Teresa Ribera: “El Gobierno no va a comprar ni un metro cuadrado de regadíos irregulares en Doñana”

El Ministerio para la Transición Ecológica difundió, a última hora de la tarde del martes, una inesperada nota que anunciaba una reunión del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, con la vicepresidenta tercera y ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (Madrid, 54 años). Al día siguiente, ...

El Ministerio para la Transición Ecológica difundió, a última hora de la tarde del martes, una inesperada nota que anunciaba una reunión del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, con la vicepresidenta tercera y ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (Madrid, 54 años). Al día siguiente, ambas administraciones firmaron la paz sobre Doñana. La Junta suspendía la tramitación de la ley que PP y Vox habían presentado en marzo en el Parlamento regional, que supondría regularizar cientos de hectáreas de regadío ilegales en el entorno del parque, y poner todavía más en jaque la supervivencia de esta joya. Ahora, Gobierno y Junta tienen un mes para plantear un plan de desarrollo de esta comarca que contará con un presupuesto de 350 millones de euros, pero que, reafirma Ribera, no puede pasar por la legalización de las parcelas ni por la compra de terrenos de cultivos irregulares por parte del Estado. Algo que, a priori, casa mal con la línea roja marcada por la Junta, que amenaza con recuperar la ley si no goza del plácet de los agricultores afectados. Ribera detalla en esta entrevista los entresijos de la negociación que llevó al acuerdo y el escenario que se plantea a partir de ahora. “Tenemos una oportunidad como nunca la hemos tenido”, recalca la vicepresidenta sobre el futuro del espacio protegido y las personas que viven en su entorno.

Pregunta. El PP y Vox presentaron su propuesta para la regularización de regadíos ilegales hace siete meses. ¿Por qué se ha tardado tanto en llegar a este acuerdo para paralizar esa norma?

Respuesta. Por distintos motivos y probablemente no ajenos al debate electoral, algo que quizá también explica parte de lo que ocurrió con ese acuerdo entre el PP y Vox. Creo que esa proposición fue un inmenso error y es manifiestamente contraria a todo lo que habíamos venido trabajando con la Comisión Europea y con la Unesco. La verdad es que además de sentirme profundamente engañada, porque era un asunto sobre el que yo ya había hablado con el presidente de la Junta de Andalucía en su momento, siempre tuve la impresión de que una vez conseguido el objetivo electoral las cosas podían diluirse. Pero el hecho de que esto no fuera así nos preocupó sobremanera. Una vez que constatamos que la Junta de Andalucía estaba dispuesta a trabajar para ofrecer soluciones en el territorio que fueran compatibles con Doñana, decidimos buscar un espacio para trabajar conjuntamente.

P. ¿Y quién llama? ¿Cómo se desbloquea esta situación tan enconada?

R. Bueno, la verdad es que eso es lo de menos porque la reacción es inmediata. Pero llamé yo.

P. Llama y le dice al presidente de la Junta: “Vamos a sentarnos porque estamos dispuestos a…”.

R. Llamé y le dije: “Vamos a sentarnos porque esto va a acabar mal”. No tiene ningún recorrido y genera infinitos problemas. Creo que hay dos referencias importantes para resolver este asunto. Una es garantizar la viabilidad de Doñana y otra es comprometerse con las personas que viven allí, y estamos dispuestos a trabajar con la Junta en ello.

P. Si usted no hubiera llamado a Moreno, ¿se habría aprobado finalmente en el Parlamento esa ley?

R. Sí. Y la habríamos recurrido inmediatamente en el Constitucional y habría sido una gran complicación desde el punto de vista jurídico, reputacional ante los organismos internacionales, económico y presupuestario para Andalucía en primer lugar, y, por tanto, para los onubenses y para España.

P. Pero, ¿no puso nada nuevo encima de la mesa? ¿Fue simplemente un cambio de actitud por parte de la Junta?

R. Yo agradezco esta reacción del presidente de la Junta. Lo que él dijo fue que era importante ver exactamente de qué marco de colaboración podíamos estar hablando. Le respondí que, del mismo modo que habíamos presentado un marco de actuaciones ambientales, estábamos en condiciones de trabajar en un marco de actuaciones de desarrollo territorial y social. De la misma manera que habíamos venido acompañando iniciativas parecidas en zonas del carbón o en el entorno del mar Menor. También dijimos desde el primer momento que hay algo que no es cuestionable: la legalidad nacional e internacional, que pasa por respetar lo que ya se acordó con la Comisión Europea en su momento. Es decir, que es el plan de la corona norte [el documento que ordenó los usos del suelo para la agricultura en el entorno de Doñana] el que delimita para qué espacio y volumen de agua hay que encontrar soluciones. En esas soluciones habíamos venido trabajando desde 2018, desde que llegamos nosotros al Gobierno. Pero nuestra disponibilidad para un acuerdo sobre Doñana no pasa por una recalificación de suelo, ni por una garantía de derechos de agua, ni por pagar a precio de regadío lo que ha sido siempre secano, ni por comprar terrenos que no aportan nada al buen estado de Doñana.

