¿Está realmente corrompida la ciencia?

En los últimos años hemos asistido a escándalos que han ocupado portadas en todo el mundo: investigaciones que se presentaban como revolucionarias y acabaron retiradas por fraude, crisis incluso en instituciones tan prestigiosas como las que otorgan los premios Nobel, fraudes sonados en áreas como la psicología o la biomedicina. A ello se suman noticias sobre irregularidades en centros de investigación punteros, conflictos de intereses o manipulación de indicadores en Europa y en España. El efecto acumulativo de estas historias no sorprende: alimenta la sensación de que la ciencia no es diferente de cualquier otro ámbito de poder, que también está corrompida.

Esa conclusión puede parecer razonable. Y, sin embargo, es conceptualmente equivocada.

Conviene empezar por una distinción que rara vez se formula con claridad. No es lo mismo hablar de corrupción en la ciencia que de corrupción de la ciencia. La primera existe —como existe en cualquier actividad humana— y debe investigarse y sancionarse. La segunda implicaría que las propias reglas del método científico están estructuralmente orientadas a blindar errores o intereses.

La comunidad científica no está formada por personas moralmente superiores. Está compuesta por individuos con ambiciones, intereses, trayectorias profesionales y, en ocasiones, tentaciones. Pero el método científico no descansa en las virtudes personales de quienes lo practican, sino en reglas que parten de una premisa clara: nadie merece confianza automática.

En ciencia, la reputación de quien firma un resultado puede influir en la visibilidad o en la publicación, pero no garantiza su validez. Lo decisivo es la posibilidad de que otros lo reproduzcan y lo sometan a prueba. Una vez publicado, el conocimiento deja de pertenecer a su autor y queda expuesto al escrutinio de cualquiera que quiera examinarlo. Esa exigencia de reproducibilidad convierte toda afirmación en una hipótesis provisional.

Hay además otro rasgo menos intuitivo: el prestigio no proviene de confirmar lo que ya se sabe, sino de mostrar que algo no encaja. En su lógica profunda —aunque no siempre en su funcionamiento cotidiano—, el método científico recompensa la refutación y la revisión. La crítica no es un fallo del sistema; es su combustible.

El tiempo añade otra capa de corrección. Algunos fraudes pueden sostenerse durante un periodo, sobre todo cuando los incentivos premian la rapidez sobre la solidez. Pero la ciencia es acumulativa: otros grupos intentan replicar y utilizar esos resultados y, si son frágiles, las inconsistencias terminan por aflorar. Esta autocorrección no es automática: requiere recursos, acceso a datos y evaluaciones independientes. Cuando esas condiciones faltan, lo que ocurre es que el sistema puede tardar mucho más en depurarse, a veces años o incluso décadas.

Nada de esto significa que la ciencia sea perfecta. Arrastra tensiones reales: la presión por publicar, la simplificación de las métricas, la competencia por la financiación, la burocratización creciente. El principio de “publicar o perecer” ha venido alimentando malas prácticas y una crisis de reproducibilidad que no podemos banalizar. Estas dinámicas distorsionan comportamientos y merecen una reflexión crítica honesta. Sería ingenuo negarlo.

Pero una cosa es reconocer los fallos en la gobernanza y otra muy distinta afirmar que la ciencia, como forma de producción de conocimiento, está estructuralmente corrompida. Confundir ambos planos no solo es un error analítico; tiene consecuencias sociales.

Las encuestas recientes sobre cultura científica en España muestran una mezcla llamativa de fascinación y recelo: según datos de la Fundación BBVA y la FECYT ocho de cada diez ciudadanos declaran interesarse por la ciencia, pero al mismo tiempo una parte significativa da crédito a teorías conspirativas como que el cambio climático es un invento para conseguir financiación, que los gobiernos han producido virus en laboratorios para controlar la libertad o que se ocultan los peligros de las vacunas. Esa combinación apunta en una misma dirección: esperamos de la ciencia soluciones casi milagrosas, pero desconfiamos de sus resultados cuando contradicen nuestras intuiciones o intereses.

Y esa ambivalencia no es inocua. Si se instala la idea de que la ciencia es sólo otro espacio de poder indistinguible del resto guiado por intereses opacos, se erosiona la confianza en uno de los pocos sistemas diseñados explícitamente para autocorregirse. Sin ese sistema, el terreno queda abonado para la desinformación y la opinión sin contraste.

Lo hemos visto con las vacunas de la Covid-19, con el cambio climático o con las promesas exageradas de algunas tecnologías. Cuando se normaliza la idea de que “todo está comprado” o que “todo tiene un precio”, cualquier fallo real —un error metodológico, un conflicto de intereses, una mala práctica— se deja de interpretar como un problema concreto y corregible, y pasa a verse como un signo más de corrupción estructural. En ese clima, la crítica legítima y la desinformación se confunden, y los bulos resultan más fáciles de creer y compartir que las explicaciones complejas.

La ciencia es —y debe ser— incómoda porque institucionaliza la duda. Ninguna afirmación es definitiva. Ninguna autoridad es irrebatible. Ningún consenso es eterno. Esa arquitectura basada en la crítica organizada es lo que la hace resistente a que intereses particulares se adueñen de ella durante demasiado tiempo. Eso no elimina las asimetrías de poder, pero dificulta que se impongan sin contestación.

La ciencia no es difícil de corromper porque quienes la practican sean mejores que los demás. La ciencia es difícil de corromper de forma duradera porque está construida sobre una desconfianza estructurada —reglas, revisión, replicación, competencia entre grupos— que impide que nadie conserve el monopolio de la verdad durante mucho tiempo. Renunciar a esa diferencia, aceptar que “todo está podrido”, no castigaría solo a los malos científicos: nos dejaría a todos sin un suelo común sobre el que seguir discutiendo el mundo.