Cinco claves en el historial del exfiscal chileno Manuel Guerra, el nuevo protagonista del ‘Caso Audios’

Una serie de mensajes de Whatsapp entre Manuel Guerra, quien fue fiscal regional de la zona oriente de Santiago entre noviembre de 2015 y julio de 2021 y el penalista Luis Hermosilla, protagonista de trama política y judicial del caso Audios y quien se encuentra desde fines de agosto en prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber, han ido revelando poco a poco su relación, hoy en foco de una investigación penal del Ministerio Público. Primero publicadas por el medio Ciper Chile y este fin de semana por The Clinic, las conversaciones entre ambos, que han sido difundidas por partes, muestran a primera vista que Guerra, mientras tenía una alta jefatura en el organismo, solía comentarle al abogado información de causas. Parte de esos diálogos ocurrieron cuando Hermosilla era un importante asesor jurídico del Ministerio del Interior del Gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), cartera que estuvo a cargo de Andrés Chadwick en los dos períodos del mandatario de la derecha tradicional.

En las últimas revelaciones, Guerra le habla permanentemente a Hermosilla y le cuenta sobre varios procesos. Entre ellos, detalles del caso Penta, un escándalo sobre financiamiento ilegal de la política que terminó en 2018 con una controvertida salida judicial para los principales inculpados, los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Además, según los WhatsApp, en 2020, cuando todavía era fiscal de la zona oriente de la Región Metropolitana, le comunicaba al penalista cómo se barajaban al interior del Ministerio Público las indagatorias de vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social de 2019 cuando se indagaba a parte de la Admnistración de Piñera. Y, cuando llevaba un mes fuera del cargo, según los chats divulgados, Guerra le envió antecedentes de una causa por corrupción en la que el principal inculpado es el ahora excalde del municipio de Vitacura, Raúl Torrealba, de la derecha tradicional.

Hoy Guerra enfrenta una investigación penal, que está a cargo del fiscal regional de Arica, Mario Carrera, quien junto a un equipo analiza los cientos de mensajes entre Guerra y Hermosilla. Además, indaga su patrimonio desde que salió del Ministerio Público hace poco más de tres años.

Dos militancias políticas

Manuel Guerra estudió derecho en la Universidad La República, una institución privada ligada a la masonería. Durante su juventud fue militante del Partido Radical, formación que fue parte de la exConcertación por la Democracia, la coalición de centroizquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010. En su época de estudiante, en los años noventa, se identificaba con el grupo Isidro Solís, quien fue ministro de Justicia en la primera Administración de Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018).

En abril de 2022, Guerra firmó una carta, suscrita por 300 abogados y abogadas, que criticaban el proyecto de nueva Constitución que entonces elaboraba la Convención Constitucional, compuesta por una mayoría de independientes de izquierdas. En una entrevista a Ex-Ante, cuestionó que el proyecto tuviera “una mirada que es eminentemente refundacional y que ignora lo que ha sido la tradición republicana de Chile”.

Guerra, quien cursó un magíster en derecho penal en la Universidad de Talca, pública, renunció al Partido Radical cuando ingresó al Ministerio Público el año 2002. Al dejar la Fiscalía, en 2021, ya convertido en abogado privado, volvió a fichar en una colectividad, en Amarillos, de la que es parte Solís, una formación que emergió con exfiguras de la centroizquierda que votaron por el rechazo a la propuesta de Constitución de 2022, y que tomó el nombre porque no se ubican en ninguno de los dos lados de la política chilena.

Tras ser salpicado fuertemente en la trama del caso Audios, Guerra renunció a su cargo en el tribunal supremo de Amarillos a fines de agosto.

Una carrera ascendente

En el Ministerio Público, Guerra llegó a tener dos altos cargos: de fiscal regional de Tarapacá entre 2010 y 2015, en el extremo norte chileno, y de fiscal regional de la zona oriente de Santiago entre 2015 y 2021.

Previamente había sido fiscal jefe en distintas zonas del país: en Iquique, en la región de Tarapacá; en San Antonio, una ciudad puerto que corresponde a la región de Valparaíso, ubicada a unos 116 kilómetros de Santiago y en Maipú, en la zona metropolitana occidente. También fue director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de la Fiscalía Nacional.

Elegido de una terna

Quienes conocen la carrera de Guerra, señalan que cuando postuló desde Tarapacá a la jefatura de Fiscalía oriente era un desconocido en la región metropolitana. Concursó al cargo, muy apetecido el Ministerio Público, ante las cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel (ambas jurisdicciones de la capital chilena), donde compitió con quien años después se convertiría en uno de sus principales críticos: el exfiscal Carlos Gajardo, quien renunció a la institución junto a su colega Pablo Norambuena en enero de 2018 por las diferencias que sostuvo con el criterio de Guerra frente a los casos de financiamiento ilegal de la política, entre ellos, Penta.

