Teresa Ribera: “Lo de Doñana es un engaño: no va a haber agua”

La frase queda suspendida en el aire: “Vamos a perder las lagunas, la cuestión es si conseguiremos recuperarlas”. Lo que viene después es un silencio de varios segundos y miradas al suelo. La frase la pronuncia el biólogo Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, bajo un monumental —y moribundo— alcornoque que ha pasado por muchas sequías en sus tres siglos de vida. De esta no saldrá, vaticina Revilla, añadiendo aún más congoja a la escena. A su lado está la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ...

La frase queda suspendida en el aire: “Vamos a perder las lagunas, la cuestión es si conseguiremos recuperarlas”. Lo que viene después es un silencio de varios segundos y miradas al suelo. La frase la pronuncia el biólogo Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, bajo un monumental —y moribundo— alcornoque que ha pasado por muchas sequías en sus tres siglos de vida. De esta no saldrá, vaticina Revilla, añadiendo aún más congoja a la escena. A su lado está la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (Madrid, 53 años). Y unos metros más allá está la laguna del Ojillo. O, mejor dicho, lo que fue la laguna del Ojillo hasta 2004, porque desde entonces no se ha vuelto a llenar y solo queda como recuerdo de lo que fue un testigo metálico que servía para marcar hasta dónde llegaba un agua que ahora ni está ni se le espera.

En el lecho seco de esta antigua laguna —antes refugio de aves, reptiles y mamíferos— han brotado pinos que se levantan a más de metro y medio, señal inequívoca de que no queda agua bajo los pies. Ahí es donde está buena parte del problema: en el subsuelo, en la sobreexplotación del acuífero del que se nutre Doñana, una joya de la biodiversidad en el sur de España que cuenta con las máximas figuras de protección regionales, nacionales, europeas e internacionales. De ese acuífero también viven, en las afueras del parque, cientos de agricultores que riegan con esas aguas una potente industria de la fresa y los frutos rojos que creció sin orden ni concierto mientras todas las administraciones dejaban hacer. A muchos se les regularizó en 2014 y, tras varias advertencias de Bruselas, una condena europea y muchos retrasos, se puso en marcha un plan para cerrar los pozos legales que pinchan el acuífero, trayendo agua de superficie.

Alrededor de un millar de hectáreas de regadío, que siguen operando y viven en muchos casos de pozos ilegales, eran irreconducibles hasta ahora y estaban condenadas a desaparecer. Pero el miércoles pasado, a seis semanas de las elecciones municipales, PP y Vox iniciaron la tramitación urgente de una proposición de ley para regularizarlas en el Parlamento andaluz, lo que ha generado una enorme polémica y el rechazo de la comunidad científica, los ecologistas, la Comisión Europea y la Unesco.

Ribera acudió el viernes al epicentro del desastre para una reunión técnica con Revilla en la reserva de la Estación Biológica, donde se ubican las antiguas lagunas que se han secado por la disminución de las lluvias, pero también por las extracciones del acuífero para la agricultura y usos urbanos. Esos terrenos de la reserva son de titularidad estatal, pero todas las competencias sobre el parque nacional están transferidas a la Junta de Andalucía, que también es responsable de las políticas de ordenación del territorio y agrícolas. Sin embargo, las políticas de agua y las concesiones para el riego son competencia estatal. Las dos administraciones están condenadas a entenderse si quieren dar una oportunidad de recuperación a Doñana, algo que está realmente lejos de ocurrir. Tras visitar las lagunas secas, Ribera atiende a EL PAÍS.

Pregunta. ¿Cómo está Doñana?

Respuesta. Está mal. Hace tiempo que sabemos que Doñana afronta dos problemas. El primero son las sequías, que cada vez son más prolongadas. Hay una segunda fuente de presión importante que estamos intentando corregir, que son las extracciones de agua del acuífero. España fue condenada por el Tribunal de Justicia de la UE en 2021 esencialmente porque se consideraba que el Plan Hidrológico del Guadalquivir no había incorporado las necesidades de mantenimiento del ecosistema de Doñana. Hay que poner en marcha un plan de recuperación e incorporarlo en el plan hidrológico que acabamos de aprobar para Doñana. En este contexto se activa un primer paquete de medidas de cierre de pozos ilegales, pero también de inversiones en infraestructuras que nos permitan traer agua de otras cuencas, del Odiel, Piedras y Tinto.

P. ¿Con qué objetivo?

R. Lo que se pretende es recargar el acuífero y dar cobertura a las demandas de agua que hoy se nutren con el acuífero, es decir, los abastecimientos de Matalascañas, de la comarca del condado y los pozos legales regularizados. Esa regularización se llevó a cabo en 2014, cuando se aprobó el plan de ordenación del área de Doñana y se identificaron los regadíos con derechos históricos que pueden necesitar alguna alternativa. Esa es la fecha que tenemos que tener en la cabeza: el acuerdo que se cierra en 2014 después de 10 años de trabajo. Eso nos ha permitido cerrar casi 500 pozos legales y 200 pozos ilegales, y nos quedan otros 500. Legales, insisto: explotaciones con derecho a agua del acuífero que van siendo sustituidas conforme tenemos agua de superficie.

