Los pueblos indígenas en el Gobierno de Boric: dudoso legado

El Gobierno de Gabriel Boric llegó al poder en un momento de inflexión histórica. Con el entusiasmo y apoyo de muchos de nosotros -muy fuerte de mi parte, al menos-, arribó este Gobierno en un momento crucial, donde la cuestión indígena no parecía un asunto periférico, sino uno de los ejes constitutivos de una crisis más amplia de la sociedad.

En aquel momento, amplios sectores sociales esperábamos que el nuevo Gobierno encarnara una transición hacia un modelo más plural, capaz de reconocer la complejidad política y territorial de los pueblos indígenas.

Entonces, el proceso constituyente colocaba en cuestión los fundamentos monoculturales de la República, y parecía el país maduro para incorporar a su normalidad institucional niveles mayores de diversidad. Sin embargo, aquel proceso no fue conducido por la coalición gobernante por una ruta moderada que asegurara una transformación, y después de esa derrota ni siquiera lograron sostener aquello que gobiernos anteriores lograron dentro de los marcos institucionales vigentes.

El balance que deja la gestión del Gobierno saliente en esta materia es desilusionaste y modesto. Este legado, lejos de ser consecuencia de derivas que no pudo controlar, parece ser antes el fruto de la deslealtad del proyecto político de esos gobernantes con los pueblos indígenas.

El Gobierno de Boric hizo de lo indígena un recurso retórico, performativo y simbólico, del que primero habló mucho y muy poco después. Más allá de eso, resulta claro que ni siquiera avanzó en alterar las estructuras fundamentales que sostienen la relación colonial entre el Estado chileno y los pueblos indígenas. Nunca se elaboraron estrategias amplias o diversas para dejar un mejor legado.

Una ambivalencia inicial con los grupos mapuche radicalizados -que fue el motivo del viaje fallido a Temucuicui- se transformó en un abrazó del paradigma securitario. La larga continuidad del estado de excepción en el sur del país, aun cuando fue inicialmente criticado por el propio Presidente, expresó la persistencia de una visión que entiende el conflicto indígena solo como un problema de orden, sin que tampoco se tomaran medidas más precisas, de inteligencia y de diálogo político en diferentes niveles para erradicar la violencia étnico-política. La baja de los eventos violentos parece responder a una baja de ocupaciones por la reactivación de las compras de tierras y a un repliegue antes que a un cambio irreversible.

La Comisión para la Paz y el Entendimiento representó el intento más relevante de abrir un espacio para abordar el conflicto desde una perspectiva de diálogo, de la mano de una comisión para la verdad aplicada a un conflicto histórico. Sin embargo, las falencias en la gestión política de la Comisión fueron determinantes para un comienzo tardío, un trabajo excesivamente discreto y un final deslucido, perdiendo los amplios apoyos iniciales y siendo sus conclusiones rechazadas por la mayoría de las comunidades mapuche del sur, lo que forzó la suspensión de la consulta indígena respectiva.

La renuencia a incorporar liderazgos indígenas en el Ejecutivo o a personas con mayor experiencia en políticas indígenas a cargo de ellas fue clave en la distancia entre las buenas intenciones y los resultados. En su lugar, primaron los roles salvíficos que trataron de ayudar a los indígenas, pero sin estar disponibles para escucharlos. Todo esto en materias que son delicadas, donde hay tanta falibilidad, que exigen conocimientos y muy complejas estrategias.

Un buen ejemplo se pudo ver hace poco en Rapa Nui, isla en la cual los indígenas apoyaron con entusiasmo a Boric, de manera persistente (allí ganó el Apruebo, en 2022, y la candidata Jeannette Jara, en 2025). Una propuesta técnicamente deficiente, más una consulta muy tardía y mal gestionada (en el último semestre del período) culminaron en una decepción mayor del pueblo Rapanui, propinando un récord de rechazo (89%) a la proposición del Gobierno.

Una constante del Gobierno saliente fue su compromiso con el extractivismo en los territorios indígenas. Bajo el discurso de la transición justa y otros ribetes de progresismo ambientalista, se impuso una estrategia nacional del litio, donde las comunidades de los pueblos andinos fueron consultadas solo al final, en el momento de los Contratos de Litio (CEOL) o del resguardo de salares.

Se abdicó de la necesaria mediación para un entendimiento entre los intereses de empresarios y comunidades a propósito de la Ley Lafkenche, dejando que la defensa de dicha normativa corriera por el Tribunal Constitucional, mientras que los representantes oficialistas votaban en contra las solicitudes de Espacios Marítimos (Ecmpo). Tampoco se escuchó nada de la prometida política activa de cogestión de áreas protegidas.

Llamó mucho la atención la carencia de una agenda legislativa, en la cual el proyecto de reconocimiento constitucional presentado en julio de 2025 careció de movimiento. Ni siquiera se apoyó el proyecto con posibilidades, por ser impulsado por la oposición, sobre derechos lingüísticos. Se sacó la Ley de Artesanía sin consulta indígena y no se avanzó para aprobar la deseada Ley de Patrimonio.

No todo fue renuncia, hay que reconocerlo, ya que se logró destrabar el Reglamento sobre Salud Intercultural, Decreto N°21. Los ministerios de Obras Públicas y de Agricultura continuaron con sus grandes inversiones en temas indígenas, aunque este último impuso de manera inconsulta una resolución -Res. Exenta 162- de protección de semillas tradicionales, que luego dejó sin efecto. El Plan Buen Vivir fue una etiqueta que no representó mucho más que eso.

Por cierto, tampoco los pueblos indígenas tuvimos una dirigencia a la altura de los desafíos, pero es claro que pasará algún tiempo, después de este Gobierno, para que las izquierdas vuelvan a obtener la confianza de los pueblos indígenas.

Las lecciones de esta experiencia son orientadoras en la incertidumbre de un cambio de Gobierno. Los discursos ideológicos del nuevo Gobierno se caracterizan por rechazar de plano las demandas indígenas, pese a contar probadamente con fuertes apoyos electorales indígenas en el norte y el sur del país.

Ojalá, al contrario de lo temen algunos dirigentes, se imponga en esto un tono moderado, más pragmático que ideológico, anteponiendo problemas concretos a una beligerancia cultural. Después de todo, la principal lección del Gobierno saliente para el entrante es que, como es evidente, son más importantes los hechos que las palabras.