Así son los primeros asesores científicos del Gobierno desde la Democracia: “Nuestro trabajo no es hacer política”

Una bióloga que busca microbios en los lugares más hostiles del planeta, una ingeniera que aplica las matemáticas a la toma de decisiones colegiadas, un psicólogo especialista en radicalización yihadista, o una experta en la interacción emocional de personas y robots. Son algunos de los nuevos asesores científicos del Gobierno, que acaban de ser elegidos para servir en cada uno de los 22 ministerios esta legislatura.

Es la primera vez desde la llegada de la Democracia que se crea oficialmente esta figura dentro del Ejecutivo. El pasado verano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de este cuerpo, junto a otras medidas para poner a España en el camino de otros países que llevan años, incluso décadas, empleando este tipo de expertos y dando un lugar preeminente a la evidencia científica en la toma de decisiones. Los 22 elegidos formarán parte del gabinete de cada ministro, que será quien pueda cesarlos, y tendrán el máximo nivel salarial dentro de la administración para cargos de confianza.

La selección de estos nuevos profesionales coincide con uno de los momentos políticos más críticos para el Gobierno por acusaciones de corrupción y supuestas filtraciones interesadas. A pesar de este clima, Sánchez ha querido reunirse este martes con los nuevos asesores en el palacio de la Moncloa en una reunión a puerta cerrada.

“Da vértigo”, reconoce Elena González-Toril, que ha comenzado esta semana su nuevo trabajo como asesora científica de la ministra de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Madrileña de 51 años, doctora en biología molecular con 25 años de experiencia, González-Toril ha cambiado su trabajo como científica del Centro de Astrobiología (CAB), cerca de Madrid, para formar parte del círculo más selecto de asesores de Robles. Su especialidad es estudiar “los límites de la vida”: microbios capaces de sobrevivir en los entornos más hostiles que se puedan imaginar, desde las aguas del río Tinto, en Huelva, a las de la Antártida. Pero no ha sido elegida solo por eso, sino por su capacidad de aportar un resumen breve, de un folio y medio, que compendie el conocimiento científico existente sobre un tema concreto, sea cual sea, sin dejarse llevar por su opinión personal. Una de sus mayores bazas es llevar años colaborando con científicos e ingenieros del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, organismo de investigación perteneciente a Defensa del que forma parte el CAB. “Nuestro trabajo no es hacer política, sino tratar de quitarle carga política a la información científica y ser objetivos”, explica. Aunque “asusta cambiar radicalmente de ambiente”, “estoy entusiasmada con este reto”, añade.

El nuevo cuerpo de asesores son 12 mujeres y 10 hombres, todos doctores, con una media de edad de 47 años, según la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC). Este nuevo organismo de Presidencia del Gobierno ha coordinado la selección junto a un grupo asesor en el que están representadas las sociedades científicas y médicas, los rectores de universidades públicas y las reales academias. Los candidatos tenían que ser doctores con una larga experiencia científica, haber trabajado previamente como asesores y tener habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Los elegidos salen de un total de 1.601 candidatos presentados. El Ministerio de Ciencia es uno de los que recibió más solicitudes, unas 900, y el de Defensa, el que menos.

Estos especialistas “no serán el sabio que susurra al oído del ministro”, explican en la ONAC. Su trabajo es más el de intermediarios honestos que sinteticen el consenso o disenso científico sobre cualquier asunto para que los que toman las decisiones cuenten con la ciencia como un factor clave, al igual que ya tienen sobre la mesa factores políticos, económicos, legales y presupuestarios. Sus informes para los ministros serán públicos, aseguran las mismas fuentes.

La mayoría de los consultados dice que se meten en esto para devolver parte del dinero y el tiempo que el Estado ha invertido en ellos. “La investigación científica no debe quedarse exclusivamente dentro de los laboratorios o la universidad; debemos ser útiles a la sociedad”, explica Manuel Moyano Pacheco, psicólogo de la Universidad de Córdoba, que será el nuevo asesor científico del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Este cordobés de 44 años forma parte de la red de alerta sobre radicalización de la Comisión Europea. Ha sido asesor de decenas de instituciones sobre riesgos derivados de la exclusión social, prevención de la radicalización, los delitos de odio, emergencias, desapariciones, criminalidad y violencia en todas sus formas. “La gestión de riesgos debe hacerse desde un prisma que tenga en cuenta aspectos deliberativos y precautorios, especialmente cuando no tenemos conocimiento sobre un determinado fenómeno. La ciencia será el tercer pilar”, opina. “El objetivo es que podamos maximizar la información y el conocimiento científico en los procesos de toma de decisiones con el fin de reducir la incertidumbre”, añade.