P. ¿El ministerio no va a comprar ninguna de las hectáreas de cultivos irregulares de las que se querían regularizar con la ley?

R. Ni un metro cuadrado. El plan de desarrollo territorial y social de esta zona no pasa por comprar suelo, no pasa por firmar cheques. Pasa por invertir en oportunidades de desarrollo diferentes. El programa de compras que anunciamos en noviembre de 2022 va dirigido a aquella superficie con derechos de riego reconocidos para liberar esas concesiones de agua y así garantizar que Doñana vuelva a ser un humedal. Por definición, si hay parcelas que no cuentan con derechos de agua, no tiene ningún sentido comprarlas. Es más, tendría enormes dificultades para justificar jurídica y técnicamente dedicarse a comprar suelo en esa zona y no en cualquier otro lugar del territorio español. No lo podemos hacer.

P. ¿Pero el Estado no puede expropiar?

R. Bueno, pero yo no voy a expropiar una parcela de suelo de secano que no tiene ninguna aportación a la protección de ecosistemas porque sí. No tiene ningún sentido.

P. El plan de la corona norte, que afirma que no se ha ejecutado, fue aprobado en 2014. En ese momento, y en los años posteriores, gobernaba en Andalucía el PSOE. Su partido fue el que no lo ejecutó.

R. Ni mi partido ni el Partido Popular, que estaba en el Gobierno de la Nación. Probablemente, hay algunas razones que lo pueden explicar desde el punto de vista de ajustes presupuestarios y limitación de la disponibilidad financiera en los años más duros de Guindos y Montoro, con restricciones al gasto público, a la inversión por parte de los gobiernos autonómicos y locales… Y esto explica la razón por la que somos condenados por el Tribunal de Justicia a la Unión Europea por la protección de Doñana. Pero lo más importante que hay que destacar ahora es que se abre una oportunidad muy buena para los onubenses. Tengo la convicción de que el compromiso del presidente Moreno Bonilla es sincero y que entiende que tenemos que trabajar en las dos dimensiones marcadas. Sabe que el Gobierno de la nación no va a comprar ninguna parcela, ninguna finca, que nuestra solución pasa por invertir en el territorio para generar oportunidades de crecimiento. Pero no utilizar esto como si fuera una bolsa de dinero de la que salen billetes y se regalan. Eso no va a ningún lado y sabemos que no funciona para nada, se trata de acompañar una inversión diferente.

P. Pero el presidente de la Junta ha asegurado que todo lo que se acuerde debe contar con el visto bueno de los agricultores, que tienen una actividad económica que no podrán seguir desarrollando…

R. Creo que esto hay que preguntárselo a él. Pero yo lo interpreto como que las decisiones de los gobiernos tienen que contar con las propuestas de los actores a las que van dirigidas y tener en consideración sus preocupaciones. Eso lo comparto. Este próximo mes tiene que ver, entre otras cosas, con escuchar, encajar, proponer, debatir, incrementar, ampliar las propuestas en un marco que será vivo. No se resuelve todo en un mes, pero en un mes se ponen las grandes líneas y se empieza a actuar, como estamos haciendo en el mar Menor. No creo que ningún gobierno pueda decir que cede su responsabilidad de defensa del interés público en favor de un colectivo x. A mí no se me ocurre decir eso en relación con las eléctricas o los regantes de cualquier territorio. Presto atención a lo que me dicen las eléctricas, los regantes, los vecinos de cualquier ciudad o la industria de los automóviles, lo que no significa que le dé las llaves del coche a la industria del automóvil; o le dé las llaves del mercado eléctrico a las eléctricas; o le dé las llaves del agua disponible para regar a los regantes. No creo que el presidente de la Junta vaya a hacer una dejación o una delegación de responsabilidades en un colectivo. También es importante pensar en qué es sostenible para las personas del entorno. Los propietarios de las parcelas no son el 100% de la sociedad en el área de influencia de Doñana, donde hay un porcentaje muy alto de jornaleros y de personas que se dedican a otras cosas. En el caso de los propietarios de parcelas, entiendo que todo el proceso no era para que, en lugar de vender por 10 euros la hectárea, la vendieran por 140…

