Chile cumple cinco años del estallido social con demandas vigentes, pero con otras prioridades

Cada manifestante tenía una exigencia propia durante el estallido social que se produjo en Chile el 19 de octubre de 2019. Algunos de los carteles que se vieron en la oleada de movilizaciones, que sacudieron los cimientos de la institucionalidad y dieron pie a dos procesos constituyentes fracasados, pedían el cese del “abuso empresarial” y de la “gran desigualdad”, otras tenían escrito “no más AFP” —en referencia a las Administradoras de Fondos de Pensiones—, pedían “salud digna” o hacían alusión a los endeudamientos de profesionales por los cobros del Crédito con Aval del Estado (CAE). Pero fueron las encuestas de aquellas época, como la elaborada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y publicada a fines de ese año, las que mejor reflejaron las demandas de los chilenos: pensiones, salud, educación y salarios.

Hoy, el orden de las prioridades ha cambiado y la versión de mediados de este 2024 del mismo estudio, el de CEP, muestra una población que cree que el Gobierno de Gabriel Boric debería abocarse en solucionar la crisis de inseguridad, seguida por la salud, pensiones y educación. Tras revisar las consultas ciudadanas de distintos periodos (antes, durante y después de las revueltas), las peticiones de los chilenos se asemejan más ahora a las que tenían antes de las protestas de hace cinco años, cuando también la delincuencia, los asaltos y robos lideraban el listado de preocupaciones.

Pero existen matices y una explicación para estos zigzagueos en las prioridades, asegura el investigador y coordinador académico del CEP Sebastián Izquierdo a EL PAÍS. Lo primero en que se debe poner atención es que a lo largo de estos cinco años algunos problemas en Chile parecieran haberse agravado y otros, atenuado, dice. “Si bien siempre había una inquietud importante sobre los derechos sociales, la atención estaba puesta sobre la delincuencia antes del estallido. Luego, eso cambió drásticamente, instalándose como principales preocupaciones los derechos sociales”, añade.

Fue a mediados de 2021 cuando la delincuencia volvió a encabezar las principales problemas de los chilenos y así se ha mantenido hasta ahora. No sólo ha crecido a través del tiempo, sino que se ha ramificado. “Hay preocupación por fenómenos como el narcotráfico y la violencia”, indica Izquierdo. Esto encaja con una alta percepción de inseguridad. Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), elaborada por el Gobierno y conocida en agosto, un 87,6% de las personas considera que, a nivel nacional, la delincuencia aumentó en 2023.

Respecto al desplazamiento de las pensiones a un plano secundario, Izquierdo explica que, si bien no se ha realizado una modificación estructural en el sistema previsional, hubo un avance con la Pensión Garantizada Universal (PGU), gestado durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) y que ha ofrecido un aporte adicional a los adultos mayores independiente de los ahorros en sus cuentas de cotización individuales. “Se trató de un cambio cuantioso en recursos, y eso podría explicar por qué esa prioridad cayó fuertemente en relación a lo que teníamos durante el estallido”, acota.

Sumado a esto, en el Congreso se discute un proyecto de ley de reforma pensional, impulsado por la Administración de izquierdas de Boric, que propone la creación de una AFP estatal –una idea con alta popularidad– y el préstamo de parte de los fondos previsionales al Estado para financiar el pilar solidario. Sobre esta última iniciativa, un 81% está en desacuerdo, según la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo divulgada hace unos días.

En el caso de la salud, el investigador dice que, si bien el sistema político chileno no ha logrado una reforma necesaria, durante la pandemia Chile hizo un esfuerzo para combatir el Covid, donde se unieron los sectores público y privado. “Hubo avances importantes en relación con la vacuna, el manejo de la crisis sanitaria. Luego vino una crisis del sector privado, de las Isapres, que se resolvió políticamente con una ley corta”. En cuanto a la educación, explica que las reformas más relevantes se hicieron previo al estallido”, detalla.

Demandas vigentes y cambio de percepción

El cambio en las prioridades no significa que varios de los reclamos que se escucharon durante el estallido y encabezaron las preocupaciones a fines de 2019 han desaparecido. Jan Jarab, jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, ha dicho en una misiva que las causas estructurales del malestar social siguen vigentes, sobre todo la profunda desigualdad en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

En el Palacio de La Moneda están de acuerdo con esta visión. La portavoz del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, ha dicho que aquellas demandas siguen vigentes. “No podemos sólo reducir el estallido social a los hechos delictuales o de violencia, sino que se deben tratar de abordar las demandas subyacentes”, dijo el martes en una entrevista en Tele13 Radio. Pero, antes, en una columna publicada el lunes en La Tercera, había profundizado esta explicación: “Se trataba de un descontento que se venía incubando hace décadas y que había tenido expresiones contundentes en distintos momentos de movilización social, como las manifestaciones estudiantiles de 2006 y 2011″.

La percepción sobre lo hechos que partieron en octubre de 2019 y concluyeron en marzo de 2020, en la pandemia, también ha cambiado. Según una reciente encuesta del CEP, de un 55% al 23% se redujo el apoyo a aquellas manifestaciones en cinco años. A la par, el rechazo hacia el estallido social ha crecido y ahora mayoritariamente se piensa que fue malo para el país. No es que los chilenos rechacen las transformaciones profundas, sino que se inclinan porque sean graduales, así se desprende del resultado del último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile.

“Hay muchas demandas que, sin lugar a duda, no están satisfechas. Pero existe una serie de indicadores que dejan ver a una ciudadanía que no estaría dispuesta a repetir el estallido social que, si bien contó con manifestaciones pacíficas, también tuvo violentos. Aunque actualmente los derechos sociales no están resueltos y hay un pesimismo latente sobre el sistema político y económico, pareciera que la ciudadanía estaría buscando como solución a sus problemas un sistema político capaz de llegar a acuerdos”, dice Izquierdo.