P. ¿Qué horizonte se plantea el Gobierno para el cierre de todos los pozos?

R. En el caso de los pozos legales, que requieren seguir incrementando las dotaciones, el horizonte es 2024-2025. Y los pozos ilegales deben cerrarse ya. Cuanto antes. Evidentemente, todo eso depende de todo un procedimiento garantista, de un procedimiento sancionador, que a veces se dilata por la judicialización. Pero insisto: debe hacerse cuanto antes, estamos en una carrera contra el tiempo para salvar el ecosistema.

P. ¿En 2025 no habrá ya captaciones, ni legales ni ilegales, del acuífero para la agricultura?

R. Esa es nuestra intención.

P. ¿Cuántos pozos ilegales siguen quedando en el entorno de Doñana?

R. Puede haber todavía otros 200 pozos ilegales, cuyos expedientes están en tramitación. Debe poder acreditarse si tienen o no derechos por parte de la Junta de Andalucía. Pero no se trata solo de lo que ocurre al margen de la ley, porque ahí creo que no debe haber discusión. Se trata de que lo que tenemos hoy como una de las estrategias fundamentales para salvar Doñana es seguir invirtiendo para traer agua de superficie a esta zona para cerrar pozos legales. Por eso no se entiende la propuesta de PP y Vox. Esa agua de superficie que llegará a Doñana no tiene excedente. Por lo tanto, la Junta de Andalucía sabe perfectamente que nunca va a haber agua de superficie, nunca, porque está ya agotada.

P. ¿Por qué entonces salen ahora PP y Vox con la propuesta?

R. Este es el punto más sensible y más contradictorio. Doñana no es solamente el espacio cerrado dentro del parque. La supervivencia del parque depende de todo el entorno y de las presiones en ese entorno. En este caso está muy claro cuáles son las presiones: la política debe ser reducirlas y asegurar que no surjan presiones adicionales. No podemos tolerar más riesgos. Es absurdo pensar que va a llegar un agua que no existe a una zona a 30 kilómetros de distancia por arte de birlibirloque. Ese es el fondo de la cuestión. Pero, además, no se pueden prometer viviendas gratis en una ley básica del Estado para los andaluces a expensas de que el señor Moreno Bonilla [Juan Manuel, presidente de la Junta] construya esas viviendas y las regale. El presidente de la Junta no puede prometer un agua que depende de la confederación y que además está programada y aprobada en un plan hidrológico. No se puede quejar de que no hay agua, no se puede quejar de la sequía, y simultáneamente prometer un agua que no existe, generando unas expectativas que trasladan la presión a quien sí es titular de la política de agua.

P. ¿Cuál es el grado de irritación entre el ministerio y el presidente de la Junta?

R. Elevado, porque esta conversación ya la tuvimos con él en el intento anterior. Y entonces nos dijo dos cosas. Una: que la Comisión Europea no era quién para opinar sobre este asunto y que le parecía una intromisión que no tenía sentido, cosa que me parece un poco desubicada. Y dos, que no me preocupara, que probablemente se disolvería el Parlamento andaluz y que él sentía la presión en aquel momento, pero que con la disolución esta iniciativa desaparecía y se acabó.

P. ¿Y ahora puede ocurrir lo mismo después de las elecciones, que no se apruebe esta ley?

R. No tengo ni idea, pero creo que no es honesto y creo que ataca directamente a la credibilidad del sistema democrático el hecho de que, sabiendo cómo son las cosas, uno juegue con estas cartas. Me parece que es una barbaridad que no se puede tolerar. No se puede mirar para otro lado. Me parece que es absurdo jugar con Doñana como moneda de cambio simplemente por no sentirse amenazado por Vox. Hay que sentarse con la gente y encontrar alternativas. Pero no puede ser esta patada hacia adelante, no puede ser eso de contar, con toda la carga de demagogia, que ya está resuelto el problema de no se sabe cuántas familias en relación con un agua que sabemos perfectamente que no existe, que no está ni va a estar.

P. El presidente le ha acusado de falta de diálogo con la Junta.

R. Esa acusación se cae por su propio peso. Insisto, mi primera reacción el año pasado, cuando presentó una proposición de ley parecida, fue descolgar el teléfono, llamarle en caliente. Desde entonces no solamente hemos mantenido todos los canales abiertos, sino que, cuando ha habido cualquier solicitud por su parte, hemos reaccionado inmediatamente.

