Sergio Muñoz, el influyente juez chileno en medio de una acusación constitucional que incomoda a la izquierda

La Corte Suprema chilena enfrenta una de sus más graves crisis institucionales desde la llegada de la democracia en Chile en 1990, luego que tres de sus jueces enfrenten acusaciones constitucionales presentadas por diputados tanto del oficialismo de izquierdas como de la oposición. De ellos dos están involucrados, en distintos grados, en el escándalo del caso Audios, Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, quienes mantuvieron conversaciones por WhatsApp con el protagonista de la trama, el abogado Luis Hermosilla. El tercero es Sergio Muñoz quien, aunque no aparece en los chats del penalista, el conglomerado Chile Vamos, de la derecha tradicional, también le imputa “notable abandono de deberes”, pero por dos hechos de 2022: la posible entrega de información anticipada de un fallo sobre un proyecto inmobiliario a su hija Graciel Muñoz, con la que habría intentado desistirse de la compra de dos departamentos, y y por no haber alertado que durante la pandemia ella, quien es jueza de garantía, dirigiera audiencias judiciales telemáticas desde Italia, es decir, fuera de la jurisdicción chilena.

De los tres magistrados, Ángela Vivanco es quien está en la situación más compleja, pues sus pares de la Corte Suprema le han abierto un expediente de remoción, en buena parte por sus chats con Hermosilla, y la Fiscalía la investiga por su posible intervención en la tramitación de causas, entre ellas una en que falló a favor de una empresa de capitales bielorrusos y chilenos y en contra de la cuprífera estatal Codelco.

En el caso de Vivanco, tanto la oposición como el oficialismo interpusieron dos acusaciones constitucionales en su contra, lo que refleja que había consenso en iniciarle un juicio político en el marco del caso Audios. Sin embargo, Chile Vamos llamó la atención de la izquierda al incluir, en el mismo libelo a Muñoz, aunque no estuviera mencionado en la trama de los chats.

El hecho de que Vivanco y Muñoz sean parte del mismo texto acusatorio implica que podría afectar el destino de ambos al mismo tiempo. La incomodidad para varios parlamentarios de las izquierdas es por al menos dos razones. Por un lado, hay quienes consideran que el juez ya respondió ante la Suprema por los hechos de 2022 relacionados con su hija; por otro, que al tratarse de un magistrado que suele emitir fallos de corte progresista, que la oposición, al incluirlo en el libelo, ha intentado hacer un empate político (Vivanco es de sensibilidad de derecha y en 1997 fue candidata a diputada por Renovación Nacional, uno de los partidos de Chile Vamos).

El intento de interrogatorio a Pinochet

Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus llegaron a la Corte Suprema, en 2018 y 2021, respectivamente, propuestos por el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional. Ambos tienen cupos de abogados externos, es decir, no venían de la carrera judicial, y fueron ratificados en sus cargos por el Senado. Sergio Muñoz, en cambio, fue propuesto en 2005 por el expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), después de más de 20 años en el Poder Judicial, en el que partió como juez del crimen.

Muñoz ascendió a la Suprema cuando tenía 46 años. Para ese entonces era el más joven del pleno, cuando el promedio de sus pares era de 60 años, a lo menos. Rápidamente, adquirió liderazgo entre los jueces y en 2013 se convirtió en presidente del máximo tribunal, un cargo que dura dos años.

Previo a su arribo a la Suprema, era reconocido como uno de los mejores investigadores de la Corte de Apelaciones de Santiago (desde 2005 esa función quedó en manos de los fiscales tras una reforma al proceso penal). En esa calidad indagó varias causas de violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en contra de sus opositores. Fueron pesquisas que realizó a partir de 1999, cuando los tribunales chilenos todavía eran tímidos frente al poder militar.

Fue en ese contexto que llegó a las manos de Muñoz el caso del crimen de Tucapel Jiménez, un importante dirigente sindical chileno que lideraba la oposición de los trabajadores a Pinochet y que fue asesinado en febrero de 1982 en Santiago. Era una causa que había estado 17 años a cargo de otro juez, pero sin avances. Muñoz logró esclarecer el homicidio y además de identificar a los asesinos, exagentes de la dictadura que eran parte del Ejército, y también logró la confesión del principal inculpado: Carlos Herrera Jiménez, en prisión hasta hoy en el penal de Punta Peuco.

En ese tiempo, con algunas de sus resoluciones el juez provocó varios dolores de cabeza a la Administración de Lagos. A inicios de la década de los 2000 las relaciones entre el poder político y los militares todavía eran complejas, y estaban cruzadas por la detención de Pinochet en Londres por orden de la justicia española. Muñoz, en el marco del caso Tucapel Jiménez, procesó a un importante exjefe de inteligencia y exmiembro de la Junta Militar: Humberto Gordon. También envió a prisión al primer general en servicio activo el Ejército.

Precisamente, fue en la investigación del asesinato de Jiménez que Muñoz, apenas asumió el caso, intentó interrogar vía exhorto a Pinochet en su detención en Londres. Se adelantó, incluso, a las diligencias que hacía en ese entonces el juez Juan Guzmán Tapia, a cargo de las querellas en Chile contra el exgeneral.

Los fallos contra las isapres

Sergio Muñoz es considerado desde hace una década uno de los jueces más influyentes del Poder Judicial. Es presidente la tercera sala constitucional, que resuelve recursos de protección en asuntos clave para la ciudadanía: causas sobre libertades públicas, proyectos que impactan el medioambiente; materias de seguridad, casos de libre competencia y de derecho a la salud.

Los fallos de la sala constitucional, que varias veces han sido aplaudidos por las izquierdas, suelen provocar dolores de cabeza tanto a los gobiernos como a los empresarios. Uno de ellos, de noviembre de 2022, provocó un terremoto al sistema privado de salud, las isapres, cuando una sentencia las obligó devolver a sus afiliados cobros en exceso que habían realizado durante años.

Muñoz además es conocido por ser de los magistrados que consideran que la ley no se aplica en forma literal. En una entrevista que concedió en 2015, señaló que “hoy el juez tiene mayores antecedentes para determinar cuál es el sentido y alcance de la norma. Y de esa manera, yo he jurado respetar la Constitución y la ley viva, no el texto escueto de sus disposiciones, sino lo que la inspiró. Sus garantías, sus principios, en todos los aspectos. Entonces, si hay algunas personas a las que no les parece, es lamentable”. Y agregó: “Es que esto es igual que la pintura. Antes era rupestre, luego en doble plano. Después se fue creando la perspectiva. Posteriormente nacieron otras formas, como el realismo, el cubismo. Después pasa que usted es la concepción de la figura y no necesariamente de una forma. Esto es igual. Es una interpretación. Porque interpretar el derecho es un arte, no es una ciencia”.

En la víspera de que se presentara la acusación constitucional en su contra, el juez había tomado unos días libres hasta la segunda semana de octubre. Pero el diario La Tercera ha informado que decidió adelantar su regreso para este miércoles para integrar la sala constitucional.