La remoción de la jueza Ángela Vivanco le da un respiro a la crisis de la Corte Suprema chilena

El pleno de la Corte Suprema chilena demoró un mes en zanjar la situación de Ángela Vivanco al decidir este jueves, por la unanimidad de sus integrantes, su remoción por sus implicancias tanto en el caso audios, la trama judicial y política que impacta a Chile, además de otras irregularidades que fueron detectadas en el camino: acelerar la vista de casos, intentar incidir bajo cuerda en nombramientos de autoridades del sistema judicial y entregar información de causas que eran de interés del penalista Luis Hermosilla. Según el veredicto, Vivanco incurrió en comportamientos que “afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia” que rigen a los miembros de la magistratura y que su actuar comprometió “gravemente con sus comportamientos a los cimientos del estado de derecho”.

La carrera de la jueza colgó un hilo a partir del 7 de septiembre, cuando el medio Ciper Chile reveló sus chats telefónicos con el penalista Luis Hermosilla, protagonista de la trama de los audios y desde fines de agosto en prisión preventiva. Ese día el contenido de los mensajes no solo golpeó a Vivanco, sino también a la Corte Suprema, que entró en una crisis sin precedentes desde el retorno a la democracia en 1990. Ello explica que, 48 horas después de la filtración de los mensajes, sus pares abrieron un expediente de remoción que tuvo una tramitación veloz, pese a su complejidad, y que terminó con su expulsión.

Otra señal que dio la Corte es que tomó su determinación de remover a la magistrada antes de que el Senado vote, la próxima semana, la acusación constitucional que en paralelo se tramita en su contra para destituirla y que no pueda ocupar cargos públicos por cinco años. Ese libelo sigue su curso, pero Vivanco lo enfrentará cuando ya fue removida del Poder Judicial.

La dura resolución, transmitida en vivo por el canal del Poder Judicial, fue leída frente a las cámaras por el presidente de la Suprema Ricardo Blanco, quien estuvo flanqueado por casi todos los integrantes del tribunal para dar una señal, con rostros, de esa unanimidad (participaron 19 integrantes). Y si bien la remoción de la jueza le dio un respiro al máximo tribunal, está todavía lejos de bajar la temperatura a sus crisis, pues en el Congreso se tramitan acusaciones constitucionales de otros dos ministros en ejercicio: Sergio Muñoz, considerado el integrante más influyente de la Suprema por la jurisprudencia que ha sentado en la sala constitucional, y Jean Pierre Matus, de la sala penal.

Los libelos pendientes son de distinta naturaleza y grados a los cargos que se le imputan a Vivanco. Matus se ha visto salpicado por el caso audios pues Ciper reveló sus conversaciones con Hermosilla. Diputados de la Democracia Cristiana, de la centro izquierda, apoyados por un grupo del oficialismo, lo acusan de no haber incluido en su lista de inhabilidades como juez de la Suprema a Hermosilla y Andrés Chadwick, exministro del Interior en las dos Administraciones de Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional.

Los hechos se remiten a 2019 defendió a Chadwick de acusación constitucional que presentó la izquierda tras el estallido social y Matus, en ese entonces abogado privado, colaboró en la defensa del exsecretario de Estado de Piñera al contactar a un jurista alemán para que elaborara un informe en derecho y recibió un pago por ese trabajo. También, los diputados le cargan “haber mentido a la opinión pública” por entregar distintas versiones a la prensa respecto de sus mensajes con el penalista y su relación con él.

Muñoz, en cambio, está fuera de la órbita del caso audios. Fue un grupo de diputados de Chile Vamos, el conglomerado de la derecha tradicional, el que lo incluyó en la misma acusación constitucional en contra de Vivanco, pese a que una imputación no tiene relación con la otra, lo que ha generado un fuerte debate jurídico y político en Chile. Esa fórmula ha complicado al oficialismo, pues el hecho de que ambos jueces sean parte del mismo libelo implicó que el destino de uno afectó de igual manera a otro en la Cámara, aunque el Senado votará los capítulos de cada texto por separado. Además, la incomodidad de las izquierdas se debe a que los fallos de Muñoz son destacados por este sector político como progresistas en varias materias, entre ellos en causas de medioambiente y derecho a la salud: ha marcado jurisprudencia al votar en contra del alza de los planes de las isapres, las aseguradoras privadas de salud.

La oposición le imputa notable abandono de deberes por dos hechos de 2022. El primero es por la posible entrega de información anticipada de un fallo, que veía la sala constitucional, sobre un proyecto inmobiliario de la empresa Fundamenta a su hija Graciel Muñoz, con la que ella habría intentado desistirse de la compra de dos departamentos. El segundo episodio también implica a su hija: al magistrado se le carga no haber alertado que durante la pandemia su hija, quien es jueza de garantía, dirigiera audiencias judiciales telemáticas desde Italia, es decir, fuera de la jurisdicción chilena.

Pero las acusaciones constitucionales no son el único elemento de la crisis que vive la Corte Suprema. Su comisión de ética también tiene una indagatoria abierta en contra de Muñoz y Matus, por los mismos hechos que le imputan los parlamentarios. Además investiga a los ministros María Teresa Letelier, por las gestiones políticas a su favor que habría hecho otro juez, Juan Antonio Poblete, para lograr que fuera nominada en el máximo tribunal y Mario Carroza, por haber pedido ayuda (a través de Poblete) para que se apoyara a un postulante a notario en Tierra Amarilla, en la zona centro-norte chilena.

Las gestiones e influencias que han salido a la luz pública a raíz del caso audios en las designaciones de altos cargos en el sistema judicial, ha empujado al Gobierno del presidente Gabriel Boric a trabajar en una propuesta que cambie el sistema de nombramientos en todo el Poder Judicial. A cargo del ministro de Justicia Luis Cordero, será presentado en los próximos días e implica, además, un mecanismo que regule los conflictos de interés de magistrados, fiscales, defensores públicos y abogados.

El caso audios ha implicado, además de jueces, principalmente a Vivanco y luego Matus, a un exjefe alto jefe policial, a un fiscal y también a un exfiscal, quienes sostuvieron en distintos momentos conversaciones con Luis Hermosilla, cuyo teléfono fue incautado en noviembre por el Ministerio Público. El penalista, a su vez, según informó La Tercera este jueves, presentó una denuncia en contra de tres fiscales por las filtraciones de sus chats, entre ellos, mensajes privados que no tienen relación con la causa principal.

Segunda expulsión en 23 años

La remoción de la jueza Vivanco es la segunda que ocurre en 23 años en la Corte Suprema, pues en 2001 fue expulsado el ministro Luis Correa Bulo.

Vivanco (61) llevaba seis años en el Poder Judicial y jubilaría en 2038, a los 75 años, la edad de retiro de los jueces que dio una reforma a la Corte Suprema impulsada en 1997 por el expresidente democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).

Tal como Jean Pierre Matus, el cupo de Ángela Vivanco corresponde a los cinco asientos que tiene la Corte Suprema —de 21 integrantes— para que ingresen, a través de un concurso público, abogados que no son de carrera judicial. Ambos fueron propuestos por el expresidente Sebastián Piñera, y luego ratificados por el Senado.

Sergio Muñoz (67) es un juez de carrera que fue propuesto en 2005 por el expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), y luego visado por el Senado. Ascendió a la Suprema cuando tenía 46 años, por lo que su retiro, de no aprobarse la acusación constitucional en su contra en el Senado, es en 2032. En el caso de Matus (57) le quedan 18 años por delante en el Poder Judicial.