P. ¿Insinúa que detrás del proyecto de ley de PP y Vox había un motivo especulativo?

R. No tengo ni idea. Sé que es un debate en el que no quiero entrar. Porque como no voy a entrar en la compra de parcelas, es indiferente. La puesta en valor de esos territorios, de esas parcelas, de forma compatible con Doñana sabiendo que no hay más agua, a lo mejor pasa por recuperar cultivos tradicionales. Ahí había pinos piñoneros y una industria que desapareció. A lo mejor se puede invertir en ese tipo de cultivos o en recuperar la uva del condado, que tiene un potencial muy interesante. Es decir, que habrá que ver con ellos de qué se trata.

P. Pero nunca agricultura de regadío.

R. No, claro, porque agua no hay más. Y tenemos que cerrar de una vez el procedimiento de infracción de Bruselas. Yo no quiero que penda sobre nosotros permanentemente la espada de Damocles de si la Unesco coloca Doñana en la lista roja de sitios en peligro. Nos comprometemos al progreso en el territorio y el dinero no debe ser un problema, tenemos una oportunidad como nunca la hemos tenido. Eso sí, el dinero está disponible para soluciones que sean viables ambiental y socialmente, no para repartir cheques en blanco o para comprar unos terrenos que no sirven para nada, pero sobre los que a lo mejor alguien se hizo alguna ilusión de venta a un precio muy superior. Si alguien quiere comprarlos que los compre, pero desde luego este ministerio no los va a comprar.

P. ¿En qué ha cedido el ministerio para llegar a este principio de acuerdo con la Junta?

R. Bueno, el ministerio ha aceptado que, en lugar de retirar el proyecto de ley, lo que se haga sea aparcarlo.

P. ¿Da por muerta la ley o se podría resucitar?

R. Si el compromiso de Moreno Bonilla es sincero, y pienso que lo es, y somos capaces con inteligencia, incluida la emocional, de utilizar los recursos bien, escuchar y armar las cosas, no tiene sentido esta ley. Creo que la gente lo que quiere son oportunidades.

P. Bueno, en 2024 hay elecciones europeas. Lo mismo se vuelve a sacar la ley del cajón.

R. Yo creo que la gente está cansada. Hay otra cosa que agradezco a Moreno Bonilla en este asunto: pienso que la gente prefiere vivir bien y con la convicción de que sus instituciones trabajan para resolver problemas y no vivir en la bronca permanente sin ninguna solución concreta.

P. Granada ha acogido la cumbre de jefes de Estado de la UE. Y los grupos ecologistas lamentan que se haya perdido ambición climática y medioambiental en la UE, por ejemplo, en la declaración final.

R. Europa sabe que se juega mucho en esto, no solamente por razones ambientales, sino también por razones económicas y sociales. Honestamente, no creo que se haya perdido ambición. Esta era una cumbre en la que el énfasis más importante se quería poner en la ampliación hacia el Este, en el debate sobre la seguridad de Ucrania y en cómo garantizar una gestión mucho más transversal y solidaria hacia afuera. Pero solidaria también en la gestión interna de los flujos migratorios de las personas, y en la visión de conjunto del concepto de seguridad y migraciones aparece el clima y el medio ambiente. Aunque no cuenta con un desarrollo y nos hubiera gustado que hubiera un capítulo propio. Pensemos que la presidencia del Consejo es de Charles Michel, no es de la presidencia rotatoria, y creo que Michel consideraba que este es el momento en el que el énfasis tenía que estar puesto en esos otros aspectos. Insisto en que me hubiera gustado un desarrollo propio, pero se quería una declaración corta y en la que aparezcan estos otros aspectos en los que no ha habido tanto énfasis en los últimos meses.

P. Esta presidencia española de la UE, un poco anómala por las elecciones, ¿no ha provocado que España pierda la oportunidad de marcar un liderazgo medioambiental?

R. Creo que lo estamos marcando y que además nos lo reconocen de manera bastante generalizada, no solamente en los documentos de final de mandato de esta Comisión, sino en la agenda internacional.

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