como se está debatiendo, llevaría a una empresa como Filmin a “cuestionar la viabilidad” de su proyecto. “Para el sector supondría ser menos competitivos con respecto a otros países y perder inversiones internacionales que en estos momentos, están creando muchos puestos de trabajo”, argumenta.

Hay más preocupaciones: la PAP (Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes) ha pedido en un comunicado que la inversión tenga en cuenta también las obras al margen del cine más conocido o comercial. Y los responsables de los Consejos Audiovisuales de Cataluña, Andalucía y Valencia, Roger Loppacher, Antonio Checa y José María Vidal (respectivamente), han afirmado en una tribuna publicada en EL PAÍS: “Entendemos que [el proyecto] debería ser más ambicioso en promover la contribución de las grandes plataformas digitales a la producción local y a la diversidad cultural”, entre otros apuntes. Solo el texto definitivo de la ley puede solucionar los problemas y las críticas. O aumentarlos. Y aunque el Gobierno sigue sin ofrecer fechas, Europa lo tiene claro: no más de dos meses. Cinco días, de hecho, ya han pasado.

Con información de Juan Carlos Galindo y Héctor Llanos Martínez.