P. La Junta ha anunciado que el 3 de mayo se reunirá con Bruselas para aclararle su proposición.

R. En la Comisión Europea están perplejos. Están preocupados. Nos han trasladado esa perplejidad, esa preocupación, de forma directa e indirecta.

P. ¿El Gobierno se plantea retirar algún tipo de competencia sobre ordenación del territorio a la Junta por este caso?

R. Creo que eso sería extraordinariamente traumático y que no deberíamos llegar a eso. Sí hay que pedir responsabilidades a quien las tiene. Lo que no impide que el Gobierno recurra la propuesta ante el Tribunal Constitucional con toda la contundencia y con toda la argumentación en torno al principio de precaución, a la afección significativa que está sufriendo el parque, a las responsabilidades que nos tocan a cada cual, al cumplimiento de la normativa europea. Y reclamando que esto no se haga. Pero déjeme insistir en algo obvio: si no hay agua, eso nunca va a poder funcionar como regadío. La calificación como regadío genera una expectativa. Por eso, lo que hacen en Doñana es un engaño, fundamentalmente a los vecinos, porque no va a haber agua nunca. Es imposible. Estamos haciendo un esfuerzo máximo por incorporar la mayor cantidad de agua adicional posible para preservar el parque y reducir las presiones de los derechos legales. Me parece que esto deja en mal lugar a la Junta, pero políticamente tampoco se entiende: parece que se lo haya diseñado un enemigo. Parece un traje para reventarle las costuras de su programa verde. No entiendo cómo se les ha ocurrido hacer esto.

P. El problema de los regadíos y el desorden de la agricultura en Doñana se gestó en gran medida con administraciones socialistas. ¿Qué responsabilidad histórica tiene su partido?

R. El plan de ordenación territorial del área de Doñana se aprobó en 2004 y fija todas las prioridades de uso y las limitaciones. Y se introduce la posibilidad de regular un plan especial de la fresa y los frutos rojos, que se acaba aprobando con todas las revisiones de derechos históricos en 2014. El de 2004 fue un ejercicio muy complicado de construcción de alternativas y consensos y que supuso un paso adelante muy significativo. Sin embargo, con la crisis de 2011 y sobre todo a partir de 2013 se ve cómo se va generando una presión adicional que se intenta frenar en 2014 con ese plan especial y con la determinación de fijar cuáles son los derechos legítimos. Quedaba pendiente de su concreción en el Plan Hidrológico del Guadalquivir de 2015 y de aprobar las inversiones en infraestructuras que permitieran reducir esas explotaciones que no quedaron cubiertas en 2014 con la llegada del agua de superficie de estos trasvases. Pero en el Plan Hidrológico del Guadalquivir de 2015 no se incluye: eso nos llevó a la condena en 2021, pero ya se había producido un incremento muy importante de la superficie cultivada ilegalmente y de apertura de pozos. En este debate hay que incorporar todas estas variables. Y siempre son debates que van más allá de la cuestión institucional, requieren un respaldo social muy importante y la generación de alternativas en el territorio.

P. ¿Pero cree que el PSOE ha actuado de forma adecuada en este asunto?

P. Creo que ha habido cosas mejores y peores, y ha habido un esfuerzo de consenso que ha costado mucho construir. Lo que no se puede hacer es menospreciar ese esfuerzo. ¿Fue suficiente? Seguramente no. ¿Tocó una crisis de por medio? Sí, también, y a nadie se le puede olvidar. Pero por el camino ha habido avances que se desprecian. ¿Es suficiente? No, por eso estamos reforzando todo desde hace cuatro años y por eso el nuevo plan hidrológico no tiene nada que ver con el anterior. Si aun así no es suficiente, lo que no puede haber es riesgos adicionales que se incrementen desde fuera, como ha sucedido esta semana. Además, desgraciadamente, cada vez hay menos tiempo para asegurar que las especies que han perdido territorio y que cada vez encuentran más dificultades puedan recuperarse y estar presentes en Doñana en el futuro.

P. Elecciones y agua. ¿Ese cóctel es cada vez más explosivo?

R. La península Ibérica está en una zona con un clima de transición en el que, además de sequías cada vez más prolongadas y recurrentes, vivimos una situación de estrés hídrico constante. Por lo tanto son un error las políticas de agua pensadas solo en la oferta, en cuánto más se puede ofertar. Debemos amoldarnos a un uso del agua más inteligente, más eficiente y, probablemente, no solo con una nula posibilidad de crecimiento, sino reduciendo los consumos y las presiones. Hemos avanzado mucho en este debate respecto a 10 años atrás y, a pesar de todo, sigue habiendo una tensión social que a veces es utilizada de forma electoralista. Eso es una irresponsabilidad. Nos toca hacer mucha más pedagogía y pensar mucho más en qué soluciones pueden paliar el problema.

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