Ninguno de los cinco perfiles consultados militan en ningún partido, algo que esperan que siga así. “Lo bonito de este puesto es que ya ha sido concebido para no ser político”, resalta Isabelle Hupont Torres, ingeniera informática y de telecomunicaciones que se “enamoró” de la Inteligencia Artificial a principios de la década de 2000, cuando aún era un campo poco conocido. Esta científica francoespañola de 42 años resalta que su ciudad y su nacionalidad están en Zaragoza, donde trabajó en el Instituto Tecnológico de Aragón realizando proyectos de transferencia de Tecnología. Se especializó en Francia en el estudio del rostro humano y la interacción de personas con robots sociales, especialmente en población de edad avanzada y niños con autismo. También ha trabajado en el sector privado con empresas que desarrollaban tecnologías de reconocimiento facial, donde uno de los clientes eran las fuerzas de seguridad de España. Hasta ahora, Hupont Torres trabajaba en el Centro Común de Investigación de Sevilla, donde ha sido asesora de la nueva ley europea sobre Inteligencia Artificial. Ahora será asesora en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a las órdenes de Diana Morant. “Me parece tan pionero y bonito que mi país apueste por esto”, dice, y que “seamos una figura totalmente apolítica”, que no “dudé en tirarme a la piscina”.

Mónica García Melón, ingeniera industrial barcelonesa de 56 años, es consciente de que deja su cómoda cátedra en la Universidad Politécnica de Valencia para “afrontar una de las mayores preocupaciones de los españoles”. Su especialidad académica son los análisis de decisiones multicriterio. Crea modelos matemáticos aplicados a la toma de decisiones. Hasta ahora ha aplicado estas técnicas a asesorar a ayuntamientos y comunidades autónomas, por ejemplo sobre las trabas para la instalación de placas solares individuales. A partir de ahora, uno de sus objetivos será aplicar los mismos métodos a escala nacional como asesora del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de Isabel Rodríguez. “Yo me daría por satisfecha si conseguimos ampliar la oferta pública de vivienda, pero de verdad”, confiesa. En concreto, ansía “lograr un sistema de adjudicación basado en criterios sociales que sean inclusivos, transparentes y trazables”.

Este lunes Rüdiger Ortiz Álvarez decía estar algo “desubicado”. Era su primer día como asesor del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Cuando este diario habló con él, ni siquiera se había reunido por primera vez con el gabinete de la nueva ministra, Sara Aagesen, recién nombrada. Natural de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), de 36 años, Ortiz conoce bien el paño, pues trabajaba en la Oficina C del Congreso de los Diputados. Allí ha coordinado informes sobre inteligencia artificial y salud, neurociencia, incendios, y gestión sostenible de costas, y también ha participado en otros. “Esto es lo más fuera de mi zona de confort que he estado en toda mi vida, pero me apetece mucho”, señala.

Los responsables de la ONAC tienen dos pesadillas. Una, que estos nuevos técnicos encajen en sus destinos y que sean de utilidad para los ministros y sus equipos sin ser marginados. La segunda es que esta nueva figura tenga continuidad en el tiempo. Por ahora son cargos de confianza vinculados al ministro del ramo y a lo que dure la legislatura. Pero se ha modificado el real decreto del organigrama oficial de los gabinetes ministeriales para incluirlos. De esta forma, si el Gobierno cambia de signo y quiere prescindir de este cuerpo, tendrán que eliminarlo a propósito.

En verano, Pedro Sánchez anunció la creación de un nuevo “ecosistema” de asesores científicos dentro del Gobierno para dotar a España con un sistema usado en muchos otros países y también en la Unión Europea. La coordinación corresponde a la ONAC, que tiene un presupuesto anual de 10 millones de euros y que dirige el sociólogo Josep Lobera. Esta nueva oficina de Presidencia del Gobierno también está poniendo en marcha una unidad de apoyo al asesoramiento científico. Además, controlará la oferta de convocatorias puntuales con proyectos específicos. Habrá también un grupo asesor durante emergencias y crisis que se está coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional, órgano asesor del presidente del Gobierno.