Una ley para salvar la memoria industrial

Una vez salieron de las fábricas, las fábricas entraron en ellos. Si ellas desaparecían, los obreros lo harían también. La dignidad del trabajador depende de la memoria del trabajo. Y eso pasó en 1992, al cerrar la fábrica La Encartada, en Balmaseda (País Vasco), después de un siglo fabricando txapelas. El pueblo se movilizó para conservar y difundir una industria única en Europa. La Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento se hicieron cargo de la fábrica de boinas para convertirla en museo, que se mantenía con las máquinas traídas desde Reino Unido en 1892 , y evitar la extinció...

Una vez salieron de las fábricas, las fábricas entraron en ellos. Si ellas desaparecían, los obreros lo harían también. La dignidad del trabajador depende de la memoria del trabajo. Y eso pasó en 1992, al cerrar la fábrica La Encartada, en Balmaseda (País Vasco), después de un siglo fabricando txapelas. El pueblo se movilizó para conservar y difundir una industria única en Europa. La Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento se hicieron cargo de la fábrica de boinas para convertirla en museo, que se mantenía con las máquinas traídas desde Reino Unido en 1892 , y evitar la extinción de “lo que hemos sido, dónde estamos y hacia dónde queremos ir”, apuntó esta semana Begoña de Ibarra, directora del museo.

Pero no siempre hay un final feliz. Al patrimonio industrial en España le ha costado cuajar entre los capítulos culturales a cuidar, porque en la ley que lo protege, de 1985, no aparece mencionado. El Ministerio de Cultura quiere subsanar ese error histórico y prepara una reforma de urgencia de la Ley de Patrimonio, con dos cambios esenciales. Javier García Fernández —subsecretario del ministro José Guirao y padre de la citada norma hace más de tres décadas— quiere convertirla en el amparo de todas las leyes de las Comunidades Autónomas y, además, incluir un capítulo dedicado al Patrimonio Industrial. Fuentes del ministerio confirman que se están ultimando los cambios.

“En el ministerio consideramos que es necesario conservarlos y estudiarlos. Se trata de testimonios imprescindibles para documentar y comprender los dos últimos siglos de nuestra historia”, explican. En 2018, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial —que nació en 2001— cuenta con 120.000 euros. Miguel Álvarez Areces, presidente de la asociación Incuna, acaba de celebrar sus jornadas anuales sobre el asunto, en Gijón, y lamenta que todos los planes en marcha tengan más voluntarismo que dotación económica. Y el catálogo de estos bienes... “sólo es un catálogo de buenas intenciones”.

Conocer es cuidar, por eso es tan importante la inversión en la creación de ese catálogo, explica Pilar Biel Ibáñez, profesora de la Universidad de Zaragoza e autora del catálogo industrial de Aragón. “Así sabremos cuáles son los elementos que merecen ser conservados”. La especialista señala la urgencia de la reforma de la ley ahora que vuelve a despertar el monstruo de la especulación urbanística.

El pasado enero se reunieron en Davos todos los ministros de Cultura europeos —menos el de España, Íñigo Méndez de Vigo, entonces— para firmar una declaración decisiva para el patrimonio y su futuro que subraya “la necesidad urgente de desarrollar nuevos enfoques para proteger y promover los valores culturales del entorno construido de Europa”.

La actualización de la ley de 1985 debería, como indica lo firmado, “priorizar los valores culturales sobre el beneficio económico a corto plazo” y proteger la memoria del obrero (desde estaciones de ferrocarril a almazaras o tolvas) de la voracidad inmobiliaria. “Son un elemento de reivindicación de clase”, dice Biel Ibáñez sobre estas catedrales de la revolución industrial. “Los obreros son los que pelean por su conservación. A la burguesía liberal le cuesta más, porque nunca ha trabajado en una fábrica”, añade. La Unesco incluye en su famosa lista de Patrimonio Mundial monumentos de la revolución industrial desde 1978. En este momento, hay inscritos 38 de los 845 hitos culturales, casi un 4,5%.

Pero hay otros finales felices gracias a la implicación ciudadana: el Caminito del Rey, una vereda espectacular que corre por las paredes del desfiladero de los Gaitanes (Málaga), abierto como atracción turística en 2015, y gestionado por los pueblos de alrededor. Isabel Bestué, profesora de la Universidad de Granada, es una de las responsables del rescate de este pasillo de vértigo, que servía para los operarios que controlaban el canal del salto hidroeléctrico, creado en 1901 y visitable. “El patrimonio industrial está mal visto, porque no hemos explicado la trascendencia que tiene”, asegura. El Caminito ha generado puestos de trabajo y la gente ya no lo ve como “un obstáculo a barrer”.

Los especialistas piden dotación económica efectiva para hacer planes directores y proyectos de ejecución que lo conserven y difundan. “No se trata sólo de realizar grandes museos, sino de dar uso y vida que atienda a necesidades sociales”, dicen. Es el caso de Tabacalera (Madrid), Fabra i Coats (Barcelona) o La fábrica de chocolate (Zaragoza).