La Cámara de Diputados de Chile aprueba las acusaciones constitucionales contra los jueces de la Suprema Vivanco y Muñoz

La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile ha aprobado este miércoles las acusaciones constitucionales contra los jueces de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, ambos integrantes de la tercera sala constitucional, considerada la más influyente del máximo tribunal del país. Tras un extenso debate, los parlamentarios dieron luz verde a los libelos con 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones. La acusación ahora pasa al Senado, donde se definirá el futuro de los magistrados. En caso de aprobarse, los jueces no podrán desempeñar ninguna función pública por el plazo de cinco años.

El libelo fue presentado en septiembre por Chile Vamos, el conglomerado de la derecha tradicional chilena, y a ambos jueces se le imputa por “notable abandono de deberes”. En el caso de Vivanco, luego de que Ciper Chile publicara una serie de conversaciones que mantuvo con el penalista Luis Hermosilla, protagonista principal de la trama del caso Audios y en prisión preventiva, que revelan desde la petición de ayuda al abogado para ser nominada en 2018 en la Suprema e influir en las nominaciones de otros altos cargos del Poder Judicial, a la posible entrega de información sobre causas en las que él litigaba.

A Muñoz, en tanto, quien hasta ahora no ha aparecido en los chats con Hermosilla, se lo acusa por dos hechos ocurridos en 2022: la posible entrega de información anticipada de un fallo sobre un proyecto inmobiliario a su hija Graciel Muñoz, con la que habría intentado desistirse de la compra de dos departamentos, y por no haber alertado que durante la pandemia ella, quien es jueza de garantía, dirigiera audiencias judiciales telemáticas desde Italia, es decir, fuera de la jurisdicción chilena.

De forma paralela al libelo presentado por Chile Vamos, los parlamentarios del oficialismo y la Democracia Cristiana también en septiembre presentaron una acusación contra Ángela Vivanco e ingresaron otra contra el también juez de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus. Estas últimas acusaciones serán votadas la próxima semana en la Cámara de Diputados.

Gran parte de la tensión inicial vivida este miércoles en el Congreso se debió a que, a pesar de tratar sobre hechos distintos, ambas acusaciones se votaron en conjunto. Las bancadas oficialistas exigían que se dividiera el libelo, pero finalmente la presidenta de la Cámara de Diputados y militante del Partido Comunista, Karol Cariola, mantuvo el criterio definido por Miguel Landeros, el secretario general de la Cámara Baja, de que el texto no se podía desagregar. En el Senado se revisará cada capítulo del libelo y está la posibilidad de que las acusaciones se voten por separado.

Durante la discusión de la acusaciones constitucionales, el abogado de Sergio Muñoz, Jorge Correa Sutil, apuntó que no separar las acusaciones de los magistrados constituía una “violación de derechos humanos”. “Estamos ante una acusación anómala, nunca ha ocurrido en la historia de Chile que una misma acusación se deduzca en contra de dos personas por conductas inconexas”, argumentó.

Por su parte, el abogado de la jueza Vivanco, Juan Carlos Manríquez, reiteró en el debate su solicitud de inhabilitar a 62 diputados que emitieron sus opiniones antes de escuchar los alegatos ante la Cámara. “Han adelantado su opinión y aún cuando se trate de un asunto procedimental y previo, conforme a las reglas y fundamentos, afecta la cuestión relativa a la imparcialidad necesaria para pronunciarse”, sostuvo el abogado defensor.

Vivanco es quien enfrenta la situación más compleja ya que, además de las dos acusaciones constitucionales, sus pares de la Corte Suprema han levantado en su contra un expediente de remoción, cuyo resultado está previsto que se resuelva este jueves en una audiencia en el pleno, mientras que la Fiscalía abrió una indagatoria penal, allanó su casa e incautó su teléfono móvil y su ordenador. El Ministerio Público también la investiga por posibles irregularidades en “la tramitación y conocimientos de causas”, entre ellas una que enfrentó a la firma de capitales bielorrusos y chilenos Consorcio Belaz Movitec Spa con la cuprífera estatal Codelco.

En la historia de los últimos 30 años de la Corte Suprema chilena solo una vez un juez fue destituido por el Congreso y otro expulsado del Poder Judicial.