Manifiesto para salvar a la cadena del libro

Este 23 de abril habrá poco que celebrar. En el Día del libro de 2020 hay más preocupación que fiesta, más reivindicación que brindis. Más miedo que confeti. Los negocios están al borde del abismo por la crisis sanitaria, sin ventas y con muchas facturas pendientes y medidas que tomar para salvar un sector muy débil. Ante la perspectiva de ...

Este 23 de abril habrá poco que celebrar. En el Día del libro de 2020 hay más preocupación que fiesta, más reivindicación que brindis. Más miedo que confeti. Los negocios están al borde del abismo por la crisis sanitaria, sin ventas y con muchas facturas pendientes y medidas que tomar para salvar un sector muy débil. Ante la perspectiva de “un semestre perdido”, las pequeñas editoriales y librerías han lanzado un manifiesto en defensa de sus empresas, que suponen la base de la pluralidad de la oferta literaria. La diversidad cultural “está en peligro”, dice el texto firmado por más de 300 implicados. “Una sociedad sana depende de la pluralidad de voces que se escuchan en ella”, añaden. Los editores, libreros y distribuidores alzan la voz y reclaman a ministerios, Comunidades Autónomas y municipios medidas de “calado” y de “urgencia”, tras seis semanas de parálisis “si queremos conservar la diversidad de las pequeñas y medianas editoriales y librerías”.

Quieren actuaciones “fiscales, crediticias y de subvenciones” que atiendan a todas las partes que componen la cadena del libro. Piden ayuda para recuperar “un nivel de ingresos adecuado” para la supervivencia de un sector en riesgo de colapso. Demandan facilidades para acceder a los créditos ICO con los que el Gobierno quiere inyectar liquidez en empresas que suman una parálisis de mes y medio, y a los que las empresas culturales tanto les está costando acceder. Su vulnerabilidad espanta a las entidades bancarias, responsables de entregar y cobrar los préstamos del dinero público. Los firmantes del manifiesto quieren evitar la suspensión de pagos, por eso demandan “un aval del Estado del 100%”, para neutralizar los intereses de la banca (en estos momentos aportan el 20% de la cantidad prestada). “Los bancos no atienden las peticiones de las empresas más pequeñas”, aseguran.

En España hay más de 7.600 empresas dedicadas a la edición de libros. El 32% de ellas tienen una estructura de 1 a 5 trabajadores y casi el 47% son asalariados. Una editorial con más de seis personas es un caso excepcional: con más de 50 trabajadores son un 1,6% del total de empresas editoriales. Este es el perfecto retrato de la vulnerabilidad del sector, que en 2017 tuvo casi 40.000 trabajadores, según el Anuario de Estadísticas Culturales 2019, del Ministerio de Cultura. El sector de las librerías suma 12.000 trabajadores según las mismas cifras y comparte la precariedad: según la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), en España hay algo más de 3.500 librerías independientes y la mitad de ellas no alcanza a facturar 90.000 euros anuales. Y a pesar de todo, la aportación del sector del libro al PIB en 2018 fue de 8,7 millones de euros, un 0,8% del total de las cuentas y un 31,5% de lo aportado por las actividades culturales.

Peligro de extinción

Los firmantes aseguran que “está en peligro la diversidad literaria”, porque las editoriales independientes, con menos de diez empleados, representan el 85% de las empresas dedicadas a la edición de libros. “Las distribuidoras y librerías también son indispensables para la pluralidad de la oferta”, explican. De hecho, las librerías, con una cifra de facturación de 831,56 millones de euros, en 2018 aumentaron sus ventas un 2,2% respecto al año anterior; las cadenas de librerías facturaron 421,95 millones de euros (un 2,6% más que en 2017); y los hipermercados facturaron 194,58 millones de euros, un 2,7% más. Por eso proponen a las tres administraciones una batería de una decena de medidas y casi todas pasan por la compra institucional de ejemplares para las bibliotecas públicas, a través de los establecimientos. Para “reactivar el sector” piden volver a las adquisiciones institucionales de libros para bibliotecas como eran antes de 2010. Es una partida que desde la crisis financiera no ha vuelto a recuperarse. Además creen imprescindible modificar la Ley de Contratos para que las administraciones puedan hacer compras menores que no excluyan a los pequeños y medianos comercios.

La Federación de Cámaras del Libro (FEDECALI) calculó el impacto que la crisis de la covid-19 tendrá en el sector del libro y las pérdidas serían superiores a los 1.000 millones de euros. Es una estimación que parte de los datos consolidados el pasado año y preve un “fuerte impacto en marzo y abril y una lenta recuperación hasta verano”, como se indica en el informe que adelantó EL PAÍS. La caída en el comercio interior del libro, que equivaldría al primer cuatrimestre, ascendería 811 millones de euros. En las pérdidas en el comercio exterior del libro se alcanzarían los 200 millones de euros. “Estaríamos ante el sector cultural más dañado de todos, porque incluye librerías, editoriales, distribuidoras y autores”, cuentan desde la organización. Por eso hace un mes pidieron una línea de crédito ICO de 50 millones de euros, sin intereses y dos años de carencia para librerías, distribuidoras y pequeñas y medianas editoriales. Nunca fueron atendidos.

En el manifiesto del 23 de abril también se demanda la creación de campañas de reactivación de la venta para los jóvenes lectores, con el regalo de bono libros con el que acercarse a las librerías de proximidad. Además de las compras para ampliar los fondos de las bibliotecas públicas y municipales, deberían atenderse igualmente las bibliotecas escolares y universitarias. Quieren que las librerías con una facturación anual menor a 250.000 euros -la gran mayoría de ellas- sean exoneradas de impuestos comunitarios o municipales por un tiempo limitado. “Que se estudie la posibilidad de ayudas a fondo perdido para algunas editoriales y librerías que no puedan afrontar con éxito la salida de la crisis”, suscriben. Por último, recuerdan la lucha antipiratería y sancionar las compras para bibliotecas con descuentos superiores al 15% legal, a través de editoriales y distribuidoras.