Bruselas propone a los Veintisiete que reduzcan un 90% las emisiones en 2040 en medio del recelo hacia la transición verde

La Comisión Europea se dispone a fijar los nuevos objetivos climáticos para 2040 con la esperanza de seguir manteniendo el liderazgo internacional en la lucha contra la crisis climática, una batalla que supone una oportunidad para que la UE reduzca su dependencia de unos ...

La Comisión Europea se dispone a fijar los nuevos objetivos climáticos para 2040 con la esperanza de seguir manteniendo el liderazgo internacional en la lucha contra la crisis climática, una batalla que supone una oportunidad para que la UE reduzca su dependencia de unos combustibles fósiles que tiene que importar mayoritariamente. Bruselas quiere fijar el camino de “la transición para abandonar” el petróleo, el gas y el carbón y para ello establece como gran objetivo que las emisiones de gases de efecto invernadero de los Veintisiete en su conjunto se reduzcan “al menos” un 90% respecto a los niveles de 1990, según los borradores del plan consultados por EL PAÍS y que el Ejecutivo comunitario quiere aprobar este martes. La propuesta de Bruselas, sin embargo, llega en un momento en el que las reticencias hacia las políticas medioambientales crecen, los populismos usan la transición verde como argumento para criticar a la UE y los partidos conservadores —como el Partido Popular Europeo (PPE)—, que temen perder espacio frente a la ultraderecha, reclaman una pausa en las políticas ecológicas que, sostienen, van demasiado rápido. Todo en un contexto de protestas de los agricultores en varios países de la UE que han cargado, entre otras cosas, contra las regulaciones ambientales futuras y actuales que deben cumplir.

La recomendación del Ejecutivo comunitario liderado por Ursula von der Leyen, a la que ha tenido acceso este diario, todavía puede sufrir cambios en el debate a puerta cerrada del martes en el Colegio de Comisarios y perder, por ejemplo, ese “al menos” un 90% de reducción de gases de efecto invernadero como objetivo para 2040 (tomando como referencia los niveles de 1990) y quedarse con la cifra redonda del 90%, señalan fuentes comunitarias. Esa meta de reducción se considera el “más eficaz” para lograr el objetivo de la neutralidad climática en 2050.

Bruselas, en su comunicación, ha analizado tres escenarios de reducción de emisiones y remarca que el del 90% en 2040 es el más adecuado. “Es la opción objetivo que se espera tenga el mayor impacto en la reducción de las emisiones globales y en el aumento de las perspectivas de mantener un calentamiento en 1,5 grados Celsius al alcance de la mano, a fin de limitar las perturbaciones en todas las economías, incluido el riesgo de alcanzar puntos de inflexión climáticos irreversibles”, dice uno de los textos, elaborado por los equipos de Maros Sefcovic, comisario para el Pacto Verde, y Wopke Hoekstra, responsable del área de Clima. El objetivo va acompañado de un despliegue más rápido de tecnologías bajas en carbono, como la producción de hidrógeno por electrólisis. Y también de otras propuestas más polémicas e inciertas, como la captura de carbono, la remoción industrial de carbono entre 2031 y 2040 y la puerta que se deja abierta la implantación de minirreactores nucleares en poco más de cinco años.

Si se cumple el objetivo del 90%, dice la propuesta de Bruselas, las muertes prematuras anuales debidas a la contaminación del aire pasarían de 466.000 en 2015 a 196.000 al año en 2040 y se reducirían los costes sanitarios relacionados en un billón de euros al año. Por el contrario, la inacción conduciría a costos mucho mayores y crecientes en las próximas décadas, no solo en términos de pérdidas de producción, sino también en términos de vidas perdidas y empeoramiento de las condiciones de vida, remarcan. La propuesta resalta, además, los beneficios de seguir avanzando en la transformación de la economía europea. Por ejemplo, se estima que el coste de importar los combustibles fósiles pasaría de representar el 2,3% del PIB comunitario ahora al 1,4% en 2040.

