Chile cierra el proceso constitucional tras rechazar la propuesta de las derechas

Chile ha rechazado por segunda vez una propuesta de nueva Constitución. En un referéndum de carácter obligatorio con altos niveles de participación (del 84%), la ciudadanía echó abajo el domingo, por un 55% contra un 44%, la propuesta de Carta Magna redactada por un Consejo Constitucional dominado por las derechas, la tradicional y la más radical del Partido Republicano (una formación hermana de Vox), que, además, lideró el proceso. Hace un año, en septiembre de 2022, una propuesta redactada por una convención liderada por la izquierda fracasó igualmente en las urnas, fue rechazada por el 62% de los votantes, frente al 38% que la apoyó. “Nuestro país seguirá con la Constitución vigente porque, luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad”, afirmó el presidente Gabriel Boric el domingo. En este segundo intento, a diferencia del primero, el Gobierno de izquierda procuró mantener la imparcialidad y dejar que los partidos oficialistas hicieran la campaña para declinar la propuesta.

Boric ratificó lo que había anunciado su Ejecutivo: no habrá un tercer intento constituyente, en el corto y medio plazo. “Quiero ser claro: durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional; las urgencias son otras”, zanjó el presidente en su discurso desde La Moneda. Los partidos oficialistas, que sostienen a la coalición gubernamental, comparecieron conjuntamente y con tono de alivio en la sede del Partido Socialista. No ha habido celebraciones en la izquierda chilena porque no ha habido ningún triunfo, aunque ha ganado la opción que defendían, el rechazo al nuevo texto constituyente. La socialista Michelle Bachelet, presidenta de Chile en dos ocasiones, lo explicó durante la jornada electoral: La izquierda, dijo, tuvo que elegir entre “algo malo y algo pésimo” y, antes de respaldar la opción de una nueva Constitución, que catalogaban de conservadora y ultraliberal, prefirieron mantener la actual, aprobada en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet y que ha sido reformada unas 70 veces. Además, tras los cambios de 2005, lleva la firma del socialista Ricardo Lagos y no la del autócrata.

La decisión de cerrar el cambio de la Constitución la comparte todo el espectro político. Desde que se inició el camino para cambiarla, en medio del estallido social de 2019, la ciudadanía ha acudido a las urnas en cinco ocasiones por este asunto. La sociedad está cansada ―se habla de “fatiga constitucional”―, mientras espera que la clase política resuelva “las urgencias” de las que habló el presidente Boric. Se trata de una crisis de inseguridad pública por la irrupción de una nueva criminalidad, que comete delitos más violentos y que tiene a la gente ―sobre todo a las personas más empobrecidas― más asustada que nunca; una economía estancada desde hace más de una década; los graves problemas en el sistema educativo; un sistema de salud privatizado y al borde del colapso; o el déficit de 650.000 viviendas. Una serie de desafíos que, tras cuatro años de un infructuoso proceso constituyente, siguen pendientes. O, peor aún, agravándose.

Ninguna de las fuerzas políticas chilenas puede relacionar los resultados como una adhesión ideológica, concuerdan los analistas, aunque el plebiscito ha supuesto un respiro para el Gobierno. “Lo digo con mucha convicción: ni celebración ni arrogancia. Pelota al piso, humildad y trabajo, mucho trabajo”, defendió Boric. Con el cierre del proceso constituyente, el presidente abandona la aspiración histórica de la izquierda de superar la carta de 1980, considerada ilegítima desde su origen. El mandatario busca que su Gobierno, tras el referéndum, logre sacar adelante las dos grandes iniciativas que se encuentran trabadas en el Parlamento por falta de acuerdo: la reforma de las pensiones ―cuyo trámite reactivó este lunes en el Parlamento― y el pacto fiscal de crecimiento y para una distribución más justa de la riqueza. No parece evidente que los vientos jueguen a su favor, pues no tiene mayoría en el Congreso, donde incluso sus propias fuerzas se oponen a determinados asuntos, y porque cada sector político del Ejecutivo libra sus propias guerras intestinas, en vista del tren de elecciones de 2024 y 2025.

“El cierre del proceso constitucional debiera generar un mejor clima para este entendimiento y a eso convoco a todas las fuerzas políticas, pero hoy, sin más dilaciones”, reclamó Boric el domingo, en un nuevo llamamiento a los partidos para avanzar. Pero el Gobierno y Boric han hecho estas invitaciones al diálogo decenas de veces y la política chilena sigue atascada.

Las derechas, tanto las formaciones tradicionales como la más extrema del Partido Republicano, han quedado tensadas tras el plebiscito. Aunque nunca estuvieron a favor de cambiar la Constitución vigente, todas las facciones terminaron defendiendo su propuesta en este segundo proceso constituyente. Perdieron. Sobre todo los más radicales, con gran protagonismo al gozar de mayoría en el Consejo Constitucional, responsable de redactar el texto sometido a votación. El líder de los republicanos, José Antonio Kast, candidato presidencial para 2025, dio la cara la noche del domingo. “Los republicanos no tenemos nada que celebrar, pero tampoco el Gobierno de Boric y la izquierda”, dijo en un mitin en la sede de su formación. Lo hizo sin la compañía de la coalición Chile Vamos, de la derecha histórica, que buscará recuperar la hegemonía con Evelyn Matthei, alcaldesa del municipio capitalino de Providencia, y su presidenciable.

Es el clima en que la oposición ha decidido cumplir su palabra y, mediante una acusación constitucional en el Congreso que presentarán este martes, buscar la destitución del ministro de Vivienda de Boric, el socialista Carlos Montes, un veterano de la izquierda. Las derechas consideran que tiene responsabilidades políticas en una trama de corrupción conocida como caso Convenios. Boric podría, nuevamente, aguantar el aire o decidir un cambio de Gabinete para ordenar las piezas tras el cierre del problema constitucional.