Guerra fue seleccionado de una terna por ambas cortes de apelaciones junto a otros dos postulantes: el fiscal Tufit Bufadel y la abogada Paula Falcón. Y el 13 de noviembre de 2015, fue electo para liderar la zona oriente de Santiago por el entonces fiscal nacional Sabas Chauhuán, quien lo nominó poco antes de dejar el cargo (Chahuán fue reemplazado por Jorge Abbott).

‘Portonazos’ y encerronas

La Fiscalía metropolitana oriente tiene como jurisdicción nueve municipios: Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y La Reina, parte de las más acomodados el país, además de Providencia, Ñuñoa, Peñalolén, La Florida y Macul. Varias de estas comunas fueron el principal foco de los llamadas ‘portonazos’, el temido delito chileno que se ha expandido a distintas zonas del país y que consiste en el robo violento de vehículos de parte de bandas que atacan a los conductores cuando salen por la mañana o llegan por las noches a sus casas, y las ‘encerronas’: las emboscadas de adolescentes armados y encapuchados para robar automóviles en las autopistas.

En febrero de 2021, cinco meses antes de renunciar a su cargo, Guerra anunciaba que su Fiscalía había logrado reducir, entre enero de 2020 y enero de 2021, en un 43% esos delitos.

En agosto de 2022, cuando ya estaba fuera de la Fiscalía, ante el alza de estos delitos, criticó las políticas de la Administración de izquierdas del presidente Gabriel Boric: “El ministerio del Interior está al debe. Las policías conocen su trabajo, pero requieren la dirección fuerte que dé instrucciones precisas y que tenga absoluta claridad de los problemas que se enfrentan y de todas las medidas que se puedan adoptar rápidamente. La falta de liderazgo político de los actores en materia de seguridad y, particularmente las policías, ha sido notorio. No hubo mensajes claros respecto de cuáles eran las prioridades que se tenían”. Y agregó: “Tenemos un gobierno que llegó al poder con una mirada bastante compasiva con la delincuencia”.

Las redes de tejió en la Fiscalía oriente

En los mensajes de WhatsApp que han sido publicados, Guerra le señaló en varias ocasiones Luis Hermosilla su intención de dejar la Fiscalía y le pidió trabajo. También, según reveló The Clinic, mostró su intención de integrarse a la oficina jurídica que el penalista y Andrés Chadwick mantuvieron hasta que en noviembre de 2023 estalló el caso Audios.

Tras renunciar a la Fiscalía en julio de 2021, dos años antes de cumplir el periodo legal, Guerra apareció rápidamente contratado por la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (Amszo), que componen tres de las comunas que estaba en su jurisdicción: Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes. También fue fichado como académico de la Universidad San Sebastián (USS), una institución privada ligada varios exaltos funcionarios, entre ellos ministros y subsecretarios, de la Administración de Piñera.

De acuerdo con los chats divulgados, el 16 de junio de 2021, un mes antes de dimitir, Guerra le señaló a Hermosilla que estaba la espera del contrato en la USS y, de los mensajes que han sido publicados por The Clinic, se desprende que en la gestión para llegar a este puesto para dar clases en la universidad, habló con “ACH” (la iniciales de Andrés Chadwick).

Tras la publicación de sus mensajes, el exfiscal renunció el 30 de agosto a su cargo en la escuela de derecho de la Universidad San Sebastián. Al día siguiente, también dimitió a su puesto en la Defensoría de la Gente del Consejo Social y Comunal de La Florida, municipio que también es parte de la zona oriente de Santiago.

Manuel Antonio Guerra Fuenzalida ingresó al Ministerio Público el 1 de junio de 2002 y es el actual Fiscal Regional de Tarapacá desde diciembre de 2010. Anteriormente se desempeñó como Fiscal de la Fiscalía Local de Iquique y de San Antonio en la Región de Valparaíso, donde también fue fiscal jefe. Asimismo fue fiscal jefe de Maipú, dependiente de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Durante casi tres años fue director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de la Fiscalía Nacional.

El nuevo Fiscal Regional Metropolitano Oriente fue escogido por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, de una terna elaborada por las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel el pasado 6 de noviembre, compuesta además por el Fiscal Tufit Bufadel y la abogada Paula Falcón. El Fiscal Nacional destacó que “la designación anterior no quita brillo ni desmerece a los otros postulantes, excelentes y destacados integrantes de nuestra institución”.

Militante radical

Una carrera veloz

Portonzaps

Manuel Guerra, el exfiscal chileno que está contra la cuerdas en la trama del ‘Caso Audios’