La UE ya estableció su objetivo para 2030 de reducir las emisiones en al menos un 55% (y la neutralidad climática para 2050). La nueva propuesta que la Comisión lanzará el martes es una recomendación a los Veintisiete y también el “escenario más realista” para alcanzar el objetivo del acuerdo climático de París de limitar el aumento de la temperatura a menos de 2 grados centígrados. Será el próximo Ejecutivo comunitario el que, tras las elecciones europeas de junio, presente un proyecto de regulación que deberá negociar con los gobiernos de los Veintisiete y el Parlamento. Pero el club comunitario se enfrenta a un momento decisivo en el que tendrá que determinar si sigue en la senda hacia la descarbonización independientemente de los costes políticos y económicos a corto plazo. De hecho, en los últimos meses, la Comisión liderada por Ursula von der Leyen ha reducido su ambición entre los reclamos para ir hacia esa vía de su propio partido (PPE), que trató incluso de derribar la ley de restauración de naturaleza.

Para conservadores y populistas las políticas verdes se han convertido en un chivo expiatorio y en un lugar sencillo para la crítica. También lo son para los euroescépticos, que usan las regulaciones como alimento para captar votos. Crecen las voces que claman contra la lista de regulaciones climáticas e industriales que marca Bruselas y hacia el enfoque ambicioso climático del club comunitario. Al calor de todo ello brotó, por ejemplo, en 2019 el Movimiento Campesino-Ciudadano en Países Bajos. Son varios los Estados miembros los que, ante su panorama nacional, han reclamado a la UE que no acelere. En cualquier caso, si no se aborda y gana la visión cortoplacista, el coste puede ser enorme. Y la UE puede, además, perder más terreno frente a Estados Unidos y China.

Inciertas tecnologías

Desde el lado que reclama más ambición —por ejemplo, algunos Estados de la UE y grupos ecologistas— también se muestran preocupados por los borradores del plan de la UE que se han ido conociendo. La propuesta del 90% se refiere a las emisiones netas. Es decir, que se abre la puerta a las compensaciones de los gases que se emiten a través, por ejemplo, de los sumideros (como, por ejemplo, los bosques). En el texto se aboga por un despliegue “más temprano” de la captura de carbono, unas técnicas cuyo desarrollo actual se puede calificar de anecdótico.

Fuentes de uno de los Estados miembros a los que la Comisión ha ido avanzando algunas claves de su plan exponen sus temores sobre el excesivo foco que pone Bruselas en estas inciertas técnicas de captura de dióxido de carbono. La industria de los combustibles fósiles y los países más dependientes del petróleo y el carbón llevan años insistiendo en la captura y el almacenamiento de CO₂ como solución al cambio climático porque permite seguir usando los productos que venden.

Greenpeace, tras analizar varios de los borradores, asegura que la propuesta de la Comisión “esconde” una “contabilidad muy dudosa, basada en varitas mágicas para hacer desaparecer la contaminación”. Según los cálculos de esta ONG, el plan de Bruselas “implica que el recorte de emisiones reales (brutas)” es de un 82%, porque para “alcanzar el objetivo de reducción neto del 90%” se logra con “la captura y el almacenamiento de carbono”.

Ese almacenamiento está especialmente pensado en el plan de la UE para el sector industrial. Según el texto de la propuesta consultado por EL PAÍS, en el caso del sector eléctrico “debería acercarse a la descarbonización total en la segunda mitad de la década de 2030″. Aunque Bruselas asegura que “las energías renovables como la solar y la eólica constituirán la gran mayoría de las soluciones”, no cierra las puertas a otras soluciones tecnológicas de cero y bajas emisiones, entre las que se citan la eficiencia, el almacenamiento y la energía nuclear. Respecto a esta última tecnología, el borrador de plan recuerda la “alianza industrial” que ha anunciado ya la Comisión para “acelerar el despliegue de pequeños reactores modulares”, unos sistemas todavía incipientes, pero que Bruselas sostiene que a principios de 2030 podría empezar a implantarse en algunos países de